Sobre los tres principales contendientes a la gubernatura michoacana pesan graves acusaciones de corrupción. Las denuncias más delicadas recaen en el perredista Silvano Aureoles y el priista Ascención Orihuela. El primero ha aparecido en fotografías con una presunta secuestradora y está señalado de desviar millones de pesos del erario a su campaña y favorecer con contratos a su camarilla. A la familia del segundo “le han encontrado” más de 60 casas y frecuentemente se le vincula con el narcotráfico. Así, igual que en 2011, los comicios en Michoacán se realizarán en un clima de violencia y operación electoral del crimen organizado. MÉXICO, D.F. (Proceso).- A unos días de que se elija un nuevo gobernador en Michoacán, los tres aspirantes más fuertes –Luisa María Calderón Cocoa, del PAN; el priista Ascención Chon Orihuela, y el perredista Silvano Aureoles– llevan una carrera muy pareja. Sin embargo, y más importante que eso, los comicios michoacanos vuelven a enfrentar la violencia, denuncias de corrupción y la asechanza del crimen organizado. Al cierre de las campañas, la violencia se desató en Michoacán con la muerte de 42 civiles, presumiblemente miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y un policía en el Rancho del Sol el pasado viernes 22. Cuatro días después, en la Sierra de Ostula, ocurrió un enfrentamiento entre autodefensas de la costa contra remanentes de Los Caballeros Templarios, lo que dejó seis muertos, entre ellos el comandante de la policía comunitaria Reginaldo Rodríguez Flores. También arreciaron las denuncias de injerencia de grupos criminales en las campañas y las acusaciones de corrupción contra los candidatos a gobernador, principalmente Orihuela y Aureoles. El pasado 16 de abril, Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del Comité Estatal del PAN, denunció la presencia de grupos criminales en el municipio de Purépero, que amenazaron e intimidaron a sus candidatos a regidor y síndico municipal y a sus familias. “Es inaceptable que de nueva cuenta la delincuencia organizada pretenda incidir activamente en el proceso electoral para colocar autoridades municipales a modo y en complicidad para conservar el control y el desarrollo de sus actividades ilícitas”, dijo. Paralelamente, en la zona de Tierra Caliente la situación es muy difícil, sostienen el exautodefensa Domingo Barajas y el padre Gregorio López, exvicario de la catedral de Apatzingán. “En plena carrera electoral estamos observando una situación muy crítica y casi de alarma en Tierra Caliente, pues es tanta la voracidad de parte de algunos malos políticos por alcanzar el poder que, según ellos, darían la garantía para que los criminales sigan con impunidad”, sostiene el sacerdote. En entrevista, asevera que en Apatzingán sigue operando la delincuencia organizada. Un ejemplo es el municipio de Mugica. López asienta que el actual alcalde, Casimiro Quezada Casillas, pertenece a Los Caballeros Templarios y hace campaña por el PRI. “Trae casa por casa a sus gatilleros, amenazando con pistola en mano a quien no vote por su partido, que ‘se va a arrepentir’, y quitando publicidad de la oposición e imponiendo la suya. Pero aún más grave es que la autoridad estatal no quiere ver la realidad o vive en otro mundo y dice que ‘están dadas las condiciones para una elección democrática’. Aquí las cosas no están bien y se avecina un momento desolador”, advierte el padre Goyo. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2013, ya en cirulación)