Montemayor: del Pemexgate a contratista de la CFE

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Poco después de iniciar la administración de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomó en sus manos la contratación directa de carbón mineral en Coahuila para alimentar dos carboeléctricas cercanas a la frontera. En diciembre pasado, con la promesa de evitar la corrupción y los excesos de gobierno estatal, la CFE realizó una subasta electrónica, que terminó por afianzar el coyotaje y el favoritismo político. En la lista de los ganadores de esa licitación destaca un tecnócrata de la década de los noventa: Rogelio Montemayor Seguy, protagonista del escándalo de corrupción por el desvío de recursos al sindicato petrolero para financiar la campaña del PRI en el año 2000, que el gobierno de Vicente Fox quiso convertir, de manera inútil, en ejemplo del cambio que él encabezaba. Otros de los beneficiarios son Alfonso González Garza, socio de Montemayor, y sus hermanos, a pesar de que en el historial de su sociedad con los Montemayor carga con la muerte de 13 trabajadores y la mutilación de un niño minero en uno de sus socavones colapsado el 3 de mayo de 2011. En general, los contratos asignados por la CFE favorecen a empresas mineras sin minas, así como a caciques carboneros que obtuvieron fallos pero reportaron lugares distintos a los de su concesión, son dueños de lotes concesionados pero éstos no están operando o bien tienen varias razones sociales en una misma concesión. Peor aún, además de las concesiones de Montemayor y su socio, en los procedimientos de contratación, presumidos por la propia CFE en comunicados de prensa, al menos hay un concesionario minero sujeto a investigación en 2012 por ser presunto operador de Los Zetas. Según esos comunicados, la primera subasta electrónica realizada el pasado 13 de diciembre –en la que se asignaron 14 lotes: ocho de 25 mil toneladas de carbón y seis de 50 mil, asciende a más de 400 millones de pesos y que tuvo el acompañamiento de las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social– resultó un fiasco. Proceso solicitó una entrevista a la CFE, a fin de conocer el procedimiento. Hasta el cierre de edición la dependencia no había respondido. Las asignaciones En la subasta del 13 de diciembre se registraron 73 empresas, de las cuales sólo 33 presentaron ofertas. Al final hubo siete ganadores, pero en seis casos las compañías reportaron información falsa, a pesar de la participación de la CFE, su testigo social, y las dependencias presuntamente avalaron el procedimiento. De acuerdo al listado oficial entregado a Proceso por los miembros de la Asociación Mexicana de Productores de Carbón y de la Asociación Nacional de Productores de Carbón, las beneficiarias fueron Carbonífera La Esperanza, Minera Magneta, Geotop Servicios Topográficos, Comercializadora de Minerales Diana, Impulsora JBN, Minergy de México y Minera Tekoli. Según los inconformes, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias –los ganadores ejercen una importante influencia política en la región y son violentos, dicen– la mayoría de las irregularidades están documentadas. El día de la subasta, Minera Magneta llevó como representante al hijo de Régulo Zapata Jaime y Carolina Morales Iribarren: Régulo Zapata Morales. Ambos son exalcaldes de Sabinas e integrantes del grupo político de Montemayor Seguy desde los noventa, cuando fue gobernador. Morales Iribarren es diputada y preside la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos en el Congreso local. La concesión minera presentada por Zapata Morales se llama El Espulgue. Fracc. E y tiene el título 225882, a nombre de Alfonso González Garza, el socio de Montemayor. En ese como en otros casos, los productores carboneros mostraron, GPS en mano, que las coordenadas registradas ante la CFE no correspondían con el polígono de la concesión registrada para la subasta electrónica. Sin embargo, la comisión le adjudicó dos partidas, cada una por 25 mil toneladas de carbón, a 795 pesos por tonelada; es decir, casi 40 millones de pesos. Otra concesión a nombre de González Garza es la que presentó Comercializadora de Minerales Diana, de reciente creación; por lo tanto no tenía forma de comprobar la capacidad de producción contratada por la CFE. Representada por Carlos Alberto Díaz Ramos, la compañía ofreció dos títulos como lugar de extracción, entre ellos el lote Mupo I, título 222015. Al seguir las coordenadas registradas en la subasta se observa que en ninguno de esos lugares hay actividad extractiva; es puro llano. Pese a ello, la comisión le asignó una partida por 58 mil toneladas, a 810 pesos la tonelada; cerca de 47 millones de pesos. Un caso más: Minergy de México llegó a la subasta representada por Alfonso González Vélez, hijo de González Garza, y reportó dos concesiones: el lote Palomas, con el título 216527 a nombre de la empresa Alpha Prime y de Montemayor Seguy; y el lote El 4, a nombre de su padre. La concesión de Montemayor sí tiene mina en el lugar de las coordenadas. El contrato es por 58 mil toneladas para sumar casi 47 millones de pesos que le pagará la CFE. Finalmente, está el caso de la Minera Tekoli, cuyo representante legal es una incógnita. Para conseguir el contrato registró los mismos lotes de Minergy, así como el Mupo I, que ya había presentado Comercializadora de Minerales Diana. Montemayor y la sombra del narco Al iniciar el gobierno de Fox, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Función Pública), a cargo del panista Francisco Barrio Terrazas, abrió una investigación contra el exgobernador Montemayor Seguy, quien también estuvo al frente de Pemex, y contra la dirigencia del sindicato petrolero. En ella se acusaba a Montemayor de haber desviado alrededor de mil 500 millones de pesos de Pemex al sindicato para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa. El inculpado anduvo un tiempo a salto de mata, hasta que fue detenido en Texas. Le colocaron un brazalete electrónico y tiempo después quedó exonerado. Los años siguientes se dio carpetazo al Pemexgate y Montemayor desapareció de los reflectores. En agosto de 2009 reapareció en la región carbonífera, de donde es originario, como dueño de la planta lavadora de carbón que Industrial Minera México, la subsidiaria de Grupo México, poseía en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en 2006. Un grupo de viudas y deudos permanecían en el lugar y exigían la recuperación de los cuerpos de los trabajadores. Montemayor llegó con policías estatales y guardias de seguridad privada y los desalojó. En los últimos 15 años, el gobierno estatal fungió como coyote institucionalizado a través de la paraestatal Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo que servía de intermediario entre los empresarios carboneros y la CFE. Por esa función, los empresarios debían pagar una comisión por cada tonelada, cuyo monto sigue siendo tan opaco como el destino que se le dio al dinero recaudado. Para octubre de 2012, Humberto Moreira, quien ya había dejado la gubernatura de Coahuila, declaró que el Cártel de Los Zetas había incursionado en la minería de carbón (Proceso 1880). Así, los líderes de la organización criminal fueron perseguidos por el estado, pero al mismo tiempo se convirtieron en proveedores de carbón. Los contratos con minas-fantasma y centros de trabajo que sólo eran de papel, “cumplían” con la entrega de toneladas con coyotaje; en otras palabras, el narco operó minas clandestinas y formales. En su edición 1880, del 10 de noviembre de 2012, Proceso informó que entre las empresas que la PGR investigaba por esas fechas destacaban 3 Potrancas, cuyo representante legal era Hidalgo Neaves Cura, y Alpha Prime Minning, representada por Melchor Múzquiz. Con la reciente subasta electrónica, esta última empresa opera en 50% la concesión de Montemayor. Otra empresa con presuntos vínculos con Los Zetas es Impulsora JBN, según publicó el diario Reforma el 5 de noviembre de 2012. Según la información, las autoridades detectaron, entre otras cosas, que los patrones no habían afiliado a ninguno de sus trabajadores al IMSS y su domicilio estaba en Soyaló, Chiapas, a 2 mil kilómetros de la región carbonífera. Hoy, JBN es una de las ganadoras de la subasta electrónica de la CFE. Su representante, Gudelio Cavazos Marroquín, consiguió uno de los contratos por 47 millones de pesos, presentando el lote El Coyote, título 166161, a nombre de la empresa Mexatim. Son la misma concesión y las mismas coordenadas que presentó Geotop Servicios Topográficos, que se adjudicó un contrato cercano a los 20 millones de pesos. Gudelio es hermano de Gustavo, un próspero contratista gubernamental y líder del conocido Grupo Allende, que opera en Nuevo León y está integrado por connotados priistas. De acuerdo con la base de datos de Compranet, donde se registran las compras gubernamentales, en tres años ese grupo suma más de 2 mil 500 millones de pesos en contratos de obra. Además, tiene otros dos por más de 400 millones de dólares en importación de carbón, a través de Soluciones Petronavales, para la central de Petacalco. Reynol Bermea Castilla es el personaje que las autoridades federales identificaron como operador de Los Zetas. El 30 de agosto de 2012 la Policía Estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos de El Reynol. Proceso documentó en su edición 1880 que los pocitos destruidos estaban amparados por una concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza, el socio de Montemayor . Al mes siguiente Bermea Castilla fue detenido por efectivos de la Marina, pero quedó en libertad. Poco después fue acribillado. Pese a todas las irregularidades, la CFE destacó en sus comunicados que se había ahorrado 66 millones de pesos en la subasta de diciembre y presumió que sus procesos de licitación eran “transparentes y comprometidos”.

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