CHIHUAHUA, Chih. (apro).- En su primer día como alcalde de Juárez, y en contra del reclamo de organizaciones civiles, Héctor Armando Cabada Alvídrez –quien llegó por la vía independiente– nombró como secretario de Seguridad Pública al exfiscal Jorge Enrique González, quien fue ratificado por el cabildo, mientras que el gobierno estatal advirtió que presentarán denuncias penales contra éste debido a que dejó una serie de irregularidades en la Fiscalía General (FGE). González Nicolás dejó su cargo apenas el último minuto del lunes 3, pero no se presentó a entregarlo a quien fue designado como fiscal general actual, César Augusto Peniche Espejel, quien será ratificado este miércoles 12 por el Congreso local. El gobernador Javier Corral señaló anoche, después de la toma de protesta de la primera alcaldesa del municipio de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, que el nombramiento y ratificación como secretario de González Nicolás merma la confianza para coordinarse con las autoridades de Juárez frente al incremento de índices delictivos en aquella frontera. La semana pasada, el gobierno estatal emitió un posicionamiento respecto de la propuesta de Cabada para nombrar a González Nicolás como el hombre que lleve el rumbo de la seguridad en Juárez: “Estuvimos en desacuerdo con ese nombramiento, ominoso de entrada, en la colaboración que nos debemos con las autoridades municipales. No puedo dejar de expresar porque siempre digo lo que pienso. Me ha podido muchísimo esa falta de cooperación y colaboración del alcalde. Le insistí muchísimo a Armando Cabada (...) fui informado por el alcalde minutos antes de que diera su nombramiento”. El gobernador dijo que en cinco ocasiones en el periodo de transición se reunió con el alcalde de Juárez, a quien le pidió que el nombramiento del secretario de Seguridad lo analizaran y discutieran previamente. “En mi primer encuentro el único tema que tratamos fue ver con mucho cuidado el nombramiento del secretario, por lo que Juárez es, lo que implica esa plaza en términos de crimen organizado, de cárteles. Espero que sea realmente una ignorancia del alcalde con el nombramiento de González Nicolás. Lo que sí no sabía y llamó mucho mi atención, el vínculo entre alcalde de Juárez y exgobernador (César) Duarte y González Nicolás, siempre se dijo pero es evidente que esa decisión puede enmarcarse en esa sintonía”. [caption id="attachment_448536" align="alignnone" width="1200"] El exfiscal de Chihuahua Jorge González Nicolás. Foto: Especial[/caption] Y es que durante el proceso electoral el periodista Armando Cabada fue cuestionado por sus vínculos priistas, que ponían en entredicho su candidatura independiente. El gobernador insistió en que el exfiscal dejó la dependencia estatal “hecha garras”. “Le he pedido al fiscal general del estado (César Augusto Peniche Espejel) que una vez que sea ratificado por el Congreso, actúe con absoluta firmeza, objetividad, para dar seguimiento sobre distintas denuncias, lo haremos independientemente de que sea o no secretario de Seguridad (González Nicolás)”, advirtió Corral respecto de las irregularidades encontradas en la FGE”. Javier Corral lamentó que Armando Cabada no aceptara la sugerencia de analizar en consenso el nombramiento del secretario de Seguridad, pero ahora conoce que evidentemente fue porque era una decisión tomada. “Por supuesto que merma la confianza (el nombramiento), es una situación muy delicada en ese aspecto; afecta en un asunto donde es muy importante mantener una sinergia de colaboración, de cooperación, de intercambio de información cotidiano. Si la autoridad estatal desconfía de ese nombramiento y lo cuestiona, pues claro que está afectada la colaboración”, reiteró Corral. Luego cuestionó: “¿Por qué el alcalde no quiso entrar con nosotros en una discusión sobre el tema?, ¿por qué no quiso enterarse antes de la información que le pudiéramos dar sobre González Nicolás?, ¿qué es lo que impidió que él pudiera compartir a tiempo? Hay muchas especulaciones, no puedo abordar ahora esas especulaciones. Lamento muchísimo que ese sea el signo con el que se inicie la administración de Armando, y también digo que mi compromiso con los juarenses es el mismo (...) pero lo haremos con más atención, ahínco, con más cuidado y profesionalismo”. Irregularidades en la Fiscalía La FGE se encuentra en bancarrota y esa crisis financiera afectó la operación de la dependencia. Por ello el fiscal general César Augusto Peniche Espejel dio a conocer que reestructurarán la dependencia para abatir el número de carpetas de investigación que están en trámite, porque hay un rezago importante por la falta de una investigación adecuada, lo que trajo además la saturación del área de Servicios Periciales. “Hay un problema de rezago en las carpetas de investigación porque a la Policía de Investigación la trajeron en tareas de prevención, la estructura de reacción y prevención eran utilizadas en tareas coyunturales, cuando deberían investigar y no lo estaban haciendo. Quedaron rezagadas entre 150 y 200 carpetas detenidas para integrar, que en etapas ante el juez no realizaban diligencias, y el resultado eran sentencias absolutorias o sobreseían”, explicó el funcionario. La primera hora del martes 4, cuando asumió la FGE el nuevo gobierno, no hubo quién entregara la oficina del fiscal general, dijo Peniche Espejel, quien además informó que en el área administrativa no hay recursos, tienen parado 40% del parque vehicular, no hay gasolina. Hasta hoy sólo se ha recibido a 150 agentes que estaban asignados como escolta, con su respectivo vehículo, a algún funcionario u otras personas, y el fiscal desconoce cuántos faltan de recuperar porque no hubo una adecuada entrega de la dependencia. Los elementos que ya no son escolta fueron asignados a diferentes áreas, según su perfil. [caption id="attachment_458367" align="alignnone" width="1200"] César Augusto Peniche Espejel, el nuevo fiscal general de Chihuahua. Foto: Especial[/caption] Detalló que por alguna razón que no les han explicado, en la última etapa de las autoridades anteriores se modificaron los mecanismos para llevar las unidades a los talleres para su reparación, y sólo dejaron dos talleres que generaron facturas infladas. “Esto provocó el encarecimiento del costo del mantenimiento preventivo en más del doble de lo que se pagaba. Los talleres no tenían capacidad para todos los vehículos y de todos modos recurrían a una red de otros talleres. En el 2015 y en el 2016 se agotaron el presupuesto más rápido de lo que debían. Se quedaron mil 400 unidades paradas y la Fiscalía General disminuyó la capacidad de respuesta en más de 50%. Es una situación grave, provocada”, acusó el funcionario. Por ello el gobernador anunció que generará acuerdos a mediano y largo plazo para empatar recursos en diferentes área urgentes y en el tema de seguridad, e informó que en un primer análisis de los precios que cambiaron en el mantenimiento de unidades, detectaron irregularidades en la selección de talleres mecánicos, ya que el mantenimiento de unidades pasó de una diversidad de empresas a únicamente dos beneficiadas, razón por la que el gasto se elevó de 2 mil 500 a 6 mil 800. “Eso lo hicieron en todos lados, en la mayoría de las dependencias”. Con las gasolineras también se tienen adeudos importantes, luego que la administración anterior solicitó ampliación de recursos para cerrar el ciclo hasta el 30 de septiembre, pero no hay dinero para octubre, noviembre y diciembre. Los datos son confirmados por una auditoría externa realizada por Profesionales en Administración Pública SC, que advirtió que hubo riesgo de operativos de seguridad en el estado por la falta de liquidez y problemas de corrupción. Los agentes se quedaron durante seis meses, aproximadamente, por falta de recursos, principalmente para combustible, mientras que los actos de corrupción detectados ocurrieron en todos los niveles de la Fiscalía. Corral anunció en su toma de protesta, el martes 4, que en materia de seguridad y procuración de justicia le apostarán al fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público y de la policía, con actuaciones de respeto a los derechos humanos y con sentido social. “Debemos corregir el modelo de policía y respetar la especialización de las divisiones que las integran. La coordinación con los municipios será fundamental para lograr colocar a Chihuahua en los estándares que no se han logrado alcanzar en muchos años, esto es, en una incidencia delictiva por debajo de la media nacional”, dijo el gobernador, al reconocer el alza de los niveles delincuenciales, principalmente de homicidio. Corral advirtió que exigirán de manera respetuosa pero firme, la participación de los demás niveles de gobierno, y en principio llamó a los alcaldes electos a no nombrar como directores de seguridad a jefes delictivos o integrantes de grupos criminales. “No más casos de tortura para obtener confesiones. Necesitamos una investigación científica y aprovechar las herramientas de inteligencia que la propia ley nos permite. Vamos a atender el problema de desplazamiento forzado de comunidades en la sierra y combatir el fenómeno de la desaparición de personas”, agregó y reiteró su compromiso para crear la fiscalía especializada en graves violaciones de derechos humanos, en la que incluirán el delito de desaparición forzada. [caption id="attachment_457688" align="alignnone" width="1232"] Javier Corral en su toma de posesión. Foto: Especial[/caption] También se comprometió a firmar el contrato con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para la identificación de restos encontrados en fosas clandestinas y, de manera inmediata, ofreció iniciar el procesamiento genético de la muestras. Al dirigirse a la población indígena, prometió: “Pondré todo mi tesón, inteligencia, integridad y la influencia de mi gobierno para calmar la violencia, el desorden y la injusticia que han causado tantas pérdidas humanas y materiales, tanto dolor y tristeza para todos. Con ustedes (los indígenas) y los mestizos que también han sufrido despojo vamos a ordenar la vida en la sierra y en los barrancos de la Tarahumara; en las colonias populares de Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc; hasta los valles de Camargo, Jiménez, Delicias y Buenaventura, donde cientos de familias llegan cada año como jornaleros a trabajar en los campos agrícolas desde el sur de la República”. Los capos más buscados La estrategia de seguridad del exgobernador César Duarte fue la inversión en medios de comunicación para simular tranquilidad y paz en toda la entidad, acusan diversos sectores sociales. El exfiscal general Jorge Enrique González Nicolás dio a conocer, en julio pasado, que grupos identificados con el narcotraficantes Rafael Caro Quintero ingresaron a la entidad y disputan la plaza de drogas en el Triángulo Dorado y el Valle de Juárez, aunque por lo menos en la zona serrana sus habitantes han insistido, desde 2011, que la “guerra” la sostienen en la mayor parte de ese territorio grupos divididos del cártel de Sinaloa. Incluso, en Chínipas se han registrado desde noviembre pasado desplazamientos de comunidades completas. Se estima que alrededor de 700 familias han salido de varios poblados y muy pocos han logrado regresar. Los mismos habitantes y representantes del clero, activistas y otros vecinos dieron a conocer que quienes llegaron de fuera, a disputar la plaza contra el grupo Los Salazares (que es “respetado” por los habitantes), son de Sinaloa y se han identificado como gente de Caro Quintero. El caso más evidente es en Guadalupe y Calvo, donde las autoridades municipales no pueden ingresar al poblado de Baborigame y pueblos aledaños, porque los controla otro grupo diferente. El Cártel de Sinaloa se dividió en varios grupos diferentes en algunos municipios de la región occidente y sur de la sierra Tarahumara, de acuerdo con los testimonios de pobladores, autoridades y representantes de distintos sectores que atienden aquella región. Algunos líderes delictivos, identificados por los habitantes de Guadalupe y Calvo y municipios aledaños (donde domina el cártel de Sinaloa), así como de la zona noroeste (donde domina La Línea, el brazo armado del cártel de Juárez, viven y conviven como cualquier vecino de la región, a pesar de que se encuentran entre los más buscados por la PGR. En la zona noroeste opera Carlos Arturo Quintana, El 80, y en Cuauhtémoc, César Gamboa Sosa, El Cabo. En la campaña electoral pasada el PRI postuló como candidata a la alcaldía de Bachíniva a la suegra de El 80 y, al ser cuestionada esa candidatura, la cambiaron por otra mujer. Posteriormente, la Fiscalía informó extraoficialmente que ambos capos fueron detenidos en un supuesto operativo de la Marina, pero ello fue desmentido en su momento por Corral Jurado como candidato a la gubernatura por Acción Nacional, quien dijo que El 80 continuaba amedrentando a la población de los municipios del noroeste, y posteriormente González Nicolás sostuvo la probabilidad de que no hubieran sido detenidos porque no les habían informado sobre algún operativo. Como gobernador electo Javier Corral dio 72 horas a El 80, de quien recibió amenazas en la campaña, para que dejara el estado. La semana pasada se especuló nuevamente sobre su detención, pero el narcotraficante continúa libre. Pero no es todo, pues en la zona de Guadalupe y Calvo y Balleza opera como líder Mario Eleno Félix Corral, El Cepillo, quien es buscado como presunto cabecilla de un grupo delictivo identificado con el cártel de Sinaloa. En esos municipios es vox populi la presencia de El Cepillo, quien se ha convertido en un moderno Robin Hood debido a que apoya a las comunidades, pero también es odiado por otros por la lucha violenta que sostiene con el otro grupo, identificado como Los Chávez. En El Vergel, municipio de Balleza, el capo instaló una red wifi libre, que se llama Del Cepillo para el pueblo. De El Cepillo hay un corrido que circula en Youtube, donde cuenta que nació en Dolores, del municipio de Guadalupe y Calvo, donde le llaman también el 00, y queinició actividades en el mismo municipio, pero en el pueblo La Mesa de San Rafael. “Era tranquilo, mataron a su hermano Manuel” y por eso quiere hacer una limpia de Guadalupe hasta Parral y admira a Noel El Flaco Salgueiro. También El 80 es uno de los objetivos de la PGR y se sabe que opera presuntamente en Namiquipa, Bachíniva, Gómez Farías y Álvaro Obregón para el cártel de Juárez. Él también convive con sus vecinos sin problemas. Las peores consecuencias fueron recibidas por los habitantes de la Sierra Tarahumara, donde se incrementó el número de homicidios desde el 2011. Las últimas semanas, las comunidades indígenas también han sido extorsionadas hasta para que entreguen a agentes municipales o grupos delictivos una cuota por los apoyos gubernamentales de Prospera y 70 y Más. Guadalupe y Calvo y Guachochi se convirtieron en los municipios con mayores índices de violencia en el país. El primero alcanzó en 2012 una tasa de 298.31% de homicidios dolosos, y Guachochi más de 180%, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano. En nueve municipios serranos la tasa de homicidios hasta julio pasado era mayor a 90 homicidios por cada 100 mil habitantes. Guadalupe y Calvo registró 252.56% y los otros con mayor índice de homicidios fueron Uruachi, Urique, Guachochi, Ocampo, Bocoyna, Guazapares y Huejotitán, entre otros. Sin embargo, no hay una cifra real de personas desaparecidas y menos de familias desplazadas, casos que se reportan por decenas. El exfiscal González Nicolás siempre negó esas problemáticas. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la pasada administración del priista César Duarte acumuló más de 14 mil homicidios en su sexenio. Este año los homicidios han incrementado incluso en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, y de acuerdo con el exfiscal general se deben a la disputa por la venta de cristal. Retroceso con Duarte: Cosyddhac Julio Morales Quiñones y Guadalupe Montoya Mercado, quienes trabajan en la zona serrana como integrantes de la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), manifestaron la impotencia de las comunidades y de los defensores, luego d que las denuncias que interponen, anónimas o no, carecen de tienen eco entre las autoridades y dejan a los pobladores a merced de los grupos delictivos, quienes se ensañan más con ellos. Aunque para Cosyddhac no es nuevo el fenómeno de desplazamientos forzados, ya que la organización surgió hace casi 30 años por violaciones de militares a derechos humanos de las comunidades serranas, considera preocupante el problema de impunidad actual. “No ha cambiado la situación de cuando inició Cosyddhac; al contrario, en el pasado gobierno hubo un retroceso de 180 grados, volvimos atrás con lo que habíamos logrado”, acusó Guadalupe Montoya. Los casos actuales que atienden, en medio del acecho de grupos delictivos contra comunidades indígenas principalmente, son por abusos militares, contra agentes de Ministerio Público que no valoran a los indígenas y no toman en cuenta sus denuncias ni testimoniales, “no valoran la idiosincrasia de los pueblos”: “Antes se respetaba el código de honor, había respeto entre los grupos criminales. Ahora el estado está infiltrado en todos los departamentos, a todos los niveles, no hay división de poderes y pareciera que hay una línea para que no se haga nada, porque desvergonzadamente no hacen nada. Ya estamos rebasados”, advirtieron los activistas. Asimismo, la presidenta del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Chihuahua, Leticia Salinas Aguirre, dio a conocer la existencia de una red de trata de personas que opera en la sierra Tarahumara, principalmente con migrantes, para emplearlos de manera forzada en el cultivo y el trasiego de la droga. Jóvenes rarámuri, los “soldados ideales” Jóvenes rarámuri se han involucrado en los grupos criminales y se han convertido en los “soldados ideales” porque dominan el idioma que les da control como informantes, conocen perfectamente el intrincado territorio serrano y pueden pasar desapercibidos en las comunidades y ciudades. “Son los sicarios y halcones ideales, pues son más sanguinarios”, coinciden habitantes y líderes de aquella región. Los indígenas de Chihuahua son agricultores natos, expertos en la limpieza de todo tipo de cultivo, incluidos los enervantes. En el municipio de Bocoyna –y principalmente en Creel– opera un grupo de jóvenes llamado Los Edys, que se autodenominan “Chapos”. Ante el vacío de justicia, se han convertido en referencia moral porque vengan a quienes son víctimas de extorsión, por ejemplo. En puestos de comercio de esos poblados es común encontrar discos compactos con música de narcocorridos con la que se amenizan fiestas de XV años y bodas, a las que asisten sicarios, donde tiran balazos y hay droga. Para los religiosos que trabajan en la zona los indígenas no se van sólo por la violencia, sino por una suma de factores que los han hecho vulnerables en la sierra. También consideran que el narco ha absorbido a algunos rarámuri porque son apreciados por sus facultades y porque es parte del avasallamiento de la cultura occidental. Pertenecer a un grupo delictivo les da seguridad y prestigio dentro de su cultura serrana, porque rara vez se desvinculan de su comunidad. “Son un grupo históricamente discriminados y generalmente hay resentimiento”. El daño a la cultura es profundo, y por eso la Iglesia quiere acompañar a las comunidades, para tratar de atenuar la situación y no condenarlos porque son víctimas. Lo peor es que en pueblos grandes de Guadalupe y Calvo se han normalizado los narcocultivos, donde mestizos de diferentes poblados cercanos a la cabecera municipal refieren que desde hace unos tres años se descaró la contratación y transporte de trabajadores que laboran en la cosecha de enervantes, principalmente amapola.