CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuatro integrantes de la red de operadores financieros que ayudaron a Elba Esther Gordillo a “dispersar” recursos del sindicato magisterial, dinero que terminó en los bolsillos de la maestra, no se presentaron hoy a declarar en el proceso que se le sigue por evasión fiscal a Mauricio Urtaza, dueño de una de las empresas “fantasma” creadas para evadir la justicia. A petición de Urtaza, el titular del 14 Juzgado de Distrito en Procesos Penales Federales citó a Pedro Ramírez Campuzano, Alejandro Rivera Campuzano, Enrique Martínez Ríos y Alejandro Rivera Young para que explicaran por qué recibieron diversas cantidades de dinero de la empresa “fachada” Servicios Financieros DC, sin embargo, los exoperadores de Gordillo no acudieron al requerimiento judicial. Mauricio Urtaza, dueño junto con Alejandro Rivera Young de la empresa Servicios Financieros DC, es acusado de evasión fiscal por 22 millones de pesos, según la causa penal 10/2015. Su empresa se encargaba de recibir el dinero que, previa autorización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la SEP descontaba a maestros como pago a servicios contratados con las firmas Crédito Maestro, ConSuPago y Kondinero. Estas tres empresas enviaban el recurso descontado a los mentores a Servicios Financieros DC, y luego Mauricio Urtaza, por instrucciones de Enrique Martínez Ríos, depositaba parte del dinero en tres empresas en el extranjero vinculadas a Gordillo. Otras cantidades se depositaban a Javier Moreno Valle, a Pedro Ramírez Campuzano, a Juan Díaz de la Torre, actual líder nacional del SNTE, y a José Manuel Díaz Flores (Proceso 2066, 2069 y 2071). Y este último a su vez lo dispersaba entre líderes sindicales de los estados. Mauricio Urtaza manejó por lo menos 200 millones de pesos durante el par de años en que operó y constituyó la empresa Servicios Financieros DC por órdenes de Martínez Ríos y Ramírez Campuzano, pero el empresario ahora sometido a proceso nunca pagó impuestos al gobierno, “pues todo el dinero que entraba salía en los depósitos que hacía a las personas mencionadas”, declaró en diversos momentos a la revista Proceso. Sin embargo, como estas operaciones se realizaron vía transferencias electrónicas, las que pasaban por diversos bancos, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) las detectó y por ello acusó a Urtaza de evasión fiscal por un monto de 22 millones de pesos. Como pruebas de descargo, Mauricio Urtaza presentó toda la documentación que comprueba las transferencias vía depósitos por internet. Y la razón por la que solicitó la declaración de las cuatro personas que hoy no se presentaron fue para demostrar que él no se quedó con el dinero y que por lo tanto quienes debieron pagar los impuestos fueron los exoperadores financieros de Gordillo. A Enrique Martínez Ríos se le quería cuestionar sobre las instrucciones que vía correo electrónico daba a Urtaza para la “facturación y dispersión del dinero”. Alejandro Rivera Young debe explicar por qué como contador de Servicios Financieros DC nunca presentó la declaración de impuestos; también demostrar que Pedro Ramírez Campuzano era el “enlace” entre el SNTE y las empresas y de que era el operador de la maestra Elba Esther Gordillo. Con sus declaraciones, más la documentación ya entregada al juez, Urtaza pretendía poner de manifiesto que ellos se quedaron con el dinero y por lo tanto fueron quienes evadieron al fisco. Las autoridades judiciales no han relacionado la causa penal de Mauricio Urtaza con la de Gordillo quien está acusada de lavado de dinero, delincuencia organizada y evasión y defraudación fiscal. Por cierto, apenas el lunes 14 la exllideresa magisterial fue exonerada de este último ilícito, Mientras que su abogado Antonio del Toro dijo este miércoles en entrevista radiofónica que solicitará se declare como “cosa juzgada” el delito de defraudación. A pesar de que la empresa de Mauricio Urtaza es sólo una parte del entramado financiero que Martínez Ríos y Ramírez Campuzano idearon para “ordeñar” al SNTE y que los recursos terminaran en los bolsillo de Gordillo, según declaró a Proceso el propio Urtaza, ambas causas penales se han investigado por separado, pese a que existe un vínculo entre ambas: José Manuel Díaz Flores. Díaz Flores fue detenido el 13 de febrero de 2013 por los mismos cargos que Gordillo y su caso forma parte de la misma investigación. Él también es uno de los peones utilizados en el entramado financiero que llevó a acusar a Mauricio Urtaza, pues recibió millones de pesos de parte de éste para que a su vez los distribuyera entre dirigentes sindicales estatales. De operador a cónsul honorario Pedro Ramírez Campuzano, uno de los llamados a declarar en el caso de Mauricio Urtaza y que eludió el llamado judicial, entregó mediante sus abogados un escrito al titular del Juzgado 14 de Distrito, donde alega que es “cónsul honorario de Ucrania” y que vive en Baja California, razón por la que no se podía desplazar a la Ciudad de México para declarar. Ramírez Campuzano es hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien diseñó obras emblemáticas de la Ciudad de México, como el estadio Azteca o el Palacio Legislativo de San Lázaro. Enrique Martínez Ríos es un exfuncionario de la década de los ochenta; él y Alejandro Rivera Young, también a través de sus abogados, se dijeron enfermos, por lo que no podían asistir a la audiencia. Y sólo Alejandro Rivera Campuzano, primo de Pedro Ramírez Campuzano, estuvo presente, sin embargo, cuando iba a dar inició la audiencia ésta se suspendió como parte de la estrategia de la defensa de Mauricio Urtaza. Por la intrincada dispersión de recursos que el SNTE realizó con empresas que otorgan créditos a maestros se abrió la causa penal 10/2015 radicado ante el juez 14 de Distrito en Proceso Penales Federales en la capital del país. Es por ello que el dueño de la empresa “fantasma” encargada de dispersar las “ganancias” o “utilidad” que obtenían Crédito Maestro, Kondinero y ConsuPago, debido a los elevados intereses que cobran a los docentes (entre 60 y 180%), y sus operadores enfrentan el delito de “defraudación fiscal equiparable”. Los movimientos de la empresa Servicios Financieros DC fueron motivo de sospecha por parte el SAT, que en 2011 realizó una auditoría fiscal sin que estuvieran presentes los propietarios. En marzo de 2015 detuvieron a los operadores de ésta, pero nunca fueron citados ante el MP, según consta en los escritos que forman parte de la causa penal 10/2015. Desde el punto de vista de la parte acusada, el fisco sólo se preocupó por los ingresos de 129 millones, pero nunca por lo que salió (misma cantidad), es decir, todos los pagos que la empresa realizó vía SPEI (depósitos electrónicos) a diversas personas, las transferencias a tres empresas en el extranjero y los pagos a compañías de seguridad de valores para que trasladaran el dinero en efectivo que salía de Servicios Financieros DC. En los documentos judiciales la parte acusada señala que el Código Fiscal de la Federación establece “las salidas” de dinero como parte de comprobación ante el SAT, Sin embargo, ello no ha sido aceptado por parte del juez como prueba de descargo. En el documento judicial de la casusa 10/2015 se detallan pagos al extranjero (con fecha, número de orden de pago e importe) por un total de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos. Además, pagos vía SPEI “por cuenta de terceros” por un monto de 20 millones 642 mil 886 pesos, donde los terceros son Crédito Maestro, Kondinero y ConsuPago. Y para el caso de las entregas en efectivo, se establece un monto de 11 millones 737 mil 433 para Pedro Ramírez Campuzano. “Entregas realizada en efectivo al domicilio ubicado en el número 170 de Avenida de las Fuentes, en el Pedregal San Ángel de esta ciudad, por la empresa de transporte de valores Grupo Mercurio de Transportes SA (Grumer) para ser entregado a Pedro Ramírez Campuzano”. Luego aparecen las fechas de los envíos con sus respectivos importes. También aparece la relación de poco más de 10 millones en “transferencias electrónicas vía SPEI a Enrique Jorge Martínez Ríos” a sus cuentas de Bancomer, HSBC y Banamex, con sus respectivas clabes interbancarias. A Juan González Pérez se le detectaron depósitos en Bancomer por poco más de 5 millones de pesos, y a Consultoría Internacional por 4.4 millones. A José Manuel Díaz Flores por 6.4 millones en su cuenta de Santander. Este personaje se encuentra detenido por la misma causa de la maestra Elba Esther Gordillo. Incluso figuran en el documento entregado al juez 14 de distrito depósitos vía SPEI por 6.6 millones de pesos a Servicios Administrativos Espival SA, así como a tres empresas en el extranjero por un monto de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos, entre ellas Pineapple Holdings LLC, Goat Enterprises LLC y CV Temple Corporation. Los involucrados han considerado que el juez de su causa lo “es por consigna”. Desde 2011 se sabía de los movimientos de la empresa, pero no fue hasta 2015 en que son detenidos los exoperadores financieros, dos años después de que Gordillo y José Manuel Díaz Flores fueron consignados. En la causa 10/2015 los imputados han solicitado al juez que cite a declarar a todas las personas a las que se les depositó el dinero, sin embargo, según aquéllos, el juez negó la petición, pues dijo que “no había relación con los hechos y lo que había pasado con el dinero”. También se solicitó al juez que pida a la empresa Grumer --que hacía las entregas en efectivo en Avenida de las Fuentes 170-- un informe sobre a quién y donde llevó esos más de 11 millones de pesos. Mauricio Urtaza logró que se le fijara una fianza de 2 millones de pesos para seguir el proceso en libertad, sin embargo, se rechazó el bien que se ofreció por ello. Los nombres que aparecen en toda la trama financiera ilegal del SNTE y los créditos de nómina para el magisterio son Pedro Ramírez Campuzano, Enrique Martínez Ríos, Alejandro Rueda, las empresas Kondinero, Crédito Maestro y ConsuPago. Y entre los presuntos beneficiarios figuran José Manuel Díaz Flores, detenido junto con Gordillo en febrero de 2013; Enrique Martínez Ríos, Jaime Gonzaga Charola y Juan González Pérez. Además de la empresa mexicana Servicios Administrativos Espival; la radicada en Holanda Temple Corporation CV, y las dadas de alta en Texas, Pineapple Holdings LLC y Goat Enterprises LLC.