TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Tras un recorrido de seis días por dos corredores migratorios, este miércoles la Misión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en la Frontera Guatemala-México presentó sus primeros hallazgos documentados de lo que viven hombres y mujeres que cruzan la frontera sur mexicana. “Se ha observado un patrón común de criminalización, persecución y represión a mujeres, migrantes y personas defensoras de DDHH y del territorio que pueden culminar en la privación de su libertad y hasta en su asesinato”, dijeron los 24 expertos mexicanos y extranjeros que participaron en este recorrido que hicieron para conocer lo que viven los migrantes y sus defensores en esta región mesoamericana. La Misión Internacional conformada por 24 personas defensoras de derechos humanos originarias de países como Colombia, El Salvador, Ecuador, España, Estados Unidos, México y Canadá y más de 30 acompañantes pertenecientes a las organizaciones integrantes de México y Guatemala, presentó anoche en San Cristóbal de Las Casas un esbozo de los testimonios que fueron recogiendo en su camino. De las dos rutas que iniciaron y en las que se distribuyeron en diferentes grupos, salieron de la Ciudad de Guatemala, una de ellas partió hacia Quetzaltenango, Huehuetenango, La Mesilla y ya del lado mexicano a Frontera Comalapa, Tapachula, Suchiate, Acacoyagua, Mapastepec, Tonalá y Arriaga. La otra ruta se encaminó hacia Cobán, Sayaxché, Santa Elena y del lado mexicano Tenosique, Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, encontrándose los dos grupos en San Cristóbal de las Casas el día de ayer 15 de noviembre. Recorrieron en vehículos un total de 30 lugares y 2 mil 211 kilómetros de la región transfronteriza. En cada uno de estos lugares, escucharon problemáticas y formas de lucha de más de 70 organizaciones y colectivos y aproximadamente a mil 600 personas afectadas por el despojo, la violencia contra personas migrantes y refugiadas y la violencia de género, entre los que se encontraron pueblos de las etnias mam, quiché, q’anjobal, kakchiquel, tseltal, tsotsil, tojolabal, zoque, chol y mestizos. Visitaron lugares afectados directamente por estas violencias, “pudiendo constatar y documentar situaciones constantes de injusticia pero también de lucha por la vida y resistencia”. Tras lo observado, encontraron en la región transfronteriza patrones comunes de intensificación de un modelo de desarrollo basado en la acumulación económica a partir del despojo de los bienes naturales de los pueblos, el incremento de la movilidad humana a partir de la violencia estructural y generalizada, y de la violencia específica que sufren las mujeres. “La consecuencia de la implementación de proyectos energéticos, mineros, agroindustriales, turísticos y de infraestructura es la invasión y el despojo acelerado del territorio. Además, el desplazamiento forzado de las comunidades locales, provoca también la alteración de los ecosistemas, la contaminación de los suelos agrícolas y de las fuentes de agua y la precarización de la vida de las comunidades campesinas y/o indígenas con consecuentes daños a la salud, condición que se ve agravada al no existir las condiciones que permitan un debido acceso a la misma”, dijeron los activistas. También observaron un patrón común en la consolidación de un enfoque de seguridad nacional con el objetivo de controlar los flujos migratorios, aumentando la presencia militar, de puestos y retenes de control migratorio, en detrimento de un enfoque de seguridad humana. Explicaron que un ejemplo de ello, es la falta de acceso al derecho de asilo y protección internacional para las personas que se están desplazando desde Centroamérica a causa de la violencia generalizada, y para quienes no existe aún un sistema de integración adecuado que permita asegurar condiciones mínimas de seguridad vital. Observaron también otro patrón común de criminalización, persecución y represión a mujeres, migrantes y personas defensoras de DDHH y del territorio que pueden culminar en la privación de su libertad y hasta en su asesinato. Inclusive, esa propia Misión Internacional de Observación, durante ambos recorridos, fue vigilada y hostigada en algunos puntos por parte de agentes de seguridad e inteligencia en ambos países. Observaron que por parte de las autoridades públicas y entidades privadas la profundización de las estrategias de desarticulación y despojo de las identidades culturales campesinas e indígenas y del tejido comunitario y social, acentuando la división dentro de las comunidades. “En los recorridos escuchamos testimonios sobre la profunda crisis de violaciones de derechos humanos hacia personas migrantes y defensores y defensoras del territorio expresadas a través de las amenazas, la criminalización, la trata, las desapariciones, secuestros, robos, asaltos, tratos crueles e inhumanos, tortura y asesinatos masivos. Las violaciones a los derechos humanos tanto en las migraciones como en los despojos del territorio tienen su mayor expresión en el cuerpo de las mujeres ya que además de la violencia mencionada, tienen que hacer frente a la violencia específica que se ejerce a través de la trata, las violaciones y abusos sexuales, feminicidios”, dijo uno de los oradores que leyó el documento con “los primeros hallazgos”. En la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos escuchados por la Misión se identificó una responsabilidad directa de autoridades públicas, en colusión con el crimen organizado y de empresas nacionales y transnacionales, las cuales actúan mediante la cooptación y la corrupción del sistema de justicia, apoyándose con la presencia de empresas de seguridad privada y grupos de civiles armados. Documentaron algunas condiciones que fortalecen y acrecientan la violencia. “Una de ellas es sin duda es la impunidad, observada y registrada en los recorridos de la Misión y que se alimenta de la falta de acceso a la justicia tanto para las mujeres, como para los y las migrantes, los pueblos y defensores y defensoras de derechos humanos. Otra condición más es la corrupción que atraviesa todos los ámbitos de la cultura política, social, económica y jurídica de ambos países”. “No obstante los obstáculos y riesgos que azotan a las personas, colectivos, organizaciones defensoras de DDHH, es esperanzador el incremento de colectivos y población no organizada que está tomando consciencia de la magnitud de estos fenómenos. Como un tema regional, el reto de una consciencia colectiva que está apuntando a la sensibilización y a la organización es particularmente apremiante”, dice el documento leído en un evento público realizado en la plaza central de San Cristóbal de Las Casas.