Diplomacia pendenciera y vilipendiada

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La reticencia del gobierno mexicano a la observación y asistencia internacional alcanzó su peor momento cuando el presidente Enrique Peña Nieto reiteró desde Dinamarca, el jueves 14, lo que dos semanas antes adelantaban sus colaboradores: el fin de la estancia en México del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), invitados a investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bajo presión internacional y con movilizaciones multitudinarias en el país, el gobierno acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la integración del GIEI. El informe de investigación y primeras conclusiones se presentaron el 6 de septiembre de 2015, señalando irregularidades, inconsistencias y ausencias en la investigación de los hechos, descalificando la llamada “versión histórica”. Luego, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato se renovó seis meses, plazo que concluirá el sábado 30. Desde la presentación del informe, el grupo de expertos encontró obstáculos por parte del gobierno, al cual terminó acusando de violentar acuerdos, alentar el desprestigio contra sus miembros, entre otras cosas por admitir una denuncia (por el destino de los recursos públicos asignados al GIEI) contra el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza. Días antes de anunciar el fin de la relación, la Procuraduría General de la República (PGR) admitió abrir una averiguación previa contra Álvarez Icaza, por ser quien firmó el acuerdo entre la CIDH y México. La Comisión respondió el 29 de marzo con un comunicado en el que afirmaba que había una campaña de desprestigio y reprobaba que se diera entrada a la denuncia. Ese día, el secretario de Gobernación anticipó, en entrevista con Radio Fórmula, que no daría prórroga al GIEI. En reacción a ello, el presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijo en entrevista con este semanario: “No es decisión del señor (Miguel Ángel) Osorio Chong, secretario de Gobernación, dar por terminada la participación del GIEI en el caso Ayot­zinapa. Extender o ampliar la prórroga de trabajo del GIEI es decisión de la CIDH” (Proceso 2057). Lejos de suavizar la tensión, el gobierno peñista se radicalizó. El sábado 2, un grupo colegiado de expertos en fuego y la PGR revelaron conclusiones preliminares que reforzaban la “verdad histórica” ofrecida un año antes, al afirmar que al menos 17 cuerpos fueron calcinados en el basurero de Cocula y asegurando que ahí pudieron desaparecer los 43 jóvenes. En respuesta, el GIEI denunció un día después que la PGR había roto acuerdos y que las conclusiones no se habían trabajado con ellos. La crisis avanzaba y ese día los expertos patentaron su rompimiento con la PGR. El gobierno negó la ruptura el jueves 7 cuando, al anunciar la gira presidencial por Alemania y Dinamarca, el vocero presidencial Eduardo Sánchez, se limitó a recordar que la prórroga concluía el día 30, y la jefa de la oficina de la Cancillería, Ana Paola Barbosa, más diplomática, expuso lo que sería la afirmación persistente en los días que siguieron: “Es importante recordar que fue precisamente el gobierno de México quien, por iniciativa unilateral y nuestra, que se pide la creación de este grupo. Ha sido un diálogo estrecho sumamente útil y seguiremos trabajando y apoyándolos hasta que termine su mandato que es hasta fin de mes” (sic). Finalmente el viernes 15 la CIDH confirmó lo que Peña Nieto había dicho en Dinamarca: que el trabajo del GIEI concluía. La Comisión lamentó la postura del gobierno mexicano en un comunicado en el cual admitía necesitar la anuencia del Estado parte, a contrapelo de las declaraciones previas de Cavallaro. Una semana de crisis La segunda semana de abril arrojó un saldo negativo para el gobierno de Peña Nieto en materia de derechos humanos; al desencuentro con la CIDH se sumaron los cuestionamientos internacionales por el mal desempeño en la materia. En Berlín, aun con el lenguaje diplomático que suele caracterizar las visitas de Estado, el presidente alemán, Joachim Gauck, expresó el lunes 11 frente a Peña Nieto, a propósito de la violencia criminal en México: “Los ciudadanos esperan del Estado, además de la prevención de la violencia, que los crímenes sean esclarecidos y sancionados con prontitud y respetando los principios del Estado de derecho”. En otro encuentro, la canciller Angela Merkel dijo que ofreció a Peña Nieto ayuda para esclarecer la desaparición de los normalistas, apoyar el combate al crimen y, entre otras consideraciones, expuso: “Queremos que la policía mexicana sea más eficiente, también en el respeto a los derechos humanos”. Peña Nieto se limitó a aseverar que México “es un país que protege la defensa de los derechos humanos”. Así, una gira programada para echar a andar una serie de temas económicos, culturales y de turismo, terminaba confrontando al mandatario con su desprestigio internacional. Al día siguiente de su declaración frente a Merkel, el Departamento de Estado estadunidense emitió el informe anual Country Reports on Human Rights Practices for 2015; concluyó que a tres años de gobierno de Peña Nieto las violaciones a los derechos humanos, así como la corrupción y la impunidad, siguen siendo una constante en México. Entre los temas del mencionado informe destaca la existencia de “graves abusos” de policías y militares en ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición. Exhaustivo, el informe documentó también las precarias condiciones carcelarias, las amenazas y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Además observó la falta de transparencia en violaciones graves a los derechos humanos. Ante la contundencia del informe, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Mario Ruiz Cabañas, dijo en Washington que México no negaba los “retos y desafíos” en la materia. Añadió: “Por eso tenemos una política de cooperación muy abierta, vigorosa, con los organismos internacionales y regionales. “Lo que hacen algunos informes que hacen algunos países, pues son ellos los que lo dicen. Nosotros tenemos una gran convicción de que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno federal para atender todos y cada uno de los retos que México enfrenta” (agencia EFE, miércoles 13). La declaración se hacía en el contexto del desencuentro con la CIDH y ante los cuestionamientos a Peña Nieto en Europa. Para colmo, en México, el ómbudsman afirmaba que policías federales participaron en los hechos de Iguala, y en redes sociales se viralizaba un video en el cual se ve a militares y policías federales torturar a una mujer. Rijosidad El primer día de su administración, Peña Nieto enunció la política exterior como eje de gobierno en su planteamiento “México, actor con responsabilidad global”. El relanzamiento de la política exterior, si bien consiguió consolidar temas de la agenda económica, adoptó un matiz contestatario en materia de derechos humanos, al grado de romper con el mesurado lenguaje de la diplomacia. En marzo de 2014, durante el XXV periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno mexicano presentó sus observaciones respecto a 176 recomendaciones que había recibido en octubre durante su evaluación en el Examen Periódico Universal. Sólo aceptó 166, y entre las que rechazó destacaba su negativa a eliminar la figura del arraigo y a reconocer jurisdicción del Comité de Desaparición Forzada de la ONU. Casi un año después, los días 1 y 2 de febrero de 2015, en Ginebra, el Estado Mexicano fue severamente cuestionado por esa negativa. Ahí, fue el subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo quien protagonizó acaloradas discusiones valiéndose incluso de la ironía para responder a los miembros del Comité (Proceso 1997). El 16 de febrero siguiente, no sólo se dejó de aceptar la jurisdicción sino que el entonces canciller, José Antonio Meade, descalificó las recomendaciones del informe del Comité sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, considerando que no fue una revisión exhaustiva y acusando falta de seriedad y objetividad. Quizá la descalificación más famosa fue la que se hizo en octubre pasado al relator especial sobre tortura de Naciones Unidas, a quien de plano, ya no se le quiso recibir en México. Algo similar ocurrió con el relator de Libertad de Expresión al iniciar el gobierno peñista y –precedente de la actual crisis con el GIEI– descalificó el informe de la CIDH, publicado el pasado 2 de marzo. Si bien, la atención internacional en materia de derechos humanos en México se centra en temas de seguridad y justicia, hay otros también de derechos humanos a los que se responde con furia. El martes 12, en medio de la disputa entre la CIDH y a punto de emitirse el informe del Departamento de Estado, el titular de Desarrollo Social, José Antonio Meade, abrió otro frente, ahora contra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que publicó su informe sobre México, enfatizando que en los últimos cinco años no disminuyeron los niveles de marginación. Meade expuso: “Es lisa y llanamente un mal estudio”. Meade reprobó la metodología. El 7 de octubre de 2015 el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se refirió a México a propósito del trato recibido por el relator sobre tortura, invitado por el gobierno mexicano y luego vilipendiado: “Desde hace tiempo México ha sido muy generoso en sus invitaciones; por tanto, ha sido una sorpresa para nosotros cuando el relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, fue sujeto de virulentos ataques personales por parte de algunos actores políticos”, reprochó.

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