Luz verde de la PGR para nuevas indagatorias en el caso Ayotzinapa

miércoles, 29 de junio de 2016
Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sus abogados consideran que el nuevo titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, deberá comenzar a desahogar las 140 comparecencias que ellos solicitaron por escrito a la PGR hace cuatro meses. Sería un gran avance que la investigación se abordara desde la perspectiva de la macrocriminalidad, para dilucidar el funcionamiento del sistema delictivo en Guerrero, sostiene el abogado Vidulfo Rosales Sierra. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a llamar a comparecer a miembros de la clase política de Guerrero, presidentes municipales, altos mandos del Ejército y otros funcionarios, así como a delincuentes procesados, para conocer la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En febrero pasado, los padres de los desaparecidos y sus abogados, integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, entregaron a la procuradora Arely Gómez un escrito en el que advierten que en el curso de la indagatoria PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 “no sólo no se ha terminado de esclarecer el acto criminal; ni siquiera han comenzado a dilucidarse las relaciones que se dieron tanto en el grupo criminal como con actores políticos”. Cuatro meses después, el nuevo responsable de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal –nombrado a principios de junio–, dio el visto bueno para llevar a cabo dichas actuaciones, que implican el desahogo de al menos 140 diligencias, que incluirán interrogatorios a militares, para indagar los vínculos entre el poder público y la delincuencia organizada en ese caso ocurrido hace 21 meses en Iguala, Guerrero. Según el documento consultado por la reportera, hasta ahora la indagatoria se ha circunscrito a procesar a exservidores públicos de Iguala y Cocula, pero se han omitido “los posibles vínculos que dicho grupo podría tener con servidores públicos dentro de otros municipios, e incluso de los ámbitos estatal y federal” (Proceso 2063). El acuerdo de desahogo de diligencias “ocurrió dos días antes de la entrega del “Informe del Caso Iguala” de la PGR. Eso significa que la oficina que encabeza Higuera Bernal debería hacer esas diligencias, llamar a las personas enlistadas y efectuar las inspecciones que se incluyen en el escrito, comenta el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra. “Buena parte de la clase política de la Zona Norte de Guerrero puede estar siendo objeto de una investigación, porque los hechos de Ayotzinapa no se explican sin el concurso de estos otros actores, antes y después de los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014”, dice en entrevista. En el documento, los coadyuvantes recuerdan que la desaparición de los 43 jóvenes “y el posterior hallazgo de más de 100 cadáveres en fosas clandestinas localizadas en las inmediaciones de Iguala” son secuelas de la macrocriminalidad en la región. Es indispensable esclarecer “cómo se fueron gestando las alianzas y las condiciones (para las desapariciones), en las que tienen una participación importante la clase política, las autoridades, los funcionarios de esa región”, insiste Rosales Sierra. Y agrega: “El día de los hechos se da la concurrencia de ellos en los operativos, en el silencio, en las omisiones en que todos y cada uno de ellos incurrieron”. Además de la solicitud de ocho comparecencias a mandos militares y de enviar oficios informativos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), descritos en un reportaje publicado en la edición 2063 de Proceso, los padres de los 43 normalistas y sus abogados pidieron a la PGR esclarecer la posible colusión de algunos políticos guerrerenses con Guerreros Unidos, grupo al que se le atribuye la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. La lista de probables comparecientes incluye al exgobernador Rubén Figueroa Alcocer y su hijo Rubén Figueroa Smutny; Ángel Aguirre Rivero y su sobrino Ernesto Aguirre; el exsenador Héctor Vicario Castrejón; el exalcalde de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui Salgado; Lázaro Mazón Alonso, expresidente municipal de Iguala, exsenador y funcionario del gabinete durante la gestión de Aguirre Rivero. Los solicitantes arguyen que los incluyeron porque recibieron llamadas anónimas según consta en el expediente, de las cuales 25 son consideradas relevantes para las indagatorias. A esas llamadas se les debería dar el mismo trato que “a la llamada anónima que orientó a la PGR hacia la línea del basurero de Cocula, donde – sostiene Rosales Sierra– fue el destino de los estudiantes” (Proceso 2060). Y abunda: “Algunas de esas llamadas son importantes, pueden aportar algún elemento de interés en la investigación y resultar de especial trascendencia en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. Por eso, hoy en día deben dilucidarse todas esas llamadas, buscarse el origen, quién las hizo, dónde se hicieron, esclarecer lo que están señalando y seguir las pesquisas para ver a dónde nos lleva esta información”. Nuevas líneas de investigación Las relaciones de los políticos, presidentes municipales, funcionarios de seguridad pública y militares presuntamente vinculados con miembros del crimen organizado y con los procesados –como el exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa– aparecen también en testimoniales integradas en el expediente de 202 tomos, así como en averiguaciones previas abiertas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Ante las sospechas del involucramiento con el crimen organizado, los coadyuvantes piden a la Oficina para el Caso Iguala girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que proporcione los estados de cuenta del exgobernador Aguirre Rivero, el exprocurador Iñaky Blanco Cabrera y el exsubprocurador Ricardo Martínez Chávez, así como del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Leonardo Vázquez Pérez. La petición de investigación financiera se extiende al excomandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, y al capitán José Martínez Crespo, así como al policía federal Luis Dorantes Macías, quien habría declarado que durante los hechos ocurridos en septiembre de 2014 se le impidió el acceso al C-4. La coadyuvancia pide también que se investiguen las cuentas de los “expresidentes municipales de Taxco de Alarcón (Salvador Majul González, actual diputado federal del II distrito), Huitzuco (Norberto Figueroa Almazo), Tepecoacuilco (Antonio Galarza Zavaleta), Apaxtla (Efraín Peña Damasio) y Teloloapan (Ignacio de Jesús Valladares Salgado); de los directores de Seguridad Pública de Taxco de Alarcón (Roberto Hinojosa Salinas), Huitzuco (José Guadalupe Salas Cruz), Apaxtla y Teloloapan (Jorge García Reducindo)”. Respecto al exsenador Mazón Alonso, se pide su comparecencia para que explique su intervención en el Centro Comercial Galerías Tamarindos y en la empresa Yozis, propiedad del exalcalde igualteco Abarca Velázquez, así como las gestiones que realizó ante la Sedena “para que fuera cedido el predio o parte de éste en el que se construyó dicho centro comercial”. Por lo que atañe a Humberto Velázquez Delgado, quien formó o forma parte de la Policía Ministerial de Guerrero, los promoventes del documento piden a la PGR girar una “orden de presentación y localización”, pues fue identificado por un testigo dentro de una averiguación previa de la procuraduría como vinculado a la esposa del exalcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa. Ella presuntamente “le ordenaba” al comandante “cobrar las extorsiones”. Asimismo, consideran necesario solicitar la colaboración de la embajada de Estados Unidos, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Dirección de Procesos Legales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó que Abarca viajó en 2014 a Chicago en dos ocasiones. En tanto, la Dirección de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria reportó “diversas entradas y salidas” del matrimonio Abarca Pineda “entre los años 2013 y 2014, de los que resultan varios vuelos a Chicago”. Esa información resulta relevante toda vez que, en sus informes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para esclarecer el caso Ayotzinapa– refiere la ruta del tráfico de cocaína y heroína entre Iguala y Chicago, por lo que “los viajes del exalcalde y su esposa a dicha ciudad podrían tener algún vínculo con la estructura de trasiego trasnacional de droga, línea de investigación que hasta ahora no ha sido suficientemente investigada”. Los pendientes Para los padres de los 43 normalistas y sus representantes tampoco está suficientemente clara la estructura de los grupos criminales que operan en la región, en particular la de Guerreros Unidos, a cuyos integrantes se atribuye la desaparición de los estudiantes. Por lo anterior, piden la declaración ministerial de la madre de Pineda Villa, Leonor Nava o María Leonor Villa Ortuño. De acuerdo con constancias de la SEIDO, ella presuntamente involucró al exgobernador Aguirre con el grupo criminal, así como al chofer de la familia, Francisco Ramírez Trejo. En el escrito, los padres solicitan que la oficina que dirige Higuera Bernal pida a la SEIDO el contenido de averiguaciones previas relacionadas con la desaparición de los 43 jóvenes, que no están integradas a los 202 tomos del expediente, como ocurre con las declaraciones de Gildardo López Astudillo, de quien solicitan además la inspección de su teléfono celular. La Oficina del Caso Iguala tendría que pedir a la SEIDO que le ponga a disposición las declaraciones ministeriales, con sus respectivos certificados médicos, y las averiguaciones previas derivadas de las detenciones de Sidronio Casarrubias Salgado, Felipe Rodríguez Salgado, Óscar Rodríguez Salgado, Reynaldo Palacios Benítez o Reynaldo Benítez Palacios, Mateo Benítez Palacios o Mateo Palacios Benítez, José Javier Brito Catalán y Francisco Salgado Valladares. Insisten en que los hermanos Mario, Sidronio y Adán Casarrubias Salgado, quienes se encuentran procesados, deben comparecer para que aclaren si su hermano José Ángel o José Alfredo pertenece al Ejército. A los Casarrubias Salgado se les tendría que interrogar además por la declaración de Gregorio Abeja Linares, procesado en una averiguación previa integrada en 2011 por la PGR, según la cual a Mario Casarrubias “lo mueve la Marina”. Tras solicitar que se giren oficios a la Sedena y a la Secretaría de Marina para que informen si en sus filas está registrado un hermano de los acusados, los coadyuvantes puntualizan que “el esclarecimiento de dicha cuestión resulta fundamental para la investigación y para determinar si los hermanos Casarrubias contaban con algún vínculo dentro de las Fuerzas Armadas”. Para los familiares de los desaparecidos y sus abogados, resulta necesario que la PGR llame a comparecer a funcionarios para que “les interrogue sobre sus acciones y omisiones como parte del Grupo de Coordinación Guerrero en relación con su incumplido deber de prevenir los hechos del 26 de septiembre de 2014, derivado del conocimiento que tuvieron sobre la corrupción del ayuntamiento de Iguala”. Según se deprende de las declaraciones ministeriales integradas en el expediente, “se discutió en varias ocasiones la situación de Iguala, y en particular de su entonces alcalde, José Luis Abarca Velázquez, sin que se hayan adoptado las medidas que la ley faculta a funcionarios con tal nivel de responsabilidad, omisión que incluso podría derivar en responsabilidades penales y administrativas a la luz de los hechos”. Entre los asuntos que tienen que ser explicados, para los coadyuvantes, se incluyen las certificaciones de control y confianza que otorgaron a 27 policías municipales de Iguala y 22 de Cocula implicados en el caso, por lo que solicitan a la oficina de Higuera Bernal girar oficios para que entreguen documentación relacionada con esos elementos –ahora procesados– al Centro de Evaluación y Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a la Comisión Nacional de Seguridad, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Centro Nacional de Certificación y Acreditación. El escrito incluye los nombres de funcionarios de diversas corporaciones que tuvieron algún tipo de actuación la noche del ataque a los normalistas, así como personal de la Marina y de la Policía Federal que participó en las detenciones. Asimismo, piden la comparecencia de los agentes del Ministerio Público Federal que iniciaron la línea de investigación relacionada con el basurero de Cocula, así como del personal de la Marina y de la Policía Federal que intervino en el rescate de restos en el río San Juan. Con respecto al destino de los normalistas, entre las diligencias solicitadas resaltan las relacionadas con la atención a versiones, obtenidas por algunos de los padres, sobre los posibles sitios donde habrían estado sus hijos (en Coacoyula, Tepecoacuilco y la sierra de Tlacotepec), así como la solicitud a los representantes de los Servicios Funerarios El Ángel, de Iguala, de un informe de actividades de septiembre a octubre de 2014, ya que en una manta aparecida en diciembre de 2015 se señala que los responsables de la funeraria “quemaron a los 43 normalistas”. Tras señalar que la Oficina para el Caso Iguala estaría en proceso de girar oficios para solicitar las comparecencias, el abogado Rosales Sierra sostiene que, más allá del desahogo de las 140 diligencias, la dependencia debe aclarar cuál fue el destino de los estudiantes. Y concluye: “Sería un gran avance que la investigación se abordara desde la perspectiva de la macrocriminalidad, sobre todo porque hay elementos de gran trascendencia contenidos en el expediente que no se deben soslayar; nos ayudarían a dilucidar el funcionamiento del sistema criminal en Guerrero, la connivencia o colusión de las instituciones públicas con el crimen organizado, que posibilitó que en una sola noche desaparecieran 43 estudiantes, de los que hasta ahora no conocemos su destino”.

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