Este jueves 1 de octubre será un día clave para Guadalajara y su zona metropolitana: asumirán las presidencias municipales los alcaldes electos de Movimiento Ciudadano (excepto el de Tonalá, donde ganó el PRI). Por lo pronto, provocó sorpresa la designación de varios expanistas y priistas en el gabinete de Enrique Alfaro, así como el nombramiento de Salvador Caro Cabrera como comisario de Seguridad Pública. GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- El presidente municipal electo de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, ha sido muy cauteloso para no revelar nombres de los presuntos involucrados en los cuantiosos desfalcos que hereda de su antecesor, el priista Ramiro Hernández García. El miércoles 9, al salir de una reunión con los alcaldes electos de la zona metropolitana de Guadalajara en las oficinas del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), donde se discutieron las tarifas, Alfaro Ramírez dijo a la prensa que en el proceso de entrega-recepción encontró un desfalco de “cientos de millones de pesos” que presuntamente involucra a funcionarios estatales, municipales y judiciales. Advirtió que su equipo de colaboradores tiene documentos que prueban los ilícitos y que ya realiza investigaciones para identificar a los “cínicos” que desfalcaron a la ciudad: “Es una vergüenza lo que yo me he encontrado ahí (se refiere a documentos en el ayuntamiento). Vamos a hacer públicos varios de ellos, porque son verdaderamente escandalosos. Encontramos personajes… no crean que son trabajadores peleando por sus derechos, no: son unos ladrones, vivales, cínicos, queriendo desfalcar a la ciudad con la complicidad de las autoridades judiciales. A ellos los vamos a evidenciar.” Explicó, sin dar detalles: “Hay una mezcla y un modus operandi… pero lo vamos a hacer público. Eso sí, vamos a poner, literalmente en la Plaza Liberación, los nombres de quienes están desfalcando a la ciudad. Desde el primer día vamos a hacerlo público. Son muchos casos, pero también me he enterado de casos de gente, y me entero de lo que quieren cobrar… Da coraje tanto cinismo”. Con todo, hasta ahora al único que ha señalado con nombre y apellido es al síndico, Ernesto Salomón Hidalgo –exeditor de El Informador–, por su presunta complicidad en los cambios de uso de suelo del municipio que permitieron a los desarrolladores inmobiliarios levantar torres de departamentos en áreas prohibidas: “Le pediría al síndico municipal, al señor Salomón, que es quien está detrás de toda esta red de complicidades que ha generado este problema, que mejor mida las consecuencias de sus actos, porque lo que está haciendo es un asunto que lo va a meter en serios problemas. A lo mejor él piensa que no va a pasar nada; creo que más vale la pena decirle de una vez que sabemos perfectamente quién está detrás de todo esto”, declaró Alfaro Ramírez a varios medios el pasado 15 de julio. También el coordinador de los regidores de Movimiento Ciudadano en Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, señaló el pasado miércoles 15 que “grupos de interés” vinculados a la administración de Hernández García han presionado para que a última hora se expidan permisos de comercio en espacios abiertos del centro de la ciudad, particularmente en las avenidas Juárez y Chapultepec. “Pedimos al presidente municipal que evite dar estos permisos; estamos seguros que escuchará la propuesta y se dará marcha atrás; y dé instrucciones a las direcciones de espacios públicos, espectaculares, tianguis, padrón y licencias para evitar esta práctica”, dijo Caro Cabrera. Sin embargo, de acuerdo con información publicada por los diarios Mural y El Informador, la administración de Alfaro Ramírez tendrá que enfrentar juicios laborales por un monto millonario. El 17 de agosto se dio a conocer una lista de 39 personas beneficiadas con laudos, a quienes el municipio tuvo que pagar 28 millones 318 mil pesos que obtuvo con la venta de un predio municipal en el Parque Huentitán, donde se edificará el nuevo recinto de las Fiestas de Octubre. Esa cantidad se suma a los 49 millones 864 mil 209 pesos que pagó la administración de Hernández García en los primeros cuatro meses de 2015, como liquidación para 15 personas. De acuerdo con los periódicos citados, la Sindicatura de Alfaro Ramírez contará con un área especializada en juicios laborales a fin de evitar un quebranto financiero. Un integrante cercano al equipo de entrega–recepción del alcalde electo, quien pidió omitir su nombre, confirmó a Proceso Jalisco la creación de esa dependencia debido a que existen alrededor de 2 mil juicios laborales sin resolver. Algunos datan de 2003, cuando gobernaba el panista Fernando Garza Martínez. La fuente mostró al reportero la copia de un reporte interno sobre las mil 639 demandas laborales acumuladas desde ese año hasta 2012. Ahí se aprecia que en 2006 sólo había 13 de esos juicios, pero a partir del siguiente año, cuando el panista Alfonso Petersen Farah llegó a la alcaldía, las cifras comenzaron a dispararse. Para 2007 ya había 59 demandas y en 2008 ascendieron a 124. En 2009 eran 103 y para 2010 crecieron escandalosamente a 905. En 2011 se presentaron 217 y en 2012 otras 200. De acuerdo con el declarante, si el ayuntamiento perdiera todas esas demandas, tendría que pagar en promedio 1 millón de pesos por cada una, lo que representaría la cuarta parte del presupuesto anual. Tampoco él revela detalles, pero señala que el gobierno de Hernández García contrató a varios abogados externos y los metió a la nómina de la sindicatura a fin de provocar el desfalco millonario a través de laudos. Según él, existen indicios de otras irregularidades, como el robo de 26 automóviles Tsuru 2015 de la flotilla de 40 con que contaba la Dirección de Patrimonio, que encabeza Julio César Hernández. Al parecer, los responsables del hurto duplicaron las llaves. Otra área que el equipo entrante revisará con atención es la Dirección del Registro Civil, donde se han encontrado desfalcos en los cobros de servicios como la expedición de actas de nacimiento y de bodas, así como la falsificación de formas valoradas. Además, indica que los colaboradores de Alfaro Ramírez encontraron violaciones flagrantes en las adjudicaciones directas del municipio, en particular una otorgada a Aba Seguros y otra a Axa Seguros, las cuales no están justificadas y juntas superan los 60 millones de pesos. Gabinete con tinte azul El jueves 24 por la mañana, Alfaro Ramírez presentó a su gabinete de trabajo, aunque los nombres fueron publicados el día anterior por algunos medios. Destacan varios expanistas que trabajaron con Emilio González Márquez cuando era gobernador, como Diego Monraz Villaseñor, quien fue secretario de Vialidad y Transporte y fue nombrado por Alfaro titular de la Coordinación de Servicios Municipales. También son los casos de Antonio Salazar, colaborador del “supersecretario” Herbert Taylor Arthur en la Coordinación de Innovación y Desarrollo, y ahora titular de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad. Agustín Araujo, hasta ahora director de Administración del Congreso local, fue designado coordinador de Administración e Innovación; y la Unidad de Obras Públicas se le entregó a Jorge Gastón González, quien fue director general de Verificación y Control de Obra de la Contraloría en el sexenio de González Márquez. Sorpresivo fue el nombramiento de Salvador Caro Cabrera como responsable de la Comisaría de Seguridad, pues su trayectoria es política y no tiene experiencia policiaca. Sin embargo, Alfaro Ramírez afirmó que tiene el perfil para encabezar su estrategia de transición hacia un nuevo modelo de policía metropolitana. A su vez, Caro Cabrera se justificó diciendo que tiene los conocimientos necesarios para ocupar el cargo porque fue presidente de la Comisión de Seguridad en el ayuntamiento de Guadalajara y ha presentado iniciativas relativas a la materia. Ante el interés que despertó el tema en los medios informativos, Alfaro Ramírez anunció que el 2 de octubre dará a conocer los pormenores del nombramiento de Caro y el diagnóstico de seguridad en la capital del estado. Un día antes de dar a conocer su gabinete, el alcalde electo se reunió con el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla. Utilizaron la sala de ajuste del Paraninfo Enrique Díaz de León y no la oficina de la rectoría, donde Bravo suele recibir a sus invitados. Al salir, Alfaro Ramírez evadió la pregunta de los periodistas sobre la posible conciliación con el Grupo Universidad mediante la cesión de puestos: “Yo les diría: despreocúpense de qué simpatía puedan tener o hayan tenido en el pasado quienes van a participar; va a ser gente que le va a dar resultados a la ciudad.” El encuentro se interpretó como un acercamiento para zanjar las diferencias que en 2010 orillaron a Alfaro Ramírez a romper relaciones con el Grupo Universidad, que lidera el exrector Raúl Padilla López. Aquel año, al tomar posesión de la Presidencia Municipal de Tlajomulco, aseguró que Padilla obstaculizó su registro en la plantilla de regidores, y cuando ganó la elección constitucional de 2009 el cacique de la UdeG le exigió 60% de los puestos administrativos del ayuntamiento, entre ellos la Tesorería, Desarrollo Urbano, Promoción Económica y el Instituto de la Cultura. Por otra parte, también se integró al nuevo ayuntamiento Patricia Martínez, quien fue reportera del extinto diario Público y es activista del colectivo GDL en Bici; ahora encabezará la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad. Y el empresario Bernardo Fernández Labastida, sin experiencia en el servicio público, se hará cargo de la Coordinación General de Construcción. Ignacio Lapuente, quien fuera vicepresidente de la Cámara Nacional de Ferreteros, será el contralor del municipio. La Secretaría General estará a cargo del expriista de viejo cuño Enrique Ibarra Pedroza; y los extitulares de Tesorería y Finanzas de Tlajomulco de Zúñiga, respectivamente Juan Partida y Bárbara Casillas, serán el tesorero y síndico tapatíos. En el extremo derecho de la mesa, entre los colaboradores del alcalde electo, estaba el expanista Diego Monraz Villaseñor. A pregunta expresa de este reportero sobre la inclusión de exmilitantes del blanquiazul en su planilla de regidores y su gabinete, Alfaro Ramírez respondió: “No creo que todos los panistas sean malos. Yo creo que quien piense eso se equivoca. Ni creo que todos los priistas sean malos ni que todos los perredistas sean malos. Yo creo que hay gente buena y mala en todos lados (…) Defenderé siempre la idea de que aquellos que descalifican a las personas por una simpatía partidista acusan un problema de intolerancia. (…) Si hay algún personaje que haya sido panista, que sea panista, que esté en mi equipo de gobierno, o priista, o perredista, o de Morena o de quien sea, será una persona honesta y que me ayude a cumplirle a los tapatíos.” Alfaro Ramírez rendirá protesta el miércoles 30 en el Palacio Municipal. Tras el acto, irá a la Plaza Liberación para ofrecer un mensaje a la población. Hasta el momento han confirmado su asistencia algunos gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.