Los escándalos que provocan los intentos de los gobernadores salientes de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua por blindarse jurídicamente contra demandas posteriores a su mandato, tienen un profundo alcance económico. Conscientes del tamaño del boquete que dejaron en las finanzas de sus entidades y del abultado porcentaje que alimentó la corrupción, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte intentaron ocultar parte de la deuda en los registros de Hacienda. Se informe o no de los montos desviados, bursatilizados y robados, esos enormes adeudos son bombas de tiempo para esas entidades y para el presupuesto federal.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un manejo desordenado de los recursos públicos y una “corrupción manifiesta” que involucra a los gobernadores y su equipo, empresas privadas, bancos y contratistas, predomina en las deudas estatales, que en total ascienden a 531 mil 822 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Si a esta cifra se agregan los mecanismos de “bursatilización”, los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y los bonos Banobras, el total del adeudo se eleva a más de 715 mil millones de pesos, es decir, 81.4% más que en 2010, de acuerdo con el reporte de Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Las recientes leyes estatales para “blindar” la deuda pública de los gobiernos priistas salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, así como el intento de nombrar a fiscales estatales anticorrupción a modo para los mandatarios salientes, provocaron escándalos.
En las tres entidades hubo alternancia política después de registrar el mayor crecimiento de su deuda pública en las administraciones priistas, con los índices más elevados de deuda per cápita. Además, se manejaron irregularmente recursos recaudatorios como el Impuesto Sobre Nómina en Veracruz y Chihuahua –donde además se bursatilizaron los ingresos del Fideicomiso Carretero hasta 2038– y el Impuesto al Hospedaje en Quintana Roo, con un presunto desvío de mil 464 millones de pesos.
La deuda de Quintana Roo creció 115% bajo el gobierno de Roberto Borge, al pasar de 10 mil 265 a 22 mil 542 millones de pesos. Es la deuda per cápita más alta del país (casi 15 mil pesos) y tiene mil 15 millones de pesos pendientes de aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La administración saliente deja adeudos por 224 millones de pesos a proveedores de promoción turística en Cancún y 118 millones en la Riviera Maya.
En cuanto a la deuda de Chihuahua bajo el gobierno de César Duarte, pasó de 12 mil 547 a 42 mil 176 millones de pesos: un incremento de 210% desde 2010, el más alto de todo el país.
Es la tercera mayor deuda per cápita del país: 12 mil 23 pesos por habitante. Además, de última hora el Congreso estatal aprobó “bursatilizar” los excedentes de 6 mil millones de pesos por ingresos del Fideicomiso Carretero vigente hasta 2038, con lo cual compromete los recursos de las siguientes administraciones, comenzando por la del panista Javier Corral. La maniobra de César Duarte beneficiará, en cambio, a entidades financieras como Interacciones, Inbursa, Multiva y Banorte, según los reportes internos del fideicomiso.
Con el polémico mandatario priista Javier Duarte la deuda de Veracruz creció 113% hasta sumar 45 mil 879 millones de pesos, la cuarta más grande del país (sólo por debajo de Nuevo León, la Ciudad de México y el Estado de México). Per cápita, la deuda veracruzana es de 5 mil 665 pesos por habitante, pero es la entidad con un mayor adeudo a proveedores (11 mil millones) y tiene pendientes de aclarar 15 mil 839 millones de pesos ante la ASF.
Fragmento de la entrevista que se publica en la edición 2075 de la revista Proceso, ya en circulación.