CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El resurgimiento de las contingencias ambientales y sus secuelas en el Valle de México terminó por fracturar la luna de miel que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, mantenía desde el inicio de sui gestión, hace ya casi cuatro años, con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Justo cuando su popularidad se encuentra en su peor momento –70% de los capitalinos desaprueba su gestión, según la más reciente encuesta de El Universal--, cuando una facción de la dirigencia del partido que lo llevó al poder en la capital del país, el PRD, comienza a cuestionar su actuación al frente de la metrópoli, y de cara a la sucesión presidencial, Mancera empezó a endurecer su discurso, algo que no había ocurrido a lo largo de los tres años y medio de su gobierno.
El pasado martes 12, en entrevista con Radio Fórmula, Mancera Espinosa explotó contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), luego de que dicha dependencia amagó con revisar con lupa los verificentros que operan en esta ciudad y que la semana pasada tuvieron que cerrar sus puertas ante el descontento de los capitalinos.
“Que se verifique todo lo que se tenga que verificar, que hagan las visitas miles que se tengan que hacer. Lo único es que tampoco vamos a estar en sintonía con juegos o manejos políticos”.
Visiblemente molesto, añadió:
“Espero que lo hagan en el marco de la legalidad (porque) podemos entrar en una controversia. Si esto se politiza, nosotros estamos listos para continuar, porque no vamos a permitir que se siga afectando a la ciudadanía nada más porque a alguien se le ocurre”.
Mancera Espinosa reconoció que la Semarnat tomó en cuenta algunas sugerencias hechas por su gobierno para sumarlas a las medidas adicionales a la Norma Emergente que anunció el lunes 11 por la tarde.
Por ejemplo, mencionó la réplica en la Megalópolis del sistema de monitoreo ProAire que opera en la capital, la conversión a taxis híbridos, el fondo de recursos para impulsar la renovación del transporte público y la incorporación de otras secretarías federales para buscar la solución al problema de la contaminación ambiental.
Sin embargo, criticó: “Eligen una serie de acciones sin ton ni son que, lejos de ayudar a que la gente pueda verificar sus vehículos, se ponen a realizar unas acciones que las vemos muy distantes de lo que se ha venido platicando”.
El lunes 11, al encabezar la presentación de resultados en el combate al robo de vehículos en la delegación Iztapalapa, el funcionario recordó que el gobierno federal no ha instalado cámaras detectoras de placas para evitar que los vehículos robados salgan de territorio capitalino.
Y así lo reclamó:
“Una vez más le hacemos el llamado al gobierno de la República —que luego se enojan y nos amenazan con que nos van a mandar a la Profepa, que la manden, que nos la manden, ahí vamos a estar pendientes de su llegada—, pero hoy les volvemos a decir: ¿cuándo van a tener las cámaras detectoras de placas en las casetas por donde pasan los vehículos que se roban? ¿Cuándo?”
El origen
La afrenta más clara de Miguel Ángel Mancera con el gobierno federal y que rompe la sana relación que hasta ahora llevaba con él, tiene su origen desde el pasado 1 de julio, cuando entró en vigor la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016.
Entonces, la Profepa comenzó a revisar que los establecimientos de las seis entidades que componen la megalópolis cumplieran con el nuevo ordenamiento.
Al mismo tiempo, cientos de automovilistas acudieron a los verificentros para la revisión de sus autos, pero se llevaban la sorpresa de que no podían hacer el trámite porque éstos no estaban en completa operación.
La semana siguiente fue peor, pues de plano 63 de los 67 lugares de servicio que existen en la ciudad cerraron sus puertas ante el temor de ser clausurados o que sus líneas de medición fueran suspendidas por la autoridad federal.
El pasado miércoles 6, Mancera Espinosa reventó y culpó a las autoridades federales de obstaculizar el trámite de la certificación de la calibración de los dinamómetros y de que los capitalinos no pudieran verificar sus vehículos:
“Se está exigiendo un documento que solamente lo puede expedir la autoridad federal y yo esperaría que el fin de semana tengan esta documentación”, dijo.
Al día siguiente, en una conferencia “urgente”, el titular de la Profepa, Guillermo Haro, le enmendó la plana al mandatario local al explicar que las sanciones a los verificentros se debían a que no acreditaron la debida calibración del sistema de pesas y no por la de los dinamómetros.
Y sin aludir a Mancera señaló culpables: “La información del gobierno capitalino es imprecisa”.
Incluso, culpó a las “autoridades locales” de tener en “el abandono y la indiferencia” a estos establecimientos.
Otras afrentas
Hasta el actual conflicto ambiental, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera había mantenido una actitud de no enfrentamiento con el gobierno federal, aunque no pocas veces le sobraron oportunidades.
Por ejemplo, el pasado 17 de marzo, el aspirante presidencial mostró un rosto severo, casi de inconformidad y molestia, en la reunión que tuvo con el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, luego de tres días de contingencia; la emergencia ambiental más severa desde hacía 14 años en el valle de México.
En lo que duró esa crisis, los tres personajes lanzaron reclamos y repartieron culpas por los niveles de contaminantes en la zona metropolitana, hasta que el presidente Peña Nieto los convocó a reunirse con Pacchiano y salir ante las cámaras de los medios de comunicación en medio de forzados abrazos y apretones de mano.
Días antes de ese encuentro, Mancera también tuvo intercambio de declaraciones con el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, por la polémica de quién tiene la batuta para decidir sobre el futuro del espacio que quedará cuando deje de operar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Pero no fue el único motivo de discrepancia con ese funcionario, pues el jefe de gobierno también le reclamó la falta de recursos económicos para invertir en el mejoramiento de la Línea A del Metro –que incluye estaciones en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz, así como para la sustitución de microbuses y autobuses de transporte público concesionado en la capital.