En lo que constituye una más de las miles de maniobras que el PRI y sus aliados realizan en el Congreso para colocar incondicionales en puestos públicos que exigen imparcialidad e independencia, como en el ámbito de la impartición de justicia, el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue obstinado no sólo en mantener como procurador general de la República a Raúl Cervantes Andrade, sino en asegurar que la futura Fiscalía General de la Nación, así como la Fiscalía Anticorrupción, nazcan con las manos atadas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 17 de septiembre pasado, semanas antes de terminar su gestión como gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez acudió a la Procuraduría General de la República para responder a una denuncia por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Según la querella, al entonces mandatario se le acusaba de haber adquirido el 15% de las acciones de Banco Progreso Chihuahua, así como de colocar cerca de 834 millones de pesos de las arcas estatales a la misma institución crediticia a tasas de rendimiento preferenciales para el banco. Duarte se presentó acompañado por uno de sus abogados, el penalista Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien defendió al general Tomás Ángeles Dauahare y a los familiares del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon en junio de 2012. El abogado también tiene vínculos con el actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, según acusó en su portal informativo el activista chihuahuense Jaime García Chávez, quien inició las denuncias contra Duarte por haber transferido 65 millones de pesos de dinero público para tener participación accionaria en Banco Progreso Chihuahua. El mismo día que Cervantes Andrade fue electo por la amplia mayoría de senadores como procurador y perfilado para ser fiscal general de la República por nueve años, García Chávez externó en su portal su preocupación “por la cercanía de Cervantes con el exgobernador (César Duarte), lo que en estricto rigor lo debería llevar a deslindarse del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”. Según García Chávez, “lo más grave es que probablemente en algún momento Cervantes Andrade pudo haber llegado a ser abogado asesor del mismo Duarte, lo que lo haría juez y parte al nuevo alto funcionario; y lo es mediante el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana. Esto significa, ni más ni menos, que una noticia que Peña Nieto genera con el polémico nombramiento. Resulta una puñalada por la espalda al pueblo de Chihuahua”. (Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2092, ya en circulación)