CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un giro inusitado, el proyecto de la Red Compartida, la más ambiciosa licitación del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones, se convirtió ya en un litigio internacional de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Grupo Altán, ganador de la licitación el pasado 4 de noviembre, ambos en contra del Consorcio Rivada, encabezado por Declan Ganley, quien ha denunciado una serie de irregularidades y presunto tráfico de información privilegiada entre la consultora Deloitte y la subsecretaría de Comunicaciones y Transportes para beneficiar a Altán. A través de un comunicado, la SCT anunció que iniciará acciones legales en contra de Rivada Networks y de Declan Ganley en Estados Unidos y para ello contrató al despacho norteamericano de Jones Day para reclamar los daños ocasionados por los señalamientos. La SCT argumentó que después de haber sido descalificada por no haber entregado en tiempo y forma los mil millones de pesos de garantía para la Red Compartida, Rivada Networks y su director ejecutivo han realizado diversos señalamientos para justificar su incumplimiento. “Las omisiones de Rivada y su falta de seriedad en el concurso no deben dañar el honor y la reputación de las instituciones de nuestro país”, sentenció la SCT y consideró que las acusaciones de Rivada “carecen de sustento y pretenden desprestigiar” a México y a su gobierno. Tráfico de Información La acusación más delicada lanzada por Rivada Networks fue que Grupo Altán utilizó información confidencial de la SCT para elaborar la propuesta ganadora en el concurso de la Red Compartida, que consiste en el despliegue de una nueva red mayorista para servicios de telecomunicaciones que deberá cubrir el 85 por ciento del territorio nacional en un plazo de 5 años y con una inversión público-privada de alrededor de poco más de 7 mil millones de dólares. Rivada Networks señaló a Héctor Góngora Preciado, exdirector general de la subsecretaría de Comunicaciones, como vínculo con la consultora Deloitte Consulting Group, compañía a la que la SCT le pagó 5 millones de dólares. Para sustentar su acusación, Rivada Networks distribuyó las recientes declaraciones de Brett Haan, director ejecutivo y socio de Deloitte, quien admitió el 20 de diciembre ante un acorte del estado de Virginia, Estados Unidos, que sostuvo una reunión con la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, con quien discutió la posibilidad de una adjudicación directa de la Red Compartida a favor de los integrantes de Grupo Altán. Rivada Networks distribuyó las poco más de 30 cuartillas de la versión de las declaraciones de Brett Haan y preguntó en su comunicado: “¿El trabajo por el que la SCT pagó 5 millones de dólares a Deloitte resultó irrelevante? ¿No constituye información privilegiada?.... ¿Niega la SCT que se haya celebrado una reunión entre la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, el señor Brett Haan, directivo y socio de Deloitte Consulting Group, en la que se consultó la posible adjudicación directa de la Red Compartida a favor de Grupo Altán? “Consorcio Rivada no renunciará al ejercicio de sus derechos como concursante en el Proyecto de la Red Compartida y ejercerá su debida defensa a la autoridad en los tribunales mexicanos y en los de Estados Unidos”, sentenció en su comunicado. En su defensa, la SCT aclaró que Góngora Preciado dejó de laborar en la dependencia en junio de 2015 “por lo tanto, el desempeño de sus funciones no tuvo injerencia alguna en el proceso de licitación ni contacto con los consorcios participantes en el concurso”. Sobre el papel de Deloitte Consulting Group, la SCT admitió que el contrato “concluyó” previamente al diseño del proyecto y de las bases del concurso de la Red Compartida y la Secretaría “no utilizó ningún plan de negocios propio o provisto por Deloitte o algún otro consultor para evaluar las propuestas concursantes”. A pesar de esta respuesta, Rivada insistió que la SCT “tiene el deber de investigar a fondo los hechos denunciados y debe abstenerse de celebrar el contrato de Asociación Público Privada con el Consorcio Altán, hasta en tanto se despeje la duda sobre la causa de la descalificación”. La SCT “tiene la responsabilidad de asegurar a los mexicanos que la adjudicación del proyecto de la Red Compartida se ajustó a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia”, subrayó Rivada Networks. Por su parte, Consorcio Altán aclaró que su propuesta para ganar la Red Compartida es “totalmente original, independiente y única” y negó cualquier vínculo con Deloitte. Calificó como “infundadas y maliciosas “las acusaciones de Rivada Networks, rechazó haber accedido a información privilegiada o confidencial para ganar la licitación y que, eventualmente, harán valer sus derechos ante los tribunales competentes. Origen del Conflicto A principios de noviembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descalificó la oferta técnica del Consorcio Rivada por no haber entregado la garantía de seriedad de mil millones de pesos para el concurso de la Red Compartida. Por lo tanto, sólo quedó el otro competidor, Consorcio Altan, formado por un conglomerado de empresas off shore, fideicomisos cuya integración es poco transparente, el megabanco Morgan Stanley (accionista del 33.38 por ciento a través de Marapendi Holding), fondos de inversión como China Mexico Found Investment (CMF) que posee el 23.36 por ciento y las empresas mexicanas Megacable y Axtel, cada una con apenas el 4.01 por ciento de la inversión total. El fallo de la SCT alteró al CEO de Consorcio Rivada, Declan Gangley, quien reveló en su cuenta de Twitter, @declanganley, que fueron “secuestradas” las cajas donde entregarían su propuesta técnica para la Red Compartida, el pasado 20 de octubre. También aclaró que se entregaron cartas de crédito por mil millones de pesos de BBVA Bancomer. Según Ezequiel Gil Huerta, director general de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT, Rivada en lugar de presentar su propuesta de seriedad el pasado 20 de octubre, mostró soló un escrito solicitando una prórroga de 5 días. El 31 de octubre Consorcio Rivada presentó en la oficialía de partes de la SCT una carta de crédito expedida por BBVA Bancomer, con la misma fecha, y por el monto de mil millones de pesos. “Sin embargo, no fue viable responder a esta solicitud ya que las bases de concurso señalan que la SCT debe mantener la igualdad de condiciones en el concurso, por lo que la garantía debió ser entregada en el evento del 20 de octubre”, abundó Gil Huerta. Consorcio Rivada, conformado por Rivada Network y Spectrum Frontier, se inconformó y denunció mediante comunicado emitido poco después de conocerse el fallo que litigará en “las cortes” y se reinstalará su propuesta. Acusó a la SCT de favorecer de manera predeterminada a un solo consorcio. La Red Compartida se trata de desplegar una infraestructura para dar servicios de telefonía móvil, banda ancha y fibra óptica oscura a mayoristas y tener una cobertura del 85 por ciento del territorio nacional. El gobierno, a través de una Asociación Público Privada, pondrá a disposición los 90 Mhz liberados de la banda 700 Mhz, recién desocupados con el “apagón analógico”, así como el par de hilos de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. Se calcula una inversión de 7 mil millones de dólares en 8 años. El proyecto debió iniciar en 2014, pero se retrasó dos años. De los primeros 21 consorcios interesados, sólo quedaron 2, Rivada y Altán. Este último se perfila como el único ganador, ya que fue descalificada la propuesta técnica de Rivada.