La certificación oficial de las cárceles mexicanas es una farsa. Desde abril de 2011, cuando empezó a aplicarse, a la fecha, la Asociación de Correccionales de América ha cobrado 14 millones de dólares provenientes de la Iniciativa Mérida. Sin embargo, ese organismo ha entregado resultados catastróficos. Los 26 penales que considera más seguros en el país distan de serlo, según el Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria de 2014, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde el sexenio pasado, la Asociación de Correccionales de América (ACA) ha recibido 14 millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos al mexicano para la certificación de 29 de los 431 penales nacionales, pero los resultados son desastrosos, pues los amotinamientos, asesinatos, sobrepoblación, vulnerabilidad y corrupción en las prisiones continúan. La certificación penitenciaria, iniciada en abril de 2011 a petición del entonces presidente Felipe Calderón a través del Programa de Correccionales financiado con recursos de la Iniciativa Mérida, es un gran fracaso. Según la embajada estadunidense, el propósito de ese programa es brindar apoyo al gobierno de México para mejorar las capacidades del sistema penitenciario, que redunde en un manejo más eficiente de su población, e impulsar reformas sustantivas en los reclusorios federales, estatales y municipales para prevenir que las organizaciones criminales trasnacionales operen en ellos. “A la fecha, señala la legación, más de 14 millones de dólares se han comprometido en entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo”. Los reclusorios certificados por la ACA incluyen 16 federales, ocho de Chihuahua, uno de Baja California y cuatro del Estado de México; ahí tres penales se sumaron apenas en febrero pasado. Sin embargo, en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la consultora dirigida por James Gondles no cumple con gran parte de los 139 estándares internacionales que ella misma maneja. Según los diagnósticos del ómbudsman nacional al sistema penitenciario de 2014, en los penales estatales y federales la sobrepoblación es de 74%. Asimismo, en un comunicado la CNDH sostiene que en el primer cuatrimestre de 2015 se registraron 78 incidentes, entre riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones que implicaron a 159 reos. En Estados Unidos, la Prison Legal News –organización civil defensora de los derechos humanos de los reclusos– denunció a la ACA porque, aun cuando se presenta como asociación sin fines de lucro, cobra 3 mil dólares a cada penal y mil 500 dólares al día por cada auditor. En 2011, por ejemplo, la asociación de Gondles recibió 4.5 millones de dólares por acreditación, casi la mitad de sus ingresos de ese año (Proceso 2051). La reportera se comunicó vía telefónica con Gondles para solicitarle una entrevista. Y como el director de la ACA pidió un cuestionario, se le hizo llegar uno de 35 preguntas por correo electrónico. Gondles devolvió la llamada y canalizó a la reportera con Eduardo Guerrero, representante de la ACA en México y comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Guerrero tampoco aceptó la entrevista. La Comisión Nacional de Seguridad respondió por medio de su área de Comunicación Social que las entrevistas “están suspendidas”. Cifras negras En 2011 la ACA certificó los primeros cuatro penales federales: el del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México; el de Occidente, en Jalisco; el Noreste, en Tamaulipas, y el del Rincón, en Nayarit. Dos años después se sumaron el Sudeste, de Huimanguillo, Tabasco; el Nornoroeste, de Durango; el Norponiente, de Sinaloa, y el Oriente, de Veracruz. Asimismo se incorporaron al Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida cuatro penales de Chihuahua y uno de Baja California. En 2014 se otorgó la acreditación al Centro Federal de Readaptación Social 9 Norte; al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, CPF Papantla; al Centro Federal Femenil de Readaptación Social Rehilete, y al Centro Federal de Readaptación Social Morelos. Para enero de 2015, en Chihuahua ya estaban certificados los ocho penales estatales. Y el 16 de febrero último, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, presumió que la ACA certificó cuatro de los 21 penales mexiquenses: el de Otumba; el Guillermo Colín Sánchez, en Ciudad Nezahualcóyotl; el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Valle de Bravo, y la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes Quinta del Bosque, en Zinacantepec. Según Ávila, fueron certificados por la ACA “después de pasar los más estrictos controles en temas como humanidad, justicia, protección, administración y seguridad”. Sin embargo, pese a la certificación, los problemas en las cárceles persisten. En su Diagnóstico de 2014, la CNDH documentó 993 incidentes violentos en penales estatales (ceresos), 740 en los reclusorios federales (ceferesos) y cuatro en las prisiones militares (PM). Las riñas ocuparon el primer lugar: mil 435 y ocurrieron en 700 ceresos, 734 en ceferesos y uno en una PM. Siguieron los desórdenes, con 126, todos ellos en ceresos; los suicidios, con 68 –62 en ceresos y seis en ceferesos–; los abusos, con 51; los homicidios, con 49, y los motines, con cinco, todos ellos en ceresos. En el caso de homicidios, los penales con mayor índice fueron el Distrito Federal (18), Guerrero (seis), Tamaulipas y Estado de México (cinco cada uno), Sonora (cuatro), Chihuahua y Sinaloa (tres cada uno). La mayoría en los dormitorios. Con respecto a los ceferesos, el incidente con mayor número de reportes fue el de riñas: 734. Los centros con más casos fueron los certificados por ACA: el Número 3 Noreste, de Matamoros, Tamaulipas (124); el Número 4 Noroeste varonil, de Tepic, Nayarit (119); el Número 2 Occidente El Salto, Jalisco (115); el Número 12 CPS Guanajuato (94); el Número 13 CPS Oaxaca (56). Por lo general ocurrieron en el comedor, las instalaciones deportivas y en los patios. El Diagnóstico también expone que en los penales certificados se detectó falta de capacitación en los custodios y falta de elementos que cumplieran esa función; así como fallas administrativas. Ello, pese a que en mayo de 2009 se inauguró la Academia Nacional de Administración Penitenciaria en Xalapa, Veracruz, donde fueron capacitados 7 mil 519 nuevos oficiales. De manera adicional, 120 oficiales se especializaron en técnicas de supervisión de primera línea y se impartieron dos cursos a 132 empleados de prisiones: uno de liderazgo en Denver, Colorado; otro sobre Grupos de Amenaza contra la Seguridad/Inteligencia, impartido por personal del Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland. Otros 118 oficiales de prisiones recibieron entrenamiento en procedimientos de respuesta ante situaciones de emergencia, impartidos por especialistas de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, y 22 instructores recibieron su certificación para impartir cursos de respuesta ante emergencias. Se adquirieron también dos unidades móviles para el entrenamiento extramuros sobre el manejo de prisiones estatales y federales. Los instructores federales han capacitado a mil 561 custodios en materia de derechos humanos, desarrollo humano, emergencias, uso de la fuerza y simuladores de armas de fuego. Y las quejas se multiplican Hasta ahora, la certificación de la ACA a los penales nacionales ha sido infructuosa. El Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014 otorga la máxima calificación a los penales de Guanajuato, 7.59, mientras la más baja es para Quintana Roo, 3.66. En este rubro, la CNDH señala que el promedio obtenido en la aplicación del diagnóstico penitenciario en 2014 fue de 6.2 en los ceresos, menor al de 2011 (6.41), al de 2012 (6.28) y al de 2013 (6.10). Según la ACA, los penales certificados de Chihuahua obtuvieron 6.67; los de Baja California, 7.23, y los del Estado de México, 6.01. En Chihuahua, el Cereso Número 3 –al que acudió el Papa Francisco durante su visita a Ciudad Juárez en febrero pasado–, obtuvo 5.61 en el Diagnóstico de la CNDH, mientras el Número 7 de Ciudad Cuauhtémoc, 6.86, y el Número 2, 6.19. Este centro obtuvo 4.53 en cubrir aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; en aspectos que garantizan una estancia digna sacó 7.26; en condiciones de gobernabilidad, 6.2; en reinserción social del interno, 6.53, y en grupos de internos con requerimientos específicos, 3.52, muy lejos de los estándares de la ACA. Respecto a “condiciones de gobernabilidad”, la CNDH indica que falta un manual de procedimientos para traslado de internos y para motines; existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población; presencia de cobros por parte de los custodios, así como por parte de los internos. En dos de las cuatro prisiones mexiquenses certificadas por la ACA se repite el mismo fenómeno que en las de Chihuahua: el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Otumba obtuvo 6.27, mientras el Dr. Alfonso Quiroz Cuarón llegó a 6.22. La tendencia se repite en la mayoría de los ceferesos, en los cuales el promedio fue de 6.83, según el documento de la CNDH. El Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ciudad Ayala, de Morelos, obtuvo 8.18. El Número 2 de Occidente, en Jalisco, el Número 7 de Guadalupe Victoria, Durango, el Número 5 de Villa Aldama, Veracruz, y el Número 4 de Tepic, Nayarit, obtuvieron calificaciones que fluctúan entre 7.22 y 7.76. Otros, de 6.02 a 6.37, mientras que el más bajo es el Número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 5.53. La CNDH indica también que en los primeros cuatro meses de 2015 detectó una sobrepoblación de 74% en los ocho ceferesos donde están recluidos los criminales más peligrosos de México, pese a que son consideradas las instalaciones más seguras del país. Ahí se han registrado 78 incidentes, como riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones entre internos, los cuales implicaron a 159 reos. La vida cotidiana de los reclusos, incluidos los que purgan sus sentencias en las prisiones certificadas, dista mucho de los estándares de calidad que pregonan los especialistas de la ACA. Y ello se refleja en las quejas presentadas ante la CNDH: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 sumaron mil 542. El caso del Altiplano es singular. El 26 de febrero del año pasado, 138 internos enviaron a la CNDH una carta en la que se quejaban por malos tratos. Según el portal Nayarit en Línea, entre los firmantes estaban Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; Héctor Beltrán Leyva, El H, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Meses después, el 11 de julio, El Chapo se fugó. El 18 de mayo de 2015 Sayra Rodríguez, hija de Nestora Salgado, la exlíder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, presa entonces en el Cefereso Número 4 El Rincón, en Nayarit, por presunto secuestro, denunció que los derechos humanos de su madre eran violados de manera constante. Salgado inició una huelga de hambre. El 26 de febrero último, un centenar de custodios del Cereso Número 3 de Ciudad Juárez denunciaron que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales los envían a otros centros penitenciarios del estado sin apoyo económico. Se quejaron de la falta de uniformes y de la mala calidad de la comida.