Entre improvisaciones, viene el nuevo sistema penal

Concluido el plazo para aplicar el nuevo sistema de justicia penal, los problemas se acumulan y evidencian las disparidades tanto en las entidades federativas como en las instancias implicadas en su instrumentación. La liberación, el 9 de mayo pasado, de un presunto encubridor de secuestradores puso en entredicho las bondades de la nueva legislación, pero sus impulsores insisten en que la ley va. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A principios de mayo de 2009, Raúl Martínez Gutiérrez fue contratado para hacer un trabajo de santería. Fue llevado a una casa de seguridad en Iztapalapa donde estaban secuestradas las hermanas Esther, Martha y Susana Laguna Aburto. Los secuestradores lo contrataron para que “el trabajo” les saliera bien. Martínez Gutiérrez las encontró vendadas. Las bañó con sangre de gallina y les frotó el cuerpo con hierbas. A los pocos días de ese ritual, ante el impago del rescate, los secuestraron le mutilaron un dedo a una de ellas. Fue el 10 de mayo, el día de las madres. La policía de la Ciudad de México las rescató tras 28 días de cautiverio. Dos de ellas habían sido mutiladas. Tres y dos dedos de la mano izquierda, respectivamente. Los plagiarios fueron detenidos en un operativo. Martínez Gutiérrez, El Santero, tiempo después. En total hubo ocho arrestos. Cada uno de los acusados fue condenado a 60 años de prisión. El pasado 9 de mayo, siete años después del plagio, Martínez Gutiérrez obtuvo su libertad al amparo del nuevo sistema de justicia penal y se volvió el centro de la indignación mediática. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Tsjcdmx), Édgar Elías Azar, se vio obligado a explicar el fallo ante la prensa. Su explicación descansó en los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adoptados por los ministros para operar la reforma penal aprobada por el Congreso y publicada el 18 de junio de 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, promotor de la reforma junto con el gobierno de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida (Proceso 1633). Los legisladores pusieron un plazo de ocho años para el funcionamiento pleno de la reforma y pasar de un sistema de justicia de rasgo inquisitorial a uno acusatorio y oral, con procedimientos transparentes, dinámicos y garantistas. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2067, ya en circulación

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