El sinuoso camino del dinero del SNTE

miércoles, 8 de junio de 2016

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para desentrañar la intrincada red de dispersión de recursos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizó con empresas que otorgan créditos a maestros, se abrió la causa penal 10/2015 radicada ante el juez 14 de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

En esa causa, la empresa Servicios Financieros DC, encargada de dispersar las “ganancias” o la “utilidad” que obtenían Crédito Maestro, Kondinero y ConSuPago –por los altos intereses que cobran a los docentes, de entre 60 y 180%–, y sus operadores enfrentan el delito de “defraudación fiscal equiparable”.

Los movimientos de Servicios Financieros DC fueron motivo de sospecha para el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que en 2011 realizó una auditoría fiscal sin que estuvieran presentes los propietarios. En marzo de 2015 fueron detenidos los operadores de la compañía, pero nunca fueron citados ante el Ministerio Público, como consta en los escritos que forman parte de la causa penal 10/2015.

Desde el punto de vista de la parte acusada, el fisco sólo se preocupó por el ingreso de 129 millones de pesos, pero nunca por lo que salió (la misma cantidad); es decir, todos los pagos que la empresa realizó vía el sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) a diversas personas, las transferencias a tres empresas en el extranjero y los depósitos a empresas de seguridad de valores para que trasladaran el dinero en efectivo que salía de Servicios Financieros DC.

En los documentos judiciales la parte acusada señala que el Código Fiscal de la Federación establece “las salidas” de dinero como parte de comprobación ante el SAT. Sin embargo, eso no ha sido aceptado por parte del juez como prueba de descargo.

En el documento judicial de la causa 10/2015 se detallan pagos al extranjero (con fecha, número de orden de pago e importe) por 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos.

Además, pagos vía SPEI “por cuenta de terceros” por 20 millones 642 mil 886 pesos, donde los terceros son Crédito Maestro, Kondinero y ConSuPago.

Y para el caso de las entregas en efectivo se establece un monto de 11 millones 737 mil 433 para Pedro Ramírez Campuzano, hijo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez: “Entregas realizadas en efectivo al domicilio ubicado en el número 170 de Avenida de las Fuentes, en el Pedregal San Ángel de esta ciudad por la empresa de transporte de valores Grupo Mercurio de Transportes, S.A. de C.V. (Grumer) para ser entregado a Pedro Ramírez Campuzano”.

Luego aparecen las fechas de los envíos con sus respectivos importes. Proceso intentó comunicarse telefónicamente a ese domicilio, pero no logró el contacto.

Aparece también la relación de poco más de 10 millones en “transferencias electrónicas vía SPEI a Enrique Jorge Martínez Ríos”, a sus cuentas de Bancomer, HSBC y Banamex, con sus respectivas clabes.

A Juan González Pérez, por poco más de 5 millones de pesos en Bancomer; a Consultoría Internacional, por 4.4 millones de pesos. A José Manuel Díaz Flores, por 6.4 millones de pesos en su cuenta de Santander.

Este personaje está detenido por la misma causa que implica a Elba Esther Gordillo.

Figuran, en el documento entregado al juez, depósitos vía SPEI por 6.6 millones de pesos a Servicios Administrativos Espival, S. A. de C. V.; a tres empresas en el extranjero por un monto de 12 millones 55 mil 956 pesos con 87 centavos: Pineapple Holdings LLC, Goat Enterprises LLC y CV Temple Corporation.

Los implicados consideran que se les juzga “por consigna”. Desde 2011 se sabía de los movimientos de la empresa, pero no fue sino hasta 2015 cuando fueron detenidos; es decir, dos años después de la consignación de Gordillo y Díaz Flores.

En la causa 10/2015 los imputados han solicitado al juez 14 de Distrito que cite a declarar a todas las personas a las que se les depositó el dinero. Sin embargo, según el dicho de éstos, el juez se ha negado pues dijo que “no había relación con los hechos y lo que había pasado con el dinero”.

También se solicitó al juez que le pida a la empresa Grumer –la que entregaba el efectivo en Avenida de las Fuentes 170– un informe de dónde y a quién se le llevaron esos más de 11 millones de pesos.

Los afectados lograron obtener una fianza de 2 millones de pesos para seguir el proceso en libertad.

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