Mientras en el estado de Guerrero ya fue presentada en la Legislatura local una iniciativa de ley al respecto, en dependencias del gobierno federal circula un meticuloso estudio cuyo título determina su trascendencia: “Propuesta para la legalización del cultivo de la amapola.- Fines científicos y médicos”, cuya copia obtuvo Proceso. Basado en estadísticas duras y en análisis de organismos nacionales e internacionales, el documento establece objetivos muy concretos: abatir las ganancias de los grupos criminales, ayudar a los campesinos pobres de las zonas de cultivo y, finalmente, proporcionarle alivio a los enfermos que necesitan medicamentos derivados del opio, de palpable escasez y carestía en México. La propuesta es provocadora y seguramente desatará debate interno y rechazo de algunos países extranjeros, pero el plan ya está gestándose…
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Entre las autoridades federales circula desde el año pasado un documento que propone legalizar el cultivo de la amapola con fines médicos y científicos. Contiene un proyecto cuya finalidad es atender al creciente número de enfermos que padecen dolores intensos y no tienen acceso a los medicamentos derivados del opio, ayudar a las poblaciones pobres donde se cultiva ilegalmente la planta e impactar en las finanzas del crimen organizado, el cual gana anualmente más de mil millones de dólares por el trasiego ilegal de heroína y opio a Estados Unidos.
El documento –titulado oficialmente Propuesta de legalización del cultivo de amapola. Fines científicos y médicos, y fechado en noviembre de 2015– evalúa la posibilidad de reformar el marco legislativo e institucional en materia de protección a la salud para permitir la producción de amapola en México y destinarla al procesamiento y distribución de medicamentos para aliviar padecimientos crónicos.
La idea es legalizar su cultivo y aprovechar los plantíos ya existentes, concentrados en al menos cinco entidades –Durango, Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y sobre todo Guerrero— de las 13 donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha erradicado en los últimos dos años 15 mil 633 hectáreas de esa planta.
La propuesta –elaborada por un grupo especializado de asesores gubernamentales– se apoya en que ya existen marcos normativos internacionales que lo permiten y señala los ejemplos de Turquía e India, donde la legalización de la amapola se realizó con éxito en 1933 y 1947, respectivamente.
Pero se advierte la posibilidad de que esta propuesta provoque malestar en algunos países.
De hecho se cree que podría haber presión internacional contra esta iniciativa de ley, principalmente de parte de Estados Unidos, el mercado más grande de opioides (derivados de los opiáceos) ilícitos producidos en México.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2056, ya en circulación