El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha sido central en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos: mediante un riguroso trabajo científico desmintió la apresurada “verdad histórica” del gobierno… y eso lo condenó. Mediante una campaña de desprestigio, presiones, madruguetes y mentiras las autoridades lograron que los expertos abandonaran las investigaciones. Pero las críticas planteadas por el GIEI siguen vigentes: no hay pruebas de que los estudiantes hayan sido incinerados en Cocula, la acción de la PGR huele a consigna, no hay certeza de que los restos identificados provengan del basurero y se menosprecian otras versiones que parecen más sólidas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A una semana de que concluya la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación del caso Ayotzinapa –y ante la serie de obstáculos gubernamentales que enfrentó– no hay evidencias concluyentes acerca del paradero de los 43 normalistas desaparecidos. “Es el gobierno de (Enrique) Peña Nieto el que está poniendo las trabas y así no se llega a la verdad; por eso no ha atendido las recomendaciones que hizo el grupo de expertos”, acusa Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete. En entrevista –y en vísperas de conocer de voz de los integrantes del GIEI sus conclusiones, que serán públicas el domingo 24– Navarrete dice que durante las reuniones que sostuvieron los expertos, familiares y sus representantes con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, era evidente que “las búsquedas que se hicieron de nuestros hijos ocurrieron por el trabajo de los expertos, los de la PGR no hacían casi nada”. El GIEI nació el 12 de noviembre de 2014 como parte de las medidas cautelares (MC/409/14) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la desaparición forzada de los 43 normalistas en septiembre de ese año. Inició formalmente su labor en marzo de 2015, con atribuciones para elaborar planes de búsqueda de los estudiantes, analizar el expediente para determinar responsabilidades penales, presentar un plan de atención integral a las víctimas y familiares, y formular recomendaciones generales para atender el problema de la desaparición de personas en México. Durante su primeros seis meses de gestión, el GIEI derrumbó la “verdad histórica” proclamada por el exprocurador Jesús Murillo Karam, que sostenía que los 43 estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos. La “verdad histórica” fue descartada mediante peritaje realizado por un experto en dinámica de fuego, José Torero, conclusión en la que coincidió, meses más tarde, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Fragmento del reportaje publicado en la edición 2060, ya en circulación