Convencido de que México padece una crisis de derechos humanos, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, explica en entrevista que el gobierno mexicano no debe sentirse atacado con las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Para él, las estructuras de procuración de justicia deben aprovechar sus recomendaciones para ofrecer resultados sólidos en el caso Ayotzinapa y cambiar la forma de investigar los miles de casos pendientes u olvidados, en muchos de los cuales ha existido una “injerencia muy crítica” de autoridades de los tres niveles de gobierno. MÉXICO, D.F. (Proceso).- Pocos días antes de que visite México el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, advierte que las estructuras de justicia no han respondido al desafío de la crisis que el país enfrenta en esa materia. Reconoce que el crimen organizado es una amenaza para el Estado mexicano y muestra su preocupación por que autoridades de los tres niveles de gobierno estén involucradas en casos de desaparición forzada, como puede ser el caso de Ayotzinapa. Además, reitera el apoyo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en su reciente informe señaló que los estudiantes podrían no haber sido incinerados en el basurero de Cocula, como lo determinó la Procuraduría General de la República (PGR) a principios de año. Respecto de la petición del GIEI de entrevistar a los integrantes del 27 Batallón, instalado en Iguala y que supieron del ataque a los 43 normalistas en septiembre de 2014, manifiesta: “Ojalá se pueda resolver”. Para Álvarez Icaza, la investigación de GIEI es sólida y seria. En respuesta a la descalificación de la misma por “agoreros oficiosos”, dice que lo mejor es poner atención a las recomendaciones de seguir investigando el caso, que ya es emblemático para la justicia en México. “No es la intención del grupo generar una condición de amenaza o de ataque, o de desprestigio a institución alguna. El objetivo es hacer un análisis de cómo se investiga y emitir recomendaciones. “Hay, ciertamente, un debate a partir de que la versión oficial es cuestionada, igual que la manera de investigar, y eso obviamente abrió un debate de cómo se investiga en México. Pero la intención de la comisión y del grupo de expertos no es generar un ataque al gobierno o a las instituciones, sino contribuir a la búsqueda de la justicia y tratar de generar una explicación de qué paso con los muchachos desaparecidos. “Hay un tema crítico de justicia para los padres, para las víctimas. Las otras lecturas, de que hay ataques, de que son derrotas o triunfos, no forman parte de la agenda de la CIDH ni del grupo de expertos”, precisa. –¿Se descartan las opiniones de que hay ataques a la soberanía mexicana? –Esa no es la agenda, es todo lo contrario. La CIDH interviene en estricto uso de la soberanía mexicana, es decir, el principio y fundamento de un organismo internacional es que hay un país libre y soberano que determina que esos instrumentos internacionales forman parte de su ley, en su práctica jurídica. (Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2029, ya en circulación)