Guerrero, sin estructura para el nuevo sistema penal acusatorio

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El gobernador priista Héctor Astudillo Flores acusó públicamente a su antecesor de “abandonar totalmente”, el  nuevo sistema penal acusatorio que deberá entrar en funciones el próximo sábado 18. Ello a pesar de que durante la administración de Rogelio Ortega Martínez, el gobierno de Guerrero benefició a una empresa y tres personas físicas con más de tres millones de pesos a través de 24 contratos para equipar salas de oralidad del nuevo sistema penal acusatorio en la entidad. En un solo día, el 15 de septiembre pasado, la administración del exgobernador Rogelio Ortega Martínez entregó 23 contratos sin justificar el procedimiento legal de la adjudicación y entre los principales acaparadores destaca Claudia Hernández González con un millón 202 mil pesos, así como Víctor Hugo Ríos Morales, con 777 mil pesos. El 9 de octubre, Ortega pagó un millón 181 mil pesos a otra persona física identificada como Julio César Sesma Moreno para elaborar “notas técnicas del nuevo sistema de justicia penal y sistemas regionales”, indican informes oficiales de los “contratos y pedidos realizados” de la dirección general de Adquisiciones y Servicios generales, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina). De esta forma, Ortega destinó en menos de un mes tres millones 283 mil pesos para beneficiar a cuatro personas físicas y una empresa con el propósito de equipar las salas de oralidad del nuevo sistema penal en Chilpancingo, Acapulco, Ometepec y Tecpan, refieren los documentos oficiales a los que Apro tuvo acceso vía transparencia. En contraste, este fin de semana el gobernador priista Héctor Astudillo Flores aseguró que recibió las instalaciones del nuevo sistema de justicia penal “en el abandono total” y lo calificó como inexistente a pesar de la inversión reportada oficialmente por su antecesor. Durante un recorrido que realizó en esta capital, Acapulco y La Costa Chica y Grande, acompañado por la responsable del sistema en el ámbito federal, María de los Ángeles Fromow, Astudillo declaró públicamente que la desatención de la administración de Ortega puso en riesgo la operación del sistema penal acusatorio en Guerrero que deberá entrar en funciones oficialmente el próximo sábado 18. “No había ni un ladrillo, no había tampoco una orientación correcta de la capacitación, o sea, la capacitación se perdió en pocas palabras, no es que no la haya hecho, pero se perdió”, indicó Astudillo. Desde marzo de este año, Apro ha documentado la opacidad y falta de transparencia en la adjudicación de contratos que realizaron los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, así como la actual administración de Héctor Astudillo Flores para beneficiar a empresas y personas físicas con recursos millonarios destinados en 2014 y 2015 por la federación para capacitación, certificación y equipamiento de las fuerzas policiacas y la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en esta entidad colapsada por la inseguridad y violencia. A pesar de ello, la red de complicidad que caracteriza a la clase política advierte que este caso que exhibe opacidad en el uso y aplicación correcta de los recursos públicos quede impune.

Comentarios