Aeropuerto en Texcoco: nuevo proyecto, viejos conflictos

Según el gobierno federal, la edificación del nuevo puerto aéreo en terrenos del vaso de Texcoco no causará conflictos de ninguna índole, pues ya se tiene el terreno y a los habitantes de la zona se les beneficiará con empleos y otras bondades. Pero el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra opina que la megaobra dañará el ambiente y reducirá el abasto de agua de las comunidades que viven de la agricultura. Mientras los fantasmas de Atenco aún no desaparecen, el director del proyecto, Manuel Ángel Núñez, lo defiende: “Es una decisión con visión de Estado”. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante casi dos años avanzó en la oscuridad el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), a construirse en el antiguo vaso del lago de Texcoco, donde ya se iniciaron los trabajos técnicos para la edificación. Con una inversión estimada hasta 2020 de 141 mil millones de pesos (mmdp), el NAICM es una de las obras más costosas programadas por el gobierno, pero su proyección fue tan silenciosa que ni siquiera se incluyó en el Plan Nacional de Infraestructura presentado por el presidente Enrique Peña Nieto en abril de 2014. No fue sino hasta su segundo informe de gobierno, el 2 de septiembre pasado, cuando Peña Nieto anunció la obra, que presentó ostentosamente un día después acompañado por el arquitecto británico Norman Foster y el mexicano Fernando Romero, yerno del empresario Carlos Slim. Para iniciar los estudios y evaluaciones de viabilidad, Peña Nieto invitó en marzo de 2013 al exgobernador de Hidalgo Manuel Ángel Núñez Soto, quien asegura a Proceso que antes del anuncio de septiembre se elaboraron análisis, trabajos con las comunidades, un plan financiero y diferentes estudios técnicos. El 3 de septiembre la obra anunciada fue descrita por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, como “el esfuerzo en infraestructura más grande de los últimos años”. Para su realización se puso a Núñez Soto al frente del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El funcionario asegura que después de los estudios se concluyó que construirlo en ese lugar (el lago de Texcoco) era técnicamente viable. Entonces se hizo el anuncio. –¿Se consideró otra opción? –se le ­pregunta. –No hubo otras opciones. Es un tema muy trabajado durante varias décadas, pero había faltado una decisión con visión de Estado que no fuera política, de partidos, sino que respondiera a la necesidad. La pregunta era obligada. En 2002, cuando el gobierno de Vicente Fox enfrentaba la oposición a un proyecto similar, Núñez Soto, entonces gobernador de Hidalgo, promovió como alternativa, sin conseguirlo, la edificación de un aeropuerto en el Valle de Tizayuca. Según el funcionario federal, la diferencia es que el terreno de Tizayuca es de 900 hectáreas y en el del proyecto actual el gobierno tiene 12 mil 500 donde hay mayores demandas sociales y no se tiene la mejor calidad de vida. Luego, afirma, es un proyecto aeroportuario que dará suficiencia a la conectividad del país, pero “pensando en la gente” lo califica de “orden social”. Al preguntarle sobre la oposición de los habitantes de la zona al proyecto, confirma que sí había otra posibilidad: “En las charlas que tuvimos con los liderazgos de la región quedó claro que si el proyecto no se podía hacer (ahí), sería necesario hacerlo en otra parte; no menciono sitios, pero en otra parte”. Oposición ciudadana Antigua pretensión de políticos y empresarios de la élite mexiquense (Proceso 1975), operadores del gobierno federal trabajaron en sigilo para conseguir respaldo social en la zona aledaña a aquella en la cual en 2002 la movilización popular evitó que un proyecto similar se concretara en los primeros años del gobierno de Fox. Dicha oposición, agrupada en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), fue identificada con el nombre de (San Salvador) Atenco, la comunidad que se vería más afectada por el proyecto foxista, el cual pretendía expropiar tierras ahí, en Texcoco y en menor medida en Chimalhuacán. La diferencia con el actual plan de NAICM radica en el argumento oficial de que el gobierno no tendrá que expropiar, pues ya tiene el terreno. Aun así, la compra de predios en las comunidades y municipios aledaños ha sido denunciada desde septiembre por el FPDT. El pasado 28 de enero, el frente, acompañado por la Unión de Científicos Comprometidos por la Sociedad –formada por investigadores de prestigiosas universidades nacionales y extranjeras– denunció en conferencia de prensa que el proyecto del NAICM implica daños ambientales que impactarán negativamente el abasto de agua de las comunidades, dificultando sus subsistencia, e inclusive provocará daños arqueológicos y paleontológicos. Sin embargo, para Núñez Soto “es un proyecto para le gente”. Asegura que informaron a las comunidades de “las bondades”: empleos y mejores niveles de bienestar, además de que se aumentará la competitividad del país. “La gente lo entendió, aunque no hay unanimidades. Hay personas con un dogma de fe que si no se está de acuerdo (con ellos) el resto no tiene razón; pero la mayoría asume el proyecto y sabe que van a tener un beneficio.” –¿Cuál es la superficie agrícola que será afectada? –se le pregunta. –Se verá beneficiada –puntualiza–. En el caso de Atenco, una de las condiciones (de los habitantes) fue que se adquiriera la tierra salitrosa que no produce. Nosotros veíamos que no estaban en capacidad de venderla pues eran ejido. Si se volvían propiedad privada… veríamos. Fue entonces, según Núñez Soto, cuando ejidatarios de San Salvador Atenco ofrecieron cientos de hectáreas, convocaron su asamblea para asumir dominio pleno, y finalmente sólo lograron venderle al gobierno federal 350 hectáreas. Las operaciones de compra de esas tierras se realizaron a través de la Comisión Nacional del Agua y, luego, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que tiene recursos para ello. Esas hectáreas se agregarán al polígono del NAICM. El funcionario federal sostiene que la gente recibió el pago convenido sin abusos, y dice que además se apoya a los ejidatarios para que tengan mejores condiciones, entre ellas: mejoras en un parque de diversiones que operan, proyectos productivos con la idea de que la producción de esas comunidades pueda venderse en otras partes del país o en el extranjero cuando haya mayor conectividad… Esa explicación oficial contrasta con la expuesta por el FPDT desde septiembre, cuando sus miembros denunciaron ante los medios que los trabajos que empezaban a realizarse en la zona se disfrazaban de proyectos ambientales para despojar a las comunidades. También expusieron las ilegalidades en la compra y ocupación de tierras. Incluso iniciaron la tramitación de un amparo indirecto (514/2014) presentado ante el juez quinto de Distrito del Segundo Circuito con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (Proceso 1975). –¿Han tenido diálogo también con el FPDT? –Respetamos su posición y luchamos por atenderla. Hemos platicado y queremos que sepan que lo que se está haciendo es en beneficio de la gente. Quiero decirle que la actitud ha sido positiva en la mayoría (de los miembros). El frente no está contra el beneficio; lo que ellos quieren es que haya beneficio, que se cuide el entorno, la cultura, lo que se tiene. Confirmados los favoritos La construcción del NAICM se inicia en el contexto de los escándalos por las evidencias de que empresarios a quienes se les adjudicaron miles de millones de pesos en contratos construyeron y financiaron las mansiones de la familia presidencial y su círculo cercano. La polémica de las casas surgió dos meses después del anuncio, que desde el principio ha despertado señalamientos y sospechas. Asignado el proyecto a un yerno de Carlos Slim y su socio, para el caso de la edificación, CICSA, una constructora del mismo magnate, estaba entre las interesadas en participar, lo mismo que Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor y financiero de las casas de la esposa del presidente, Angélica Rivera, y del titular de Hacienda, Luis Videgaray. El consorcio que pretendía construir estaba integrado, además de las mencionadas CICSA e Higa, por ICA, de Bernardo Quintana; Prodemex, de Olegario Vázquez Raña; Coconal, de Héctor Ovalle; La Peninsular, de Carlos Hank Rohn; Grupo GIA, de Hipólito Gerard (cuñado de Carlos Salinas de Gortari); Tradeco, la consentida del calderonismo, y Marhnos, dirigida por Nicolás Mariscal Servitje, quien además de su parentesco con el magnate Lorenzo Servitje es relevo generacional de esa empresa familiar, contratista de obra desde el porfiriato. El consorcio se desintegró a finales de enero, anunció entonces ICA, la cabeza del consorcio, compañía que en 2001 promovió también el proyecto aeroportuario foxista. En la edición 1975 de este semanario se anticipaba la contratación de empresas de Slim y otras más. El reportero Jenaro Villamil escribió: “El grupo político que ha defendido este proyecto es el mismo desde hace dos décadas: el Grupo Atlacomulco. Los artífices también vienen del sexenio zedillista: Aarón Dichter, quien fuera subsecretario de en la SCT; Alfredo Elías Ayub, exdirector general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y de la Comisión Federal de Electricidad, y Alfredo del Mazo González, exgobernador del Estado de México y tío de Peña Nieto”. Esa información, publicada el 7 de septiembre de 2014, finalmente se confirmó, pues mediante una adjudicación directa se le asignó a la firma estadunidense Parsons International la gerencia del proyecto. Dichter, Elías Ayub y Felipe Ochoa son ejecutivos de dicha empresa. Pese a la amplia exposición de nombres y empresas, Núñez Soto insiste en que el procedimiento estuvo apegado a la ley, se invitó a los grupos internacionales más importantes del ramo y ganó la mejor propuesta. Esa “mejor propuesta” fue la única, pues oficialmente se invitó a ocho grupos internacionales, de los cuales sólo cinco aceptaron participar. En la fecha de presentación de cotizaciones, sólo Parsons envió su propuesta. La caja de cristal A mediados de este año comenzará la obra. Al GACM se le asignaron 6 mmdp, pero a partir de 2016 el presupuesto aeroportuario será cercano a los 34 mmdp, que podrían incrementarse por los costos estimados en dólares. Dicho presupuesto oscilará entre 32 y 36 mmdp de entonces a 2018, último año del sexenio peñanietista. Núñez Soto afirma que todo será transparente, y ejemplifica con la contratación para la ingeniería de detalle, que podría sujetarse a la excepción por seguridad nacional. A pregunta expresa admite que, si bien ya hay información reservada, lo es por “seguridad nacional”. Promete lo mismo con el resto de las licitaciones y procesos de adjudicación. Así fue, dice, con el proyecto arquitectónico: una lista de 100 empresas se redujo paulatinamente a 11, ocho aceptaron la invitación y al final la elegida fue la de Romero-Foster. Esos consorcios cumplieron con requerimientos específicos, como haber participado en cuando menos un aeropuerto de 30 millones de pasajeros. Respecto al fallo de la licitación, dice, no hay ninguna queja porque “cuando hay transparencia, hay aceptación y consenso”. “Antes de salir a todo el proceso licitatorio, la idea es que las empresas estén enteradas sobre qué se va a licitar, puedan ver quién y cómo van a participar, que la subjetividad se reduzca al mínimo, que haya criterios muy claros y que los ganadores sean aquellos con más competitividad, en términos de calidad, precio, tecnología de punta y plazos de entrega”, sostiene y destaca la puesta en línea de un portal para transparentar la obra. Como suele ocurrir con el gobierno federal, la participación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es mencionada por Núñez Soto. –¿No será conflictivo que ese acompañamiento se dé, cuando el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, es hermano de un importante funcionario federal? –se le pregunta a propósito del cargo de Francisco José Gurría, funcionario de la secretaría de Agricultura. –Creo que no hay relación entre una cosa y otra. Yo no veo ahí ningún conflicto de intereses. La ley no creo que lo prevea y son actividades totalmente diferentes. Yo no tengo ningún contacto con el hermano de José Ángel Gurría, que para mí es un mexicano ejemplar en todos los sentidos. “Aquí no han mediado amistades ni parentescos. Las decisiones que vamos a hacer prevalecer es en función del interés de la nación.” Además de los cuestionamientos sociales, administrativos y políticos a la obra, ésta enfrenta las complejidades del terreno, que tiene cuatro quintas partes de agua y una de lodo duro. El funcionario lo explica como una solución también al problema de las inundaciones en la región, que no se han resuelto con las inversiones en infraestructura y esta vez sí se resolverán. Dice que ahora se mantiene un registro en tiempo real, con monitores enterrados, para registrar el comportamiento del suelo, proceso que llevará varios meses. A partir de que concluya se avanzará en la realización de aproximadamente 2 mil 500 procesos licitatorios concatenados, sobre los cuales Núñez Soto promete transparencia: “Será siempre una caja de cristal”.