Avances laborales, por presiones de Washington

viernes, 27 de mayo de 2016
Desde hace décadas, sindicatos independientes, activistas y abogados exigían atemperar el sindicalismo charro que caracteriza al PRI. El gobierno nunca los oyó… hasta que Estados Unidos y Canadá presionaron en el mismo sentido para que México pudiera integrarse al Acuerdo Transpacífico. La administración peñanietista presentó dos iniciativas para mejorar la justicia laboral y la vida democrática en los gremios. Sólo falta que se aprueben. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las demandas de justicia laboral que durante 30 años los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Nueva Central de Trabajadores (NCT), abogados laboralistas, legisladores y trabajadores han exigido que sean incluidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), por fin son retomadas por el gobierno federal… pero gracias a la presión de Washington. En febrero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo diversos foros sobre justicia laboral, preparando el terreno para que el 28 de abril el presidente, Enrique Peña Nieto, enviara al Senado dos iniciativas para reformar y adicionar algunos artículos de la LFT y la Constitución. Las propuestas serán aprobadas por los legisladores en el próximo periodo de sesiones. De manera sigilosa, el gobierno había preparado las minutas desde el año pasado debido a presiones desde Washington, que necesita que México se ajuste a los criterios en materia laboral para que pueda integrarse al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, firmado el 4 de febrero en Nueva Zelanda) y así conformar la zona de libre comercio más amplia del mundo, con otras 11 naciones (Proceso 2050). La presión de Washington y el apoyo de los sindicatos estadunidenses y canadienses lograron así que el gobierno cumpliera demandas históricas de los sindicatos democráticos, abogados de lo laboral y legisladores de izquierda, con el fin de acabar con dos grandes injusticias hacia la clase trabajadora: la parcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los contratos de protección patronal. Entrevistados por separado, el litigante Arturo Alcalde y el director de Asuntos Internacionales de United Steelworkers, Ben Davis, dieron un voto de confianza a las iniciativas de reforma, aunque se dijeron preocupados porque las propuestas se queden en el papel o las minutas nunca se discutan en el Legislativo. En la exposición de motivos de estas propuestas, la Presidencia reconoce que la reforma laboral de 2012 dejó temas pendientes, como las reglas para los contratos colectivos de trabajo, el emplazamiento a huelga y el recuento de los trabajadores para dirimir demandas laborales, las cuales fueron propuestas hace cuatro años por la senadora del PRD Alejandra Barrales. La reforma de ese entonces había sido consensuada entre el gobierno federal, las cúpulas empresariales, el PRI y el PAN para beneficiar a los empresarios. En una oscura negociación entre diputados priistas y panistas, se eliminaron las modificaciones a los artículos 388 bis y 390 de la LFT sobre la democratización y la transparencia de los sindicatos, y no se discutió la precarización y el abaratamiento del empleo (Proceso 1881). En una audiencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que se realizó el 11 de octubre de 2012, el dirigente colegiado de la UNT y líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, aseveró que la reforma fue consultada con los empresarios, no con los sindicatos. El exdiputado perredista advirtió que México se convertiría en un país de salarios más bajos y se abriría la puerta al sindicalismo de protección que existe desde los años veinte, pero era ilegal antes de consumarse esta reforma. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, confirmó lo anterior en la Sexta Conferencia Anual de Competitividad y Regulación, realizada el 13 de septiembre de 2012, al declarar que en México “se necesita la flexibilización de la contratación, pero también la flexibilización para despedir a los trabajadores sin que sea tan costoso para las empresas”. En 2010 el entonces titular de la STPS, el actual senador panista Javier Lozano, presentó una iniciativa elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que es la misma que impulsó en 2005, desde la misma dependencia, Carlos Abascal. Entonces la rechazaron los 72 diputados obreros del PRI, entre ellos el líder de la CROC, exdiputado y ahora senador Isaías González Cuevas (Proceso 1744). Las minutas Las iniciativas de reformas con proyecto de decreto enviadas por Peña Nieto al Senado un día antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones plantean crear una instancia autónoma del Poder Ejecutivo que registre contratos y sindicatos y garantice la autenticidad y publicidad de los mismos. “Debemos modernizar la justicia laboral. El pasado 28 de abril envié al Congreso un paquete de iniciativas de reformas en materia de justicia cotidiana, incluyendo una propuesta para transformar de fondo la justicia laboral en nuestro país”, dijo el lunes 2. La primera minuta propone modificar los artículos 390, 895 fracciones III y IV y 931 y adicionar los artículos 390 bis, 390 ter, 931 bis y 931 ter. “Se estima pertinente replantear el esquema que regula el depósito y registro de los contratos colectivos de trabajo (CCT), a efecto de erradicar cualquier práctica irregular o contraria al legítimo interés de los trabajadores, sindicatos y patrones para establecer las condiciones laborales que habrán de regir en el centro de trabajo”, indica la minuta que reforma la LFT. Los sindicatos no podrán emplazar a huelga al patrón por la firma del CCT durante el periodo en que soliciten a la STPS la titularidad del CCT. Los sindicatos estarán obligados a entregar a sus agremiados una copia de los estatutos, del registro sindical y de la directiva sindical, además del CCT, mediante tarjetas electrónicas, para evitar la práctica común en México –y escandalosa a nivel mundial– de que existan “sindicatos de protección”, es decir, aquellos que tienen un registro, firman un CCT con los patrones y negocian ínfimas condiciones laborales para los trabajadores… que no pueden conocer los términos de su contratación. La propuesta pide actualizar las reglas para que los trabajadores puedan elegir con qué sindicato pretenden solicitar la titularidad y administración del CCT, protegiendo la confidencialidad, autenticidad y voluntad de los agremiados, pues en la actualidad estas decisiones se realizan, en la mayoría de los casos, a mano alzada, lo que coarta la libertad. El sindicato deberá garantizar, por ley, un padrón de empleados actualizado, la seguridad del lugar donde se realicen las votaciones y los recuentos, que la votación se realice de forma libre y secreta, la transparencia del conteo de votos –que debe ser público– y el derecho de audiencia. La segunda iniciativa busca reformar los párrafos I, III y IV de la fracción III y el inciso d) de la fracción V del artículo 107 de la Constitución; así como las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII, y adiciona la fracción XXII bis y el inciso c) de la fracción XXXI del Apartado A del segundo párrafo y suprime el segundo párrafo de la fracción XXXI del Apartado A del segundo párrafo del ­artículo 123 de la Constitución, relacionados con los juicios laborales. Esta transformación del sistema de justicia laboral, señala la minuta, incluye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal. “La iniciativa está dirigida a acabar con todo espacio susceptible de prohijar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica. Se debe eliminar todo elemento que convierta a la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso y cuestionable, así como combatir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad”, señala la minuta. Se indica también la necesidad de “actualizar nuestras leyes y hacerlas acordes con la realidad laboral nacional e internacional, así como transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas”. Cita que en la consulta elaborada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) en el marco de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, se subrayó la necesidad de analizar la situación de las juntas respecto a la autonomía y a sus formas de integración tripartita. Concretamente, la iniciativa propone “que la justicia laboral sea impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales locales, según corresponda”. La función conciliatoria estaría a cargo de Centros de Conciliación descentralizados, especializados, imparciales, dotados con personalidad jurídica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. “Se propone revisar el sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales. De esta manera, con el propósito de fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, se considera necesario crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, de atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos inherentes a dichas materias. El organismo también tendrá a su cargo la función conciliatoria en el orden federal”, apunta. Impulsa que la designación del titular de este organismo se realice con la participación del Ejecutivo federal y el Senado, como sucede con otras instituciones nacionales. Plantea que si se aprueba la reforma, ésta entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) –igual que la primera minuta–, para que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales adecuen la legislación laboral dentro del año siguiente, plazo en el que se deberá presentar la terna para el titular del organismo descentralizado. En tanto, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la STPS o las autoridades locales, según corresponda, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos entre el patrón y los trabajadores y sobre el registro de los CCT y los sindicatos. Los Tribunales Colegiados del Circuito del Poder Judicial recibirán los amparos interpuestos contra los laudos emitidos por las juntas. Un voto de confianza El abogado laboralista Arturo Alcalde considera que las propuestas crearían un árbitro confiable para resolver los conflictos: “Podemos decir que es una iniciativa altamente positiva. Pero hay todavía una serie de temas que deberán formularse. “Es interesante la reacción, el silencio de las centrales obreras ‘charras’ y la reacción diferenciada de los juristas auténticos que han apoyado la iniciativa y aquellos que están viendo perder su negocio. Entre ellos están los sindicatos ‘charros’, los gobernadores acostumbrados a administrar la justicia y dan consigna y los abogados que han sido beneficiados de este circuito de corrupción, sobre todo en materia local”, comenta. El litigante destaca la reforma en los contratos de protección, pues hay una condena permanente al sistema laboral mexicano porque se convirtió en el prototipo de la corrupción en el mundo, sometido a una regla de oro: el patrón escoge al sindicato con el que firmará un CCT. Dichos progresos en materia laboral, abunda, se concretaron “por la presión internacional”: “Hubo muchas empresas que le pidieron al gobierno mexicano que hubiera un régimen de derecho, porque ellas están acostumbradas a cumplir con ciertos estándares éticos. Empresas sobre todo extranjeras”. Incluso, añade, hay una campaña a escala internacional contra México por los contratos de protección. Un ejemplo fue la queja 2694 ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que condenó este modelo mexicano: “Exhibieron a México como un paria internacional en materia laboral”. Ben Davis, de los Steelworkers, destacó el avance de las minutas porque retoman demandas antiguas del sindicalismo independiente de México y de Estados Unidos desde el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). “Creo que cualquier iniciativa que viene de este gobierno va a ser cuestionada y muy criticada por la izquierda y por el movimiento sindical. ¡Y debe ser así! Porque el escepticismo tiene fundamento. Obviamente, una cosa es proponer reformas y otra ejecutar y cumplir. Son cuestiones complicadas que implican la creación de nuevas burocracias. Y algunos preguntan: ¿quién va a garantizar que los jueces sean menos corruptos que las juntas?” Esta reportera le preguntó si los sindicatos de Estados Unidos y Canadá presionaron a sus gobiernos para que exigieran a México realizar estas reformas: “Hemos estado muy insistentes con nuestro gobierno, en el Congreso, en las reuniones con el Poder Ejecutivo, en la idea de que si vamos a entrar a nuevos acuerdos comerciales con México no se debe permitir profundizar aún más la represión de los sindicatos democráticos”. Calificó lo ocurrido como una oportunidad para el sistema de justicia laboral mexicano, aunque subrayó el hecho de que el Senado no ha ratificado el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Sería una “decepción muy grande” que no se aprobaran las reformas, consideró Davis. Y recuerda: hubiera sido mejor “si el PRI hubiera tomado la decisión de volver a sus raíces y preocuparse por el bienestar de los trabajadores”.

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