De testigo a victimario: está preso hace 5 años por un "crimen pasional"

lunes, 11 de mayo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El 6 de julio de 2010, Óscar Manuel Ramírez Siordia, de 23 años, llegó a la casa de Jacobo, su pareja durante más de cinco años. Alrededor de las siete de la noche dejó el departamento en la delegación Benito Juárez cuando éste llegó acompañado de otro hombre a quien dijo haber conocido por Internet. Preocupado por Jacobo y a sabiendas de los delitos cometidos contra homosexuales “seducidos” a través de la web, a la mañana siguiente Óscar fue al departamento a buscar a su pareja. Al abrir la puerta de la recámara encontró su cuerpo en el suelo. De inmediato llamó a la policía para reportar el asesinato. Los uniformados lo presentaron como testigo ante el Ministerio Público. Sin embargo, fue arrestado en calidad de presunto responsable por un “homicidio pasional”. De testigo pasó a victimario. Era la época en que el hoy jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, estaba al frente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). El 3 de agosto siguiente la autoridad le dictó auto de formal prisión como probable responsable de homicidio calificado. Sin embargo, seis días después la policía detuvo a Noé, un joven de 19 años quien confesó haber tenido una cita con Jacobo la noche del crimen. Explicó que discutieron en la recámara porque éste se arrepintió de tener sexo con él a cambio de dinero, como habían acordado. Sin darle oportunidad de nada, Noé sometió a Jacobo y le aplicó una llave conocida como “mataleones” hasta quitarle la vida. Luego se robó su computadora portátil y un teléfono celular que más tarde vendió. El 5 de enero de 2012, luego del que el MP “encuadró” el caso –según acusó la defensa–, el Juzgado 49 Penal del DF dictó sentencia definitiva contra Óscar y Noé como culpables del homicidio “con traición y ventaja”, y les impuso una pena de 27 años y seis meses de prisión. Con esta decisión, el impartidor de justicia desestimó el delito de robo y aseguró que fue un “crimen pasional”. Según el argumento del MP, el cadáver de Jacobo tenía un cabello en la mano “con características similares” al de Óscar, pero nunca se realizó una prueba de ADN para comprobar que realmente era de él. La defensa del inculpado apeló la decisión, pero el Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF), a cargo de Edgar Elías Azar, ratificó la decisión el 16 de abril de 2012. Entonces llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que lo desechó “por considerar que las fallas del debido proceso son claras”. Los abogados presentaron una demanda de juicio de Amparo Directo ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, que admitió el amparo 415/2014 y lo turnó al Quinto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, donde está desde hace siete meses sin resolución. Según María de Lourdes Salazar Jiménez, integrante de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo que acompaña legalmente a Óscar, durante el proceso hubo múltiples deficiencias en el sistema de impartición de justicia del DF. De acuerdo con los argumentos de la Clínica, la inocencia de Óscar es “latente”, pues existe la confesión del asesino, además de que los estudios periciales “estuvieron mal elaborados y sin cadena de custodia” –se modificó la escena del crimen–, hubo interpretaciones “indebidas” de la necropsia y, por si fuera poco, hay testigos de que el día y la hora del crimen Óscar estuvo en su casa. Para la defensa, el Juzgado 49 Penal del DF –presidido por Silvia Carrasco Corona y formado por Juan Wilfredo Gutiérrez Cruz y Horacio Armando Hernández Orozco– tuvo una actitud discriminatoria para juzgar a Óscar, y con ello violó el artículo primero de la Constitución que marca las garantías individuales de todos los mexicanos. Se le discriminó por su preferencia sexual y no se le respetó su derecho a la presunción de inocencia ni al debido proceso, agregan los abogados del caso. Por todas estas irregularidades, Alejandro Brito Lemus, director de la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, así como la especialista del CIDE, María de Lourdes Salazar Jiménez, y Rodrigo Huacuja, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) –donde Óscar cursa la carrera de Derecho mediante un programa especial diseñado por la institución–, exigieron al Quinto Tribunal cumplir con los plazos establecidos para la revisión del amparo y dictar la libertad para su defendido. Por último, llamaron a los integrantes de ese tribunal a “no dejarse llevar por prejuicios homofóbicos y tener la sensibilidad jurídica” para resolver el caso.

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