Acusaciones de EU a El Chapo, arma de doble filo

domingo, 14 de febrero de 2016 · 11:56
De las siete cortes estadunidenses que quieren a Joaquín El Chapo Guzmán, la del Distrito Este de Nueva York es la que parece tener el caso más robustecido, gracias a que, incluso, llegó a presentar cargos por homicidio calificado, según consta en el expediente 1:09-CR-00466-SLT, presentado el 25 de septiembre de 2014, y firmado por la entonces fiscal del Distrito Este de Nueva York, Loretta Lynch, quien parecía estar decidida a llevar al capo ante la justicia norteamericana. Nadie sabía en ese momento que, siete meses después, Lynch sería nombrada procuradora general de Justicia de Estados Unidos, y que la presión por extraditar a El Chapo crecería, pero de igual manera, tampoco nadie sabía lo que dos meses después de ese nombramiento habría de ocurrir: la segunda fuga del capo. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Luego de la segunda captura de Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán, Sinaloa en febrero de 2014, Loretta Lynch hizo lo que ningún otro fiscal se habría atrevido a hacer en toda la historia de ese país: presentar cargos a un narcotraficante por asesinatos no ocurridos en su territorio. Lynch parecía decidida a hacer lo que fuera para que el capo fuera castigado con todo el peso de la ley estadunidense, por lo que preparó meticulosamente una serie de cargos para enfrentar a los dos principales capos sinaloenses, y cierta información debió haber obtenido de la Oficina Antidrogas (DEA) para, de la mano del fiscal Arthur G. Wayatt, jefe de la Unidad de Antinarcóticos del Departamento de Justicia (USDOJ), buscaran los elementos necesarios para acusar de homicidio a El Chapo y a El Mayo. El Departamento de Estado de ese país presentó entonces todos los documentos necesarios para extraditar al capo, pero por alguna causa que la PGR sigue sin explicar, la petición no procedió, hasta que el 27 de abril de 2015 Lynch fue removida de su cargo para ser nombrada procuradora general de Justicia de Estados Unidos. Con todo el poder que le otorgó su cargo, Lynch buscó nuevamente la extradición, y México sintió entonces la presión que se extendió hasta el 11 de julio por la noche de ese mismo año, en que El Chapo se fugó por segunda vez de la cárcel. Según reportaron medios estadunidenses, Lynch estaba furiosa por esa segunda fuga del capo,  y entonces, utilizando su nuevo cargo, presionó a la DEA para que dieran con él lo más pronto posible, lo que a su vez significó más presión para el gobierno de México. Esas demandas surtirían efecto en poco tiempo, pues seis meses después El Chapo fue reaprehendido en Los Mochis, Sinaloa y Lynch al enterarse de la recaptura, de inmediato mandó redactar un comunicado en donde señalaba que “El Chapo ahora sí respondería por todos sus crímenes”. “Tenemos el caso muy bien robustecido, y la meta es castigar a ese hombre (El Chapo), con todo el peso de la ley”, se lee en el expediente, también firmado por la fiscal Andrea Goldbarg. Cadena perpetua Nunca ha ocurrido aunque en la práctica sí es posible, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente cargos por homicidio contra un narcotraficante, aun cuando se trate de asesinatos que no ocurrieron dentro de su territorio, confirmaron expertos en leyes de ese país. Alan Raphael, exfiscal federal del USDOJ y actual profesor de la Universidad de Loyola, en Chicago, explicó a Ríodoce que existen métodos que sólo se utilizan en situaciones de guerra con otros países, o en delitos cometidos contra sus ciudadanos que es cuando entra una ley conocida como Jurisdicción Extraterritorial, un término legal que le permite procesar a criminales por delitos, aun cuando éstos no se hayan cometido dentro de los límites de su territorio. No obstante, la acusación que hace el Distrito Este de Nueva York parece oponerse a lo que dice la Ley Extraterritorial, porque se trata de homicidio de ciudadanos mexicanos ocurridos en territorio mexicano y por consiguiente, Estados Unidos no tiene nada qué hacer ahí, y tal situación podría debilitar la acusación de los fiscales en contra de El Chapo y de El Mayo, observaron expertos. En un estudio presentado por el jurista estadunidense Mark Gibney, autor del tratado Aplicación de leyes extraterritoriales, el gobierno estadunidense parece perverso por utilizar todo su poder para juzgar a un narcotraficante, gracias a la autoridad que da el Congreso de ese país para castigar a personas que hayan cometido delitos más allá de sus fronteras. “Sin duda existe la forma para castigar a una persona, pero es una medida perversa”, sostuvo el abogado. Sin embargo, Anthony Colangelo, quien es profesor de Leyes de la Universidad de Dedman, en Texas y también exfiscal del USDOJ, considera que esa perversión de Estados Unidos por castigar con todo el peso de la ley, en este caso cadena perpetua, puede resultar un arma de doble filo, pues como puede funcionarle también puede ocurrir lo contrario. “Un acusado, con una buena representación legal, saldría libre de culpa por acusaciones como ésas, ya que los fiscales se estaría excediendo en los límites de la ley, y al final sólo sería sentenciado por tráfico de drogas, pero tendría que ser una pena muy ligera, puesto que estaría el antecedente de que el gobierno intentó excederse con ellos”, explicó en una entrevista concedida a Ríodoce. De acuerdo al código penal estadunidense, la pena máxima que un acusado puede enfrentar por homicidio doloso es pena de muerte o cadena perpetua. La segunda opción sería en este caso la más acertada, pues gracias a los acuerdos bilaterales que hay entre México y Estados Unidos en materia de extradición, no se puede condenar a la pena máxima a un extraditado de origen mexicano. Entre los asesinatos que habrían ordenado El Chapo y El Mayo para proteger los intereses de la organización destacan los de Rodolfo Carrillo y Julio César Quintero Beltrán, además de otras diez personas, incluyendo pistoleros de los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, Los Zetas, funcionarios públicos, agentes policiales, y elementos del Ejército Mexicano. “Las pruebas son arrolladoras, y es demasiado evidente que los dos acusados orquestaron diferentes actos de violencia en México, a través de sus brazos armados que muchas veces eran sicarios que traían o ya tenían en Sinaloa”, establece el documento, del cual Ríodoce tiene una copia. Para fortalecer las acusaciones, Lynch aseguró en su momento que llamarían a un grupo de testigos protegidos que estarían dispuestos a carearse con El Chapo, además de presentar evidencias que incluyen fotos, videos, y llamadas telefónicas que en su momento fueron grabadas. De acuerdo al semanario Proceso, El Chapo ya iniciaría el camino para lograr acuerdos con el gobierno estadunidense, pues esta vez, a diferencia de otras ocasiones, su extradición parece inminente, aun cuando sus abogados siguen interponiendo todo tipo de amparos para evitar la extradición, y según la procuradora Arely Gómez, esos amparos no tienen validez, puesto que de momento no existe una petición de extradición por parte del gobierno estadunidense. Esa situación podría cambiar de inmediato, y en cuestión de horas, El Chapo podría ser extraditado, tal como ha ocurrido con otros capos que también han sido requeridos por la justicia estadunidense. Cortes federales de Estados Unidos que quieren a El Chapo:
  • Distrito Sur de California, presentada en 1995
  • Distrito Este de Nueva York, presentada en 2009
  • Distrito Norte de Illinois, presentada en 2009
  • Distrito Norte de Georgia, presentada en 2010
  • Distrito de New Hampshire, presentada en 2011
  • Distrito Oeste de Texas, presentada en 2011
  • Distrito Sur de Nueva York, presentada en 2012

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