CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis años de exigir justicia, Irinea Buendía Cortez confió en que la detención del presunto feminicida de su hija Mariana Lima Buendía, sea un primer paso para alcanzar la verdad para su caso y el de cientos de feminicidios en el país, tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En conferencia de prensa Irinea e integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) resaltaron que la detención del presunto feminicida Julio César Hernández Ballinas, por policías federales y estatales el pasado 23 de junio, implica la aceptación por parte del gobierno del Estado de México de seguir los lineamientos fijados por la SCJN en marzo de 2015, en la sentencia de juicio de amparo interpuesto por la madre de la víctima contra el cierre de la investigación, lo que evitó recurrir a las instancias internacionales en busca de justicia. Mariana Lima Buendía perdió la vida el 28 de junio de 2010, y aunque su pareja, Hernández Ballinas, expolicía de investigación, manipuló la escena para aparentar un suicidio, Irinea Buendía sostuvo que se trató de un homicidio, tras un historial de violencia sufrido por su hija durante 18 meses de matrimonio. A seis años del homicidio, la madre de la víctima señaló que Hernández Ballinas, recluido en el Centro Preventivo de Netzahualcóyotl, “está donde debería estar desde el 29 de junio de 2010, pero en ese momento ninguna autoridad me hizo caso, hasta que me comuniqué con el OCNF. Sus abogadas y abogados fueron los primeros que creyeron en mí”. Buendía Cortez apuntó que tanto a Enrique Peña Nieto, entonces gobernador, como a Eruviel Ávila Villegas, les expuso que para resolver el caso de su hija, “sólo se necesitaba voluntad política, pero tuvimos que recorrer todos los caminos legales y llegar hasta la SCJN para que rehicieran la investigación”. La madre de la víctima destacó que todavía falta camino por recorrer, ya que la sentencia de la SCJN, identificada con el número 554/2013, obliga a sancionar a los servidores públicos que incurrieron en por lo menos 58 irregularidades que obstruyeron el acceso a la justicia, así como reparar el daño de manera integral, impulsar un cambio cultural y capacitar a personal en la administración de justicia. Señaló que en apego a la sentencia, estarían por ser procesados al menos 31 funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), entre ellos quien fuera la fiscal encargada de la violencia contra las mujeres, Guadalupe Rosillo Herrera. María de la Luz Estrada Mendoza, Ana Yeli Pérez y Rodolfo Domínguez, abogados del OCNF destacaron que el caso de Mariana Lima descubre las redes de corrupción tejidas en el sistema de procuración de justicia, así como la indiferencia hacia la violencia que sufren las mujeres. Al señalar que pretenden que el presunto feminicida sea sentenciado con la pena máxima de 70 años de prisión, resaltaron que en apego a la sentencia de la SCJN las muertes violentas de las mujeres, tendrán que ser investigadas desde la perspectiva de género. Apuntaron que de acuerdo con registros de 17 estados del país, de enero de 2014 a septiembre de 2015, dos mil 391 mujeres murieron de forma violenta, y de estos casos, sólo en 40% se abrieron expedientes por feminicidio. En cuanto al caso de Mariana, explicaron que tras meses de exigir al gobierno de Ávila Villegas el cumplimiento de la sentencia y la advertencia de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se conformó un Grupo Especializado para la Atención del Caso, adscrito a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, en el que se admitió la participación del reconocido perito forense guatemalteco, Mario Nájera. El dictamen forense derivado de los reportes levantados en 2010, fotografías, pruebas aplicadas al cuerpo de Mariana --exhumado el 21 de septiembre de 2015—así como las pruebas de ingeniería de resistencia hechas al cordón con el que supuestamente se habría suicidado la víctima, y estudios de psicología social y criminología, confirmarían el contexto feminicida. Los abogados explicaron que el inculpado está siendo procesado por homicidio calificado y no por feminicidio, dado que este tipo penal en el Estado de México se determinó después de ocurridos los hechos, además de que Hernández Ballinas tendría que ser sometido a juicio porque siendo servidor público, manipuló la escena del crimen.