Carlos Eduardo, un caso más de secuestro y asesinato en el Edomex

jueves, 16 de abril de 2015
TOLUCA, Edomex. (apro).- Alfredo Martínez Gutiérrez, padre de Carlos Eduardo, un adolescente que fue asesinado tras su secuestro hace dos años en Toluca, pidió al gobernador Eruviel Ávila integrar a los asesinos de su hijo a la lista de los más buscados y ofrecer hasta 50 mil pesos por cualquier información que lleve a localizarlos, pues seis de los implicados siguen libres, mientras cuatro detenidos aún no han sido juzgados. Don Alfredo considera que la entidad padece un clima de impunidad, pues diez personas fueron cómplices del secuestro y asesinato de su hijo de 15 años, pero seis de los presuntos homicidas siguen libres. A la fecha, detalla, existen órdenes de aprehensión sin cumplimentar en contra de Emiliano Victoria Hernández y Erick Rojas Lina. Peor aún, abunda, no se ha hecho nada en contra de la mujer que prestó su casa en San Mateo Atenco para tener en cautiverio al menor, ni contra las mujeres que lo alimentaban y cuidaban para que no pudiera escapar. “Hago un llamado al gobernador Eruviel Ávila Villegas para que incluya a esas seis personas, tres mujeres y tres hombres, en el Programa de Recompensas que anunció el lunes pasado, el cual, él dijo, tiene como objetivo cumplir las órdenes de aprehensión vigentes por el delito de secuestro”, reclama. También exige se garantice que haya “justicia plena para mi hijo Carlos Eduardo Martínez González, porque no puede haber justicia a medias. La justicia o es total, pronta y expedita, o no es justicia”, sentencia. También exige que los asesinos confesos, detenidos en el penal de Almoloya: Beatriz Alejandra Morales Sendo, Margarito Salas Reyes, Emiliano Victoria Rodríguez y Silverio Victoria Hernández, sean condenados a la brevedad. Martínez Gutiérrez señala que se ha removido en cuatro ocasiones al juez del caso, y detalla que los detenidos gozan de privilegios porque son visitados por sus familiares de manera cotidiana y están en áreas independientes al resto de la población carcelaria, “pese a la manera despiadada en la que le quitaron la vida a mi hijo, pues vivo lo arrojaron del puente vehicular de Ixtapan de la Sal”. El padre de Carlos Eduardo también lamenta que sólo se hayan fincado responsabilidades administrativas al personal de la PGJEM y éste continúe laborando, pese a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) por el caso, debido a que el cuerpo de Carlos Eduardo permaneció en calidad de desconocido por seis meses en el Semefo de Tenancingo, resultado de la mala práctica de pruebas periciales.

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