Recién salido de un arduo proceso de elección, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, tiene como primer reto solucionar convincentemente las denuncias por acoso sexual y laboral contra funcionarios del poder que encabeza, sobre todo del Canal Judicial y del área de Comunicación Social del alto tribunal. Los testimonios de las denunciantes indican que en la mayor instancia de justicia del país siguen pesando más las amistades e influencias que la ley. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con la oposición de la mitad de sus compañeros ministros para que asumiera la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Luis María Aguilar tiene una complicación más: las denuncias de acoso sexual y laboral en el máximo tribunal del país. Las quejas no son nuevas. Todas vienen de la gestión del anterior presidente de la Corte, el ministro Juan Silva Meza. Hasta ahora se conocen sólo cuatro: dos en el Canal Judicial y dos más en el área de Comunicación Social. No son las únicas, por lo que la administración de Aguilar ha tenido que iniciar una auditoría extraordinaria ante reiteradas denuncias de esas conductas en distintas oficinas de la máxima representación del Poder Judicial de la Federación (PJF). La Contraloría de la SCJN se ha visto obligada a emprender la revisión incluso de denuncias que desechó en la anterior administración por considerar que no estaban fundadas. También hay casos que se dieron como resueltos pero en los cuales las afectadas quedaron inconformes con las resoluciones de las áreas de investigación interna de la SCJN. Hasta ahora sólo hay un funcionario del Canal Judicial sancionado y dos afectadas han sido reubicadas en otras áreas, lo que ellas no consideran una reparación del daño. Ante las denuncias de esas prácticas, la Contraloría ha tenido que desandar el camino; apenas la semana pasada convocó a una reunión con las denunciantes para escuchar de nuevo los testimonios que ya había conocido y que desechó por considerarlos sin sustento. El contralor, Guillermo Alejandro Posadas Espinosa, ratificado por Aguilar en enero último, revisa ahora lo que dijo ya haber revisado. La presidencia de la SCJN envió sus propios testigos a esa reunión. El caso involucra también a la Unidad de Igualdad de Género, a cargo de Mónica Maccise Duayhe, y a la dirección general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, cuya titular es Leticia Bonifaz Alfonzo, exconsejera jurídica y de asuntos legales del Gobierno del Distrito Federal. El acoso sexual y laboral es una realidad en el PJF y ha sido conocido incluso por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la Mujer. En julio del año pasado, la relatora Rashida Manjoo vino a México y se reunió con el entonces presidente de la SCJN. Después, dio una conferencia. Pero en lugar de preguntas, escuchó numerosas quejas de empleadas del Estado mexicano, entre ellas trabajadoras del máximo tribunal del país, que relataron cómo sus denuncias caían en el vacío, incluso en la oficina del entonces responsable de la oficina de Derechos Humanos de la Corte, Carlos Pérez Vázquez, quien en ese momento cabildeaba para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ejemplo, hicieron públicas sus denuncias Brenda Karina Ornelas Mazatle y Jessica Herrera Vázquez, quienes fueron reubicadas en otras áreas de la SCJN como medida cautelar, luego de iniciar sus quejas contra funcionarios del Canal Judicial. Ornelas Mazatle era la secretaria del director general, Enrique Rodríguez Martínez, y denunció acoso laboral. Herrera Vázquez, entonces productora de televisión, acusó de hostigamiento sexual y laboral al entonces postproductor Marco Antonio Álvarez Borja, el único despedido por las denuncias. En ese encuentro también se hizo público del problema en la Policía Federal (Proceso 1967 y 1970). La llegada del ministro Luis María Aguilar a la presidencia del máximo tribunal no ha sido fácil. Su perfil de juez tradicionalista, con más experiencia administrativa que constitucional, le generó un fuerte bloque opositor. Cinco de los 10 ministros que actualmente integran el pleno de la SCJN se opusieron hasta el límite el 2 de enero pasado, cuando Aguilar fue elegido como presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el periodo 2015-2019. Fueron necesarias 32 rondas de votación durante más de cuatro horas para que fuera designado. El proceso de elección en la SCJN nunca había exhibido tanto la división en el pleno de ministros. El mismo rechazo generó el otro candidato, el ministro Arturo Zaldívar. El presidente saliente, Juan Silva Meza, rompió con el empate al votar por Luis María Aguilar cuando el máximo tribunal ya era objeto de burlas en las redes sociales por la obstinación de los ministros en sus votos. Justicia incompleta Como exoficial mayor de la SCJN y exconsejero del CJF, donde presidió la comisión de Administración, el ministro presidente Luis María Aguilar tiene ahora el reto de hacer justicia ante sus propios empleados, dice la denunciante Herrera Vázquez. En entrevista, afirma que su queja tardó casi toda la presidencia de Silva Meza para ser gestionada. “Ha sido un proceso muy difícil y doloroso que se ha llevado mucho tiempo”, dice la comunicóloga y exproductora del Canal Judicial, ahora en funciones de almacenista en la videoteca del CJF. En agosto de 2011 denunció a Marco Antonio Álvarez Borja, postproductor del Canal Judicial. Después de dos años y medio, en febrero de 2014, la Contraloría de la SCJN le notificó la resolución de que, en efecto, había sido objeto de acoso sexual por parte de Álvarez Rojas. En un oficio fechado el 4 de febrero de 2014, dirigido al director general del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, la directora general de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría, Paula del Sagrario Núñez Villalobos, asegura que, en una resolución dictada por el entonces ministro presidente el 6 de enero de ese año, “se determinó que Marco Antonio Álvarez Borja incurrió en falta administrativa y se le sancionó con destitución del puesto e inhabilitación de dos años”. Aunque en abril de 2013 se había reincorporado al Canal Judicial, donde era empleada de base, Herrera Vázquez terminó siendo adscrita a la videoteca del CJF con una “base prestada”, dice. La resolución del expresidente de la SCJN le parece insuficiente, pues además de Álvarez Borja denunció al jefe directo de éste, Marco Antonio Silva, entonces director de Producción, por acoso sexual, así como a otros colaboradores cercanos. “Hacían juegos sexuales delante de mí y se tocaban los genitales cuando me veían”, dice. Señala que fue Marco Antonio Silva el que la envió a trabajar a la casa de Álvarez Borja, “quien cobraba en el Canal Judicial sin presentarse a la oficina”. Relata: “Fue ahí donde me acosó. No me dejaba salir de su casa. Los peritajes psicológicos demostraron que se trata de una persona con esa patología”. Herrera Vázquez también hizo una denuncia penal. Señala que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) clasificó el caso como un acoso sexual agravado. Esa fiscalía de la Procuraduría General de la República intervino porque el denunciado en ese momento era funcionario federal. Herrera Vázquez indica que su acusado es empleado de Televisa, empresa donde también trabajó como reportero el ahora director general del Canal Judicial. “Rara vez se le veía en el Canal Judicial. Era uno más de los amigos de Televisa del director”, comenta. La resolución de la SCJN sólo inhabilitó a Álvarez Borja como funcionario por dos años, pero no se refirió al acoso laboral que también denunció, pues después de interponer su queja ante la Contraloría y la Unidad de Igualdad de Género fue excluida de la producción de los programas que tenía. Cuenta que el director general y el abogado del Canal, José Manuel Rodríguez, la presionaron para que no hiciera la denuncia. “Me mandaron llamar a la oficina de Enrique Rodríguez. Primero me dijeron que de qué me espantaba, si ya sabía que la televisión era así. Luego me dijeron que si denunciaba el hostigamiento, ellos iban a negar todo”, refiere. Herrera Vázquez dice que a pesar de la afectación psicológica y económica que tuvo, la resolución del entonces presidente de la SCJN no consideró en ningún momento repararle el daño. La exsecretaria del director general del Canal Judicial, Brenda Karina Ornelas Mazatle, interpuso una denuncia por hostigamiento laboral contra el funcionario pero ésta fue desechada por la Contraloría por supuesta falta de pruebas. “No sé qué quiere el contralor que hagamos. No soy la única que ha recibido maltrato en el canal. A camarógrafos y a mí me hablaba con groserías e insultos”, asegura en entrevista telefónica. Dice que fue secretaria de Enrique Rodríguez Martínez entre 2010 y 2011, a petición de él mismo, para que saliera de la secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte y se fuera al Canal Judicial. Señala que uno de los motivos del enojo del director de Canal fue su negativa a informarle a la Contraloría que su entonces novia y ahora esposa trabaja en el canal, “cuando en realidad sólo cobraba” con el cargo de analista externa. Además, señala que designó como secretaria particular a su cuñada. Fue ella quien le pidió la renuncia luego de que el periódico Reforma publicara en septiembre de 2011 que las hermanas fueron favorecidas por el director del Canal Judicial. Su queja tardó más de un año en sustanciarse. Acudió a la Unidad de Igualdad de Género de la SCJN, que como medida cautelar la adscribió a la Tesorería. Actualmente, está en la subdirección general de Innovación Administrativa del máximo tribunal. Presentó su denuncia en 2011, pero después de casi tres años la Contraloría dio por cerrado el caso. El 27 de junio de 2014 decidió archivar el expediente C.I 75/2012 “por falta de elementos probatorios suficientes”. Pero en el ínterin el oficial mayor de la SCJN, Arturo Pueblita Pelisio, también ratificado en enero pasado por Luis María Aguilar, la recibió molesto luego de que ella le enviara un escrito de queja al entonces presidente Juan Silva Meza. En su nueva adscripción, dice que está aislada, sin trabajo, y se le considera una persona problemática. “El director del canal está cumpliendo su amenaza: me dijo que adonde fuera iba a ser mi sombra”. “Denuncias anónimas” A su vez Rodríguez Martínez, quien dirige el Canal Judicial desde agosto de 2007, niega que haya maltrato en su oficina y que el acoso sexual ha quedado comprobado en un solo caso por parte de “una persona que ya dejó de trabajar aquí”. En entrevista, dice que la acusación de su exsecretaria de plano se archivó “porque no hubo elementos probatorios suficientes para acreditar la queja” y asegura que no ha sido llamado a declarar por la Unidad de Igualdad de Género de la SCJN. Dice que las denuncias en su contra, publicadas también por el diario La Jornada, son en su mayoría anónimas, apoyadas en escritos dirigidos a los ministros de la SCJN. “Parece ser un grupo interno que se opone al proyecto del Canal Judicial”, dice. Continúa: “En el extremo, en mensajes en ese periódico hasta han dicho que hay tráfico de droga en el Canal Judicial. Son señalamientos muy bajos. Lo que yo he pedido es que se investigue y el presidente de la Corte me ha dicho que las quejas o inquietudes se canalicen en los procesos internos. Soy el primer interesado en que así sea”. E insiste en que sólo hay una denuncia por acoso sexual, ya resuelta, y que la de hostigamiento laboral fue desechada por falta de pruebas. Sobre el alegado nepotismo, dice que su ahora esposa dejó de trabajar en el Canal Judicial 14 meses antes de la boda; también niega que tenga como empleado a su concuño. Por eso, dice, “lo que pido es que las acusaciones se comprueben. Resulta sospechoso que se revivan estos asuntos cuando se están dando logros en el Canal Judicial, como el inicio de transmisiones en televisión abierta”. Las quejas contra la dirección general de Comunicación Social de la SCJN también son por hostigamiento sexual y laboral. El titular del área, Carlos Avilés, explica a Proceso que se trata de dos casos denunciados en el área de visitas guiadas a la SCJN. “Hay versiones encontradas de abusos, malos tratos y hasta de acoso sexual, pero están aún bajo investigación de la Contraloría”. Asegura que los hechos denunciados ocurrieron antes de que él asumiera esa dirección, en septiembre de 2013. Comenta que si se comprueba el acoso es grave, pero también si se denuncia de mala fe porque se afecta la reputación de alguien. “Se está volviendo una práctica mandar anónimos, cartas o hacer solicitudes de información tratando de desprestigiar a quienes han tomado decisiones laborales que pudieron afectar a algunas personas. Eso es distinto a las denuncias que se han comprobado, pero muchos casos se han caído porque las acusaciones son falsas”, afirma. En diciembre pasado, al final de la presidencia de Silva Meza, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó al entonces magistrado Rafael Zamudio Arias, titular del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito con sede en Toluca, por hostigamiento sexual y laboral. El CJF dijo que las conductas graves del exmagistrado fueron intentar “besar a sus colaboradoras, tocamientos, llamadas telefónicas nocturnas, insinuaciones sexuales, acercamiento físico y forzamiento para sostener relaciones sexuales en las instalaciones del propio tribunal”. Respecto del maltrato laboral, dijo que Zamudio Arias “atentó contra la autoestima de las y los funcionarios, e incluso provocó daño en perjuicio de la salud de algunos de ellos”, mientras que a otros les daba trato preferencial.