La radio en Guerrero, un botín comercial

lunes, 12 de septiembre de 2016
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El desmantelamiento de la estación de radio Digital 106.3 –acción ejecutada por la Procuraduría General de la República (PGR) hace tres días– exhibió irregularidades relacionadas con el acaparamiento de las concesiones del espectro radioeléctrico en la entidad, y el otorgamiento discrecional de publicidad oficial. La mezcla de intereses políticos y empresariales en la entidad ha provocado que la radio sea considerada un botín comercial donde prevalece la violación sistemática de la legalidad, aunado a la corrupción y el descontrol, en lugar de garantizar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado sin mecanismos de cooptación económica. Reportes oficiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indican que en esta capital sólo están autorizadas para transmitir en Frecuencia Modulada (FM) tres estaciones radiofónicas: XELI, 94.7; XHEZUM, 105.1 y XHCHG, 107.1. No obstante, en esta misma frecuencia transmiten cuatro estaciones más, por lo que suman siete hasta el momento, descontando la recién desmantelada 106.3. Del total de estaciones que transmiten en la entidad vía FM, dos no tienen permiso de la autoridad federal: Radio Universidad (en el 90.7) y la 102.9, de la que sólo se conoce como un espacio radiofónico que promueve la santería. Las otras dos, Capital Máxima (97.1) y Audiorama (99. 7), tienen permiso para transmitir en FM, pero no en Chilpancingo, sino en los municipios de Eduardo Neri y Tixtla, respectivamente, según el informe del IFT solicitado vía transparencia. En el caso de Capital Máxima –una de las dos radiodifusoras afincadas de manera ilegal en esta ciudad y promotora, junto con Audiorama, del desmantelamiento de Digital 106.3–, el gobierno estatal le asigna de manera discrecional un promedio mensual de 100 mil a 300 mil pesos por concepto de publicidad oficial. El pasado viernes 9, bajo el argumento de que no tiene permiso federal para transmitir, agentes federales irrumpieron en un edificio del centro de la capital y decomisaron la antena y el transmisor, así como equipo de cómputo y radiocomunicación de la estación Digital 106.3. Los uniformados también mantuvieron incomunicados a los trabajadores e intentaron llevarse detenido al periodista Gamaliel García Barrera, pero un grupo de reporteros, profesores y ciudadanos lo impidió, y prácticamente rescató a golpes y empujones al comunicador y conductor del espacio de noticias matutino de la estación. Las autoridades federales justificaron el cateo, decomiso e intento de detención de García Barrera al afirmar que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión habría presentado una denuncia formal ante la PGR contra los promotores de la estación Digital 106.3. Por su parte, García Barrera calificó el hecho como un atentado a la libertad de expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada, así como una maniobra de los grupos radiofónicos que tienen acaparado el espectro radioeléctrico en la entidad, ya que no permiten la participación de ciudadanos en la subasta de concesiones y mucho menos que existan radios comunitarias en la entidad. Por ello, anunció que seguirán buscando los mecanismos legales para obtener una concesión comercial o de servicio social que otorga el gobierno federal.

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