La herencia corrupta de Padrés

martes, 19 de mayo de 2015

MÉXICO, D.F. (Proceso).-

Guillermo Padrés Elías, descendiente del general Plutarco Elías Calles, considerado el fundador del PRI, es hoy, por paradojas de la historia, el primer gobernador de Sonora emanado del PAN.

Se le conoce por su bigote bien recortado, cabellos perfectamente peinados y su impecable vestimenta. Con ese singular perfil llegó al gobierno de Sonora en 2009 tras derrotar a su primo priista Alfonso Elías Serrano.

Desde el principio prometió un “Nuevo Sonora”, alejado de la sombra de corrupción, nepotismo, narcotráfico, violencia y sobornos de sus antecesores. Pero a la postre resultó igual que sus opositores. En cuatro años de gestión, la entidad alcanzó niveles históricos de corrupción y nepotismo. Además, la deuda pública se incrementó 53% sólo en 2014. Hoy llega a 14 mil millones de pesos, según un informe de la Secretaría de Hacienda.

En la entidad son famosos los apellidos Padrés, Bours, Rivera, Gándara, Elías, Castello, Durazo, cuyos portadores se disputan el gobierno y los negocios.

Desde su llegada al gobierno, Padrés Elías fue uno de los favoritos de Felipe Calderón, quien lo apoyó con un préstamo de 3 mil millones de pesos para la construcción del polémico acueducto, pese a la negativa del Congreso local.

Uno de sus hermanos, Miguel Padrés Elías, es conocido por cobrar cuotas de 30% a quienes buscan ganar una licitación o emprender un negocio en Sonora. Por eso le llaman El 30.

Otro beneficiado es Francisco Padrés, tío del mandatario, director del Instituto Catastral y Registral de Sonora (Icreson), desde donde es fácil hacer negocios con inmuebles y terrenos en toda la entidad.

Padrés repite lo que criticó a su predecesor Eduardo Bours Castello, quien benefició a su familia con el centro turístico de Puerto Peñasco e infinidad de permisos de obra, adquisición de terrenos y venta de automóviles.

Sus detractores lo acusan de lucrar con la construcción de una presa en su rancho Pozo Nuevo, de 3 mil 670 hectáreas, ubicado a cinco kilómetros del pueblo de Bacanuchi. Según los pobladores, entre finales de 2011 y principios de 2012 se construyó ahí la presa El Titanic, sin tener el título de concesión de la Comisión Nacional del Agua ni la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Y aunque Padrés alega que El Titanic existe desde hace 60 años y es para beneficio del pueblo, los habitantes de la región precisan que la construcción de la presa data de hace tres años y sólo sirve para Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina, hijo y sobrino del gobernador, respectivamente.

Otros beneficiados por Padrés son Héctor Herminio Ortiz Ciscomani, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, a quien se acusa de un desvío de fondos públicos superior a los 36 millones de pesos para empresas de sus hijas, cuñada y hermanos.

Existen múltiples cuestionamientos a Padrés por su falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Nadie sabe dónde están los 600 millones de pesos autorizados por el Congreso estatal para fortalecer el transporte, o los remanentes de la reducción de 2 mil millones a 200 millones de pesos al fondo de pensiones del ISSSTESON, Nadie se explica tampoco por qué 20% de niños de cuatro a 10 años se están quedando sin vacunar por falta de presupuesto ni por qué se han duplicado las muertes de mujeres al momento de dar a luz.

El mandatario tampoco ha aclarado en qué usó los 630 millones de pesos anuales que ingresaron a las arcas del estado por el impuesto supletorio de 35 centavos por litro de gasolina vendido, gravamen que estableció Felipe Calderón durante su sexenio.

Muchos se quejan por los tributos que aplica a su libre arbitrio, entre ellos el cobro de 3% a vehículos con una antigüedad no mayor de 10 años sobre el valor de la factura menos el IVA; o el 15% por cambio de placas, impuesto sobre nómina, licencia de conducir, expedición de actas de nacimiento y carta de antecedentes no penales, entre otros.

Malas compañías

Después de asumir como gobernador, Guillermo Padrés Elías tenía un nivel de simpatía superior a 50% entre sus representados. Su capital político se derrumbó al poco tiempo, pues se empecinó en mantener como procurador a Abel Murrieta, a quien los padres de los 49 niños muertos en la guardería ABC durante un incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 acusaron de negligencia.

Los sonorenses consideraron la ratificación de Murrieta como un pacto con Eduardo Bours, a quien responsabilizan de la tragedia, pues al lado de la guardería estaba un almacén de la Secretaría de Hacienda estatal en la que se quemó papelería oficial. De hecho, una de las líneas de investigación señala que el incendio fue provocado para desaparecer evidencia sobre presuntas deudas.

Murrieta fue procurador hasta 2012, cuando se lanzó como diputado local por el PRI. Con ello obtuvo fuero legislativo y evitó ser investigado. A Murrieta se le señala también en el caso del reportero Alfredo Jiménez, quien desapareció en 2005 cuando investigaba las relaciones del gobierno de Bours con el narco.

El fiscal también apareció como el negociador del gobierno de Padrés con el narcotráfico, según uno de los expedientes de Wikileaks publicados por el reportero Jesús Barraza en su portal de San Luis Río Colorado.

Otro personaje cercano a Padrés es Alfredo Vergara Álvarez, El Licenciado, quien participa en despojo de tierras y acapara negocios públicos bajo el amparo del gobierno panista; también se le ha involucrado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.

El escándalo del derrame de productos tóxicos de una empresa minera del Grupo México sobre el río Sonora, ocurrido el 6 de agosto del año pasado y en el cual resultaron afectadas 24 mil personas, fue mal manejado por el mandatario, quien se extralimitó al querer expulsar a los delegados de Profepa y Semarnat, una facultad que sólo compete al presidente de la República.

Por ese desatino, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le canceló una reunión, además de que le reclamó su actitud ante la crisis política generada por su decisión de expulsar a los delegados en vez de ayudar a resolver la crisis ecológica.

De acuerdo con la encuesta Evaluación ciudadana sobre desempeño e imagen institucional, gobierno del estado de Sonora 2014, de la Coordinación Universitaria de Estudios de Opinión de la Universidad de Sonora, 47.9% de la población tiene una percepción muy negativa sobre la situación que guarda la entidad, y 48.8% siente que el mandatario no está haciendo nada para resolverla.

Al término de su gestión, Padrés se va con los peores índices de aceptación social, al igual que sus correligionarios Vicente Fox y Felipe Calderón.

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