MÉXICO, D.F. (Proceso).- El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, heredó un conflicto de su antecesor, Juan Silva Meza, que terminó por detonar en momentos en que el Poder Judicial de la Federación era sometido a la decisión de la Presidencia de la República, avalada por el Senado, de designar a su operador Eduardo Medina Mora como nuevo juez constitucional.

Durante presidencia de Silva Meza en la Corte, cargo en el que fue reemplazado en enero último por Luis María Aguilar, se presentaron denuncias de acoso sexual y laboral en el Canal Judicial, responsable de la transmisión en vivo de las sesiones del pleno de ministros de la SCJN y que tras una serie de renuncias obligadas se encuentra prácticamente sin mando.

En la gestión de Silva Meza, las denuncias fueron desechadas por la Contraloría de la Corte, y sólo una por hostigamiento sexual derivó en la inhabilitación de un funcionario del Canal Judicial. Los denunciantes, en su mayoría mujeres, se inconformaron con los resultados de las investigaciones internas y continuaron sus quejas, sobre todo después de que el ministro presidente Aguilar Morales ratificara como director del Canal Judicial a Enrique Rodríguez Martínez.

Cuando las denuncias se hicieron públicas, la nueva presidencia de la Corte pidió a la Contraloría interna efectuar una investigación extraordinaria, aun cuando el titular de esta instancia, Guillermo Alejandro Posadas Espinosa, ratificado también por Aguilar, había desechado muchas de esas denuncias durante la anterior presidencia de la SCJN (Proceso 2000).

La Contraloría reabrió sus indagatorias y el pasado viernes 6 acudió al Canal Judicial para recabar más información y testimonios sobre las denuncias de hostigamiento sexual y laboral. Los investigadores internos de la Corte se presentaron en la redacción del Canal Judicial, donde encontraron una sustancia blanca parecida a la cocaína.

De inmediato dieron vista a la Procuraduría General de la República (PGR) para que el Ministerio Público federal determine si se trata o no de una droga ilícita y si la cantidad encontrada es para consumo personal dentro de los parámetros permitidos.

Aunque no se trató de un operativo policial, esa representación incursionó en las oficinas del Canal Judicial para el deslinde de responsabilidades, en un hecho poco frecuente entre los Poderes del Estado mexicano.

Tras el hallazgo, tres funcionarios del Canal Judicial presentaron su renuncia, empezando por su director, Enrique Rodríguez, quien decidió separarse del cargo a partir del 15 de marzo. De acuerdo con fuentes judiciales, la Contraloría tiene un expediente abierto en su contra, pero el exfuncionario asegura que las investigaciones no apuntan hacia él. Los otros dos que renunciaron fueron el subdirector de Información, Francisco Barradas Ricardez, y el director de área Alberto Villa Dávalos, quienes se separaron del Poder Judicial en forma inmediata.

Barradas había sido denunciado por trabajadores del canal de consumir bebidas alcohólicas en horas de trabajo, además de maltratar al personal, pero las quejas fueron ignoradas por el entonces presidente de la Corte y el resto de los ministros, a quienes los afectados les enviaron cartas anónimas e incluso una firmada.

Rodríguez, que dirigía el canal desde agosto de 2007, fue investigado por una queja de hostigamiento laboral. Pero fue absuelto por la Contraloría al considerar que la queja no estaba fundamentada. La denunciante, Brenda Karina Ornelas Mazatle, aseguró a Proceso (edición 2000) que el acoso en su contra comenzó cuando se negó a decirle a la Contraloría que la entonces novia de Rodríguez trabajaba en el canal, “cuando sólo cobraba”.

La única denuncia que había prosperado en el canal había sido la dirigida hacia el productor Marco Antonio Álvarez Borja, acusado de hostigamiento sexual y sancionado con la destitución e inhabilitación por dos años.

Otro funcionario del canal, Mauro Silva, fue acusado de acoso sexual a una compañera al enviarle fotografías de él desnudo. Aunque la queja se presentó hace dos años, Silva renunció apenas en febrero último.

Exreportero de Televisa, Rodríguez aseguró en entrevista con Proceso que las acusaciones de las que fue objeto eran infundadas y por eso habían sido desechadas por la Contraloría. Sostuvo que él era el primer interesado en que se investigaran las denuncias en su contra y contra sus colaboradores más cercanos.

“Soy un hombre íntegro y honesto, y lo he demostrado. Puedo ver a mis hijos y a mi esposa a los ojos. Soy el principal afectado de todo esto”, declaró el jueves 12 a la cadena Radio Fórmula.