MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- Cristina, Joaquina, Nestora y María Elena, por nombrar sólo a algunas de las madres de los 43 normalistas desaparecidos forzadamente y de los cuatro asesinados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, marcharon ayer una vez más –con un paso cansado, pero que nunca se doblegó– sobre el Paseo de la Reforma, en esta capital, para exigir al gobierno federal que les diga, sin mentiras, dónde están sus hijos.
El mismo calzado sencillo que se vio por vez primera por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (huaraches, zapatos de plástico y tenis) marchó ayer en la ciudad más grande del país para exigir que Enrique Peña Nieto y toda su administración dejen de ocultar la información que –aseguraron– tienen sobre los hechos.
A 11 meses de la desaparición forzada, lo único que tienen las familias –que desde el primer momento dejaron sus casas, sus trabajos y sus tierras– es la supuesta “verdad histórica” que enunció el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, según la cual los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan horas después de enfrentarse con la policía municipal de Iguala, quienes los entregaron a la banda criminal “Guerreros Unidos”.
Una “verdad” refutada por las mismas madres y sus pisadas fuertes que no tuvieron miedo de ensuciarse, que caminaron sobre tierra y montes para destapar fosas clandestinas, y que se irguieron en los basureros de Iguala para demostrar que esa trágica noche llovió en Cocula, por lo que era poco probable que los cuerpos de los jóvenes hubieran sido incinerados esa misma madrugada.
Una versión oficial desvirtuada también por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) –enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–, ya que el Estado mexicano se niega a que se entreviste directamente a los integrantes del Batallón 27 de Infantería en Iguala –por su posible participación en los hechos–, y porque durante los seis meses que llevan en México el gobierno federal no ha hecho ni la mitad de las diligencias que le recomendaron para esclarecer el crimen.
Andar que no se cansa
Como todos los días 26 de cada mes, la tarde de ayer la exigencia sostenida por las madres de pies hinchados y adoloridos –como ellas mismas se quejan– se escuchó muy fuerte y por más de tres horas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.
Su andar desgastado tras recorrer el país y varias naciones se unió al paso joven de cientos de normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (que integra a 16 normales rurales y una indígena), y quienes acompañaron la exigencia de justicia.
Esta vez María de Jesús Tlatempa, madre del desaparecido Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, iba a la vanguardia de la marcha y al caminar enlistó con micrófono en mano uno de los reclamos centrales: que el Estado permita al GIEI que entreviste directamente al Ejército en Iguala, por su probable participación en la desaparición forzada.
La mujer también reprochó que las autoridades judiciales de Iguala –según revelaron las y los expertos de la CIDH– ocultaron la ropa de los normalistas y destruyeron los videos del enfrentamiento entre policías y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, sin que la PGR hubiera informado al respecto.
La madre de Jesús –que insiste en que no tiene ninguna intención de abandonar la lucha hasta ver a su hijo de vuelta– turnó el micrófono a tres mujeres normalistas del estado de Morelos que llamaron a las y los jóvenes a no permitir que el gobierno limite sus oportunidades de educación, y que no se queden callados frente a las agresiones de las autoridades.
Durante la marcha –en la que participaron unas 2 mil personas– se extendieron pancartas de desprecio a Peña Nieto y se hizo un llamado para que la sociedad no deje de movilizarse. “¿Miedo?, sólo al maldito silencio”, se leía en varias mantas.
Las familias pasaron sin detenerse frente a la PGR, donde la nueva titular, Arely Gómez, sólo las ha recibido en dos ocasiones y, aunque ha hecho compromisos, no les ha dado ninguna noticia.
Los pasos del contingente se detuvieron en el “Antimemorial+43” (una estructura metálica de color rojo de casi dos metros de altura que pusieron activistas en abril pasado frente a la escultura del Caballito, sobre Paseo de la Reforma), donde se pasó lista a cada uno de los normalistas desaparecidos, y se recordó a los alumnos asesinados.
Atrás de las familias y los normalistas marcharon decenas de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes unieron sus consignas con los machetes de San Salvador Atenco, integrantes del sindicato de telefonistas, y los cubre-bocas de las enfermeras del IMSS e ISSSTE.
Durante el recorrido también se acercaron otras personas solidarias para dar agua a las familias. Los pies –también cansados– de otras madres que buscan a sus hijos se sumaron al camino de las y los manifestantes.
En el trayecto, Margarita Zacarías, madre del normalista desaparecido Miguel Ángel Mendoza Zacarías –que igual que las demás mujeres se queja de un dolor casi insoportable en los pies–, reprochó que hoy sepan prácticamente lo mismo que el día en que desaparecieron a sus hijos, que no haya avance en las investigaciones, y que a pesar de “tantas marchas no le hemos ablandado el corazón (a Peña Nieto)”.
Sus ojos repasaron los murosde los edificios de la gran ciudad, sobre los que se trazaron pintas nuevas sobre las viejas que condenaron desde 2014 la desaparición de los 43 normalistas.
También marchó Rafael López Catarino, quien ya ha contado a los medios de comunicación que los zapatos que trae puestos (“rotitos” como él dice) es el par que su hijo Julio César López le compró antes de que lo desaparecieran. Con ese calzado lo anda buscando para que cuando lo encuentre se los vea puestos, según ha dicho el hombre que llora al recordar la anécdota.
“Estoy encabronada”
Al llegar a las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, resultó que el cuerpo de granaderos y de policías capitalinos era más grande que el contingente de la marcha.
Los uniformados, con botas altas y gruesas, impidieron que las familias llegaran al Zócalo y las obligaron a rodear la plancha y hacer su mitin sobre el paso vehicular frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en contra-esquina de Palacio Nacional.
Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete, también reclamó que no haya claridad sobre si el grupo de especialistas de la CIDH podrá prolongar su estancia por seis meses más en México, a fin de concluir sus investigaciones.
Sobre el templete del mitin también se plantó la madre de Jorge Álvarez Nava, Blanca Luz Nava Vélez. Su ceño fruncido se marcó sobre unos lentes oscuros que no dejaban ver sus ojos. La larga manta blanca con la foto de su hijo le cubrió el calzado.
En representación de las otras madres, ella tomó el micrófono y gritó que estaba “encabronada”. Y dijo: “Esta rabia que traigo encima nadie me la va a quitar (…). Exijo a Enrique Peña Nieto que nos diga toda la verdad porque no andamos luchando por aguinaldos, estamos luchando por vidas”.