MÉXICO, D.F. (Proceso).- Alfredo Castillo Cervantes no tiene empacho en decir que es amigo del presidente Enrique Peña Nieto. También lo son sus primos Humberto Castillejos Cervantes, responsable de la Consejería Jurídica de la Presidencia, y el senador con licencia Raúl Cervantes Andrade, clave para la aprobación de la reforma energética y quien hoy busca ser magistrado de la Suprema Corte. En enero de 2014 Castillo llegó a Michoacán como comisionado nacional de Seguridad y estuvo ahí un año. Hoy está al frente de un organismo deportivo, un ámbito en el que incursiona por primer vez. Castillo llegó a “coordinar a las autoridades federales en territorio michoacano”, pero en realidad se comportó como “virrey” –señalan sus críticos– y actuaba por encima del gobernador y del Congreso local. Lo mismo formuló y ejecutó políticas para la prevención de delitos que acciones encaminadas a la reconstrucción de tejido social y al fortalecimiento de las instituciones; también dispuso, ordenó y coordinó acciones de apoyo de fuerza pública federal; solicitó el auxilio de las Fuerzas Armadas; recibió a los delegados, comisionados y representantes del Ejecutivo federal asentados en la entidad. Tenía facultades incluso para solicitar al secretario de Gobernación la designación o remoción de los miembros de organismos federales en Michoacán y para celebrar convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades estatales y municipales. Con un presupuesto de 154 millones 599 mil 638 pesos, de los cuales 126 millones fueron para “servicios personales” y el resto para “gastos de operación”, según documentos de la Secretaria de Gobernación, la comisión encabezada por Castillo sólo logro una meta: desarmar e institucionalizar a las autodefensas de la región de Tierra Caliente, convirtiéndolas en Fuerzas Rurales adscritas a la Secretaria de Seguridad Pública local... Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2007 de la revista Proceso, actualmente en circulación.