MÉXICO, DF (apro).- Era un plan perfecto: Caminos y Puentes Federales (Capufe) necesitaba renovar su sistema de seguridad informática. Edgar Chake Corella Flores era propietario de Redisegno, una empresa distribuidora de los productos de la trasnacional Barracuda Networks, especializada precisamente en seguridad informática. Y Enrique Agustín Martínez Salgado, notario número 3 del Estado de México, tenía los “conectes” en Capufe para diseñar una licitación “a modo” a cambio de una “comisión” de 30% sobre el monto de un contrato por 75 millones 100 mil pesos. Pero todo fracasó: El notario “traicionó” al empresario, despojándolo de la compañía que había ganado la licitación, pero no pudo apropiarse de las licencias para operar los equipos; el empresario conservó las licencias, pero luego ya no pudo venderlas a Capufe; y esta dependencia recibió los equipos nuevos de Barracuda, pero no pudo utilizarlos debido a que no tenía las licencias de operación. De hecho, el empresario denunció al notario ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y ante el Órgano Interno de Control de Capufe y, al hacerlo, confesó tácitamente su complicidad en la licitación amañada. Y apenas el jueves 14 --seis meses después de que se realizó la licitación--, la dependencia rescindió de manera repentina el contrato y se quedó con sus equipos viejos de seguridad informática. Tal es la historia que se desprende de una investigación conjunta realizada por los miembros de Méxicoleaks a partir de documentos filtrados a esa plataforma. Licitación a modo En entrevista, el empresario Corella dice que desde 2010 su firma Redisegno ofrecía servicios de seguridad informática a la notaría número 3 del Estado de México, cuyo titular es Enrique Agustín Martínez Salgado. Sostiene que “un día” de 2013 éste lo mandó llamar a su oficina, ubicada en el centro de Tlanepantla. Recuerda que en dicha reunión el notario le dijo “abiertamente” que “pertenece a un grupo político del Estado de México y que le asignaron la misión de colocar proyectos ante diferentes instituciones públicas a nivel federal, estatal y municipal”. Le pidió “armar una carpeta de servicios que se pudieran ofertar” en licitaciones gubernamentales. El notario “sería el encargado ante ese grupo político de gestionar los proyectos”. Claro, si dichos proyectos ganaban alguna licitación, “tendríamos que pagar una comisión del 30%” del valor de los contratos, comenta. Según Corella, el notario “consiguió una reunión” con Eduardo Lavín, entonces subdirector de Recursos Materiales de Capufe, quien a su vez concertó una cita con Heriberto Álvarez Ganem, subdirector de Tecnologías de Información de dicha institución, ante quien Corella expuso las “soluciones en seguridad” informática que su empresa ofrecía. Después siguieron más reuniones, en las que participó el notario Martínez Salgado. Corella dice que además hubo una serie de intercambios de correos electrónicos. En ellos enviaba cotizaciones e información técnica de los servicios de Barracuda al notario y a un empleado de éste, Francisco Montuy Vidal, quien había trabajado en Serfin (hoy Santander), TV Azteca e Hipotecaria Su Casita. A su vez Martínez Salgado y Montuy presentaban las cotizaciones a Capufe. Varios de estos correos electrónicos fueron enviados entre el 23 de julio y el 5 de agosto de 2013, prácticamente dos años antes de se convocara la licitación. En uno de ellos –de fecha 23 de julio de ese año—, el notario Martínez Salgado le pregunta al empresario por qué no ha enviado unas cotizaciones faltantes. “Qué pasó. No me envió los otros”, le dice. Corella contesta: “Licenciado, no hemos tenido aún una de los 2 ISPs. Creo que para que la gente de Morelos (Capufe) no pierda el interés que ya hemos logrado, debemos presentar este primer proyecto dejando muy en claro que aún faltan los servicios e Internet”. En otro correo –de fecha 5 de agosto de 2013-, Corella le envía a Montuy las cotizaciones de “tres soluciones que conforman el proyecto” para Capufe y le comenta que esos precios “ya incluyen el 30% arriba (de la comisión) que me indicó el licenciado Martínez”. No fue sino hasta el pasado 4 de junio que Capufe lanzó la licitación pública número LA-009J0U001-N51-2015 en el sistema Compranet, cuyo objeto consistía en la “contratación de los servicios de seguridad informática y optimización de los enlaces de comunicaciones para la red Fondo Nacional de Infraestructura”. En el anexo técnico del documento, Capufe precisó lo que requería: un sistema de protección que comunicara las delegaciones de la dependencia sin pasar por la oficina central. Este sistema incluía firewalls de nueva generación, escáneres de virus, sistemas de recuperación de datos ante desastres, servicios de optimización y equipo de balanceo de red, blindaje de servidores contra ataques informáticos, servicios de alta disponibilidad de red, doble factor de autentificación en conexión remota, e incluso filtros para los videos de Youtube, entre muchos. Cisco Systems, un importante proveedor internacional de soluciones informáticas, mostró interés en obtener el contrato. Sin embargo, cuando sus técnicos revisaron los términos de la licitación, se percataron que su empresa no podía ganarla, pues las características de los servicios solicitados correspondían al sistema Barracuda, uno de sus competidores en el mercado. Y con razón: antes de emitir el documento, funcionarios de Capufe se reunieron en varias ocasiones con “el equipo de Barracuda”, que tenía como “asesor” a Enrique Martínez, según confesó en entrevista Álvarez Ganem, el citado subdirector de Tecnologías de Información. Las especificaciones mínimas de desempeño que Capufe exigía para el firewall tipo “a” en sus oficinas centrales establecían: rendimientos de 22, 7.6 y 5 gigabytes por segundo de rendimiento de Firewall, VPN e IPS –respectivamente--, así como una potencia de 2 millones 800 mil conexiones concurrentes y 160 mil sesiones por segundo. Estas características, muy precisas, corresponden al equipo de modelo F900 que comercializa Barracuda. De hecho, en la licitación de Capufe el listado de requerimientos aparece en el mismo orden que en la presentación comercial de Barracuda. Es como si hubieran hecho un copy paste. Lo mismo pasó con el sistema de seguridad tipo “b” que requirió Capufe: sus características son gemelas a las del equipo F400 de Barracuda. El sistema de seguridad tipo “c” corresponde al F600 de la misma marca y el tipo “d” es igual al F280… En nueve de las 53 preguntas que emitió durante el proceso de licitación, Cisco Systems se refirió de manera directa a la similitud entre los requerimientos de la licitación y los aparatos de Barracuda. Lo hizo con oraciones como las siguientes: “se solicita amablemente a la convocante la remoción del requerimiento de Brodmulticast por tratarse de una característica que sólo cumple el fabricante Barracuda”, o “se hace del conocimiento de la convocante que la solución en la que está basando su requerimiento es del fabricante Barracuda”. Cisco Systems recordó a Capufe que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público obliga a las dependencias a realizar un estudio de mercado para asegurarse que existen al menos tres fabricantes potenciales e independientes del servicio en el país; y, por lo anterior, pidió los nombres de los proveedores que encontró Capufe para el servicio requerido. Durante la junta de aclaraciones del 23 de junio, Capufe simplemente eludió la pregunta. Argumentó que estaba mal redactada. Respondió lo mismo a Céleres Comunicaciones, otra empresa interesada en el contrato. Por su parte, Indra Sistemas de México pidió el día siguiente a Capufe “indicar si es correcto interpretar que se aceptará cualquier solución distinta a la de Barracuda que cumpla con los requerimientos oficiales”, a lo que la dependencia contestó: “No se da respuesta por no tener relación con las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas”. En entrevista, Álvarez Ganem reconoció: “Trabajamos con Barracuda en la especificación de toda la parte técnica y después se (hizo) la licitación con toda la red de distribuidores”. Negó que “esa prerrogativa sea una mala práctica”. “La red de Barracuda de proveedores en el país es amplia y las características técnicas del producto es lo que necesitábamos”, subrayó. De los diez proveedores que mostraron interés en participar en la licitación pública, sólo tres entregaron propuestas, entre ellos Redisegno. En el fallo, las dos competidoras de Redisegno --Consultores en Tecnología Interactiva del Bajío e Integración de Soluciones Estratégicas- fueron excluidas por “omitir la firma electrónica” en el momento de subir sus propuestas en Compranet. Capufe falló la licitación en favor de Redisegno el 8 de julio de 2015 y 15 días después se firmó el contrato correspondiente por un monto de 75 millones 100 mil pesos para la prestación de servicios de seguridad informática hasta el 31 de diciembre de 2018. Crónica de un despojo El empresario Corella recuerda que a fines de julio de 2015 –unos días después de que Redisegno ganara la licitación y él firmara el contrato con Capufe--, Montuy, el empleado del notario, lo buscó. Le pidió que llevara los equipos de Barracuda a la oficina central de Capufe, en Cuernavaca. Le argumentó que de esta manera podría iniciar el trámite de la facturación. “Una vez que Montuy se cercioró de que mis trabajadores habían ingresado los equipos a Capufe, me citó en las oficinas del notario”, en Tlalnepantla, comenta Corella. Montuy le dijo que la cita tenía como propósito “firmar las fianzas” que se necesitaban para cumplir con el contrato. La programó para el 6 de agosto de 2015. Le pidió que llevase el acta constitutiva de Redisegno y que acudiera la socia minoritaria de esta empresa: Irma Flores Abad, madre de Corella. El empresario sostiene que la reunión fue una trampa. Asegura que el notario los esperaba en sus oficinas con hombres armados. Afirma que a él y a su madre les hicieron firmar documentos cuyo contenido no pudieron leer. Después se enteró que firmó una supuesta acta de asamblea general de accionistas de Redisegno, en la que él y su madre vendían la empresa y renunciaban a cualquier derecho sobre ella. De acuerdo con el acta de dicha asamblea –en poder de los miembros de Méxicoleaks-, Corella y su madre “vendieron” Redisegno en 50 mil pesos a Cristel Amparo López Santos y Carlos Alberto Lugo Vega. Ambos son accionistas de la firma Fact Leasing y, casualmente, empleados de la notaría número 3 del Estado de México, cuyo titular es Martínez Salgado. Fact Leasing se registró ante el notario Martínez Salgado el 16 de diciembre de 2013. Su giro comercial y de servicios carece de especialización en seguridad de sistemas informáticos, según se desprende del acta constitutiva de la empresa. Francisco Montuy –el intermediario entre Corella, el notario y Capufe— aparece como el tercer accionista. Fue un negocio redondo: comprar en 50 mil pesos una empresa que acababa de ganar una licitación de Capufe por 75 millones de pesos. Por supuesto, el propio notario Martínez Salgado protocolizó la operación de compra-venta, la cual fue asentada con el folio 303260 de sociedades mercantiles en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal. Consumada la operación, Corella no se quedó con los brazos cruzados. El pasado 1 de septiembre acudió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y acusó a Martínez Salgado y Montuy del delito de extorsión. La dependencia inició la indagatoria FAS//TI/00870/15-09. En dicha denuncia Corella contó la historia anterior, la cual luego ratificó durante una entrevista con la reportera Nayeli Roldán de Animal Político, medio de comunicación integrante de la plataforma Méxicoleaks. Se buscó al notario Martínez Salgado para que ofreciera su versión de los hechos. Enterada del tema, su secretaria dijo que le haría llegar la solicitud y que devolvería la llamada. Nunca lo hizo. Repentina rescisión Posteriormente, el 3 de diciembre de 2015, Corella envió una carta a Raúl Meléndez Sánchez, titular del Órgano Interno de Control de Capufe. En ella le pide que no admita a nadie más que él en la gestión de trámites o pagos relacionados con la licitación y que rescinda el contrato con Redisegno debido a que incumplió el plazo para operar los equipos, el cual terminaba el pasado 11 de octubre. Subraya que los nuevos propietarios carecían de técnicos certificados para ejecutar los programas de protección. En su carta, Corella advierte que las licencias para operar los equipos de Barracuda no las tiene Redisegno, sino otra empresa de la que él era propietario: Firewalls y Redes de Nueva Generación. Por tanto, si Capufe permitía dicha operación, caería en la ilegalidad. Pero transcurrieron varias semanas sin respuesta alguna por parte de Capufe. Todavía la semana pasada la dependencia canceló una entrevista sobre el tema solicitada por Aristegui Noticias, también miembro de Méxicoleaks. De repente, el jueves 14 Capufe rescindió el contrato con Redisegno. Lo hizo seis meses después de que ésta ganó la licitación. En una carta con fecha 18 de enero de 2016 -justo un día antes de que los miembros de Mexicoleaks publicaran esta investigación conjunta-, Enrique Vázquez Ángeles, gerente de Contencioso Civil, Mercantil, Fiscal y de Amparo de Capufe, le informa al mencionado Heriberto Álvarez Ganem, subdirector de Tecnologías de Información, que se llevó a cabo “el procedimiento de rescisión administrativa 06/2015, iniciado por este organismo en contra de la (persona) moral Redisegno”. Sin embargo, no explica las causas de dicha determinación. Ante la pregunta de por qué Capufe tardó tanto tiempo en rescindir el contrato, Álvarez Ganem dice que ese fue el tiempo que se llevó la investigación y la valoración de pruebas. Además, señala, hubo una confusión respecto del plazo de operación: “los términos del contrato estaban en días naturales, y ellos (los nuevos propietarios de Redisegno) argumentaron que eran días hábiles”. Reconoce que la empresa incumplió sin justificación alguna con la entrega del servicio. Y añade: “Lo que sentimos es que hay un conflicto entre particulares que puso en riesgo el proyecto, de tal manera que se tuvo que rescindir”. Mientras tanto, el pasado 18 de noviembre Capufe firmó con la empresa Reiscom, SA de CV, un contrato de “actualización de licencias del sistema de seguridad informática perimetral”. Fue una medida temporal cuyo costo ascendió a 4 millones 847 mil pesos.