Los activistas del Colectivo Solecito de Veracruz insisten: durante la administración de Javier Duarte, la entidad se convirtió en un gran narcocementerio cuya magnitud  aún no se conoce. Hasta ahora, los integrantes de esa organización han localizado 81 narcofosas sin el apoyo de las autoridades federales y estatales, lo que ha puesto en aprietos al mandatario y al fiscal estatal Luis Ángel Bravo Contreras. Hay fosas clandestinas hasta en la zona portuaria veracruzana.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los hallazgos de las decenas de cementerios clandestinos en varios municipios de Veracruz enturbian cada día más al gobierno del priista Javier Duarte, quien entregará el poder el próximo 1 de diciembre al panista Miguel Ángel Yunes Linares. En las últimas semanas, los integrantes del Colectivo Solecito de Veracruz, que aglutina a madres de desaparecidos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, descubrieron 81 fosas tanto en Xalapa como en el puerto jarocho. En la capital veracruzana detectaron una fosa con huesos de cinco personas y no tres, como presumían al principio, así como lápidas con nombres alterados, cuerpos enterrados sin la autopsia correspondiente, así como otras “irregularidades”, entre ellas la desaparición de los restos de la joven Gemma Mavil Hernández, quien fue levantada en 2011. En el fraccionamiento Colinas Santa Fe, en el Puerto de Veracruz, los rastreadores del Colectivo Solecito de Veracruz localizaron un narcocementerio inacabado en el traspatio del recinto portuario. Hoy, ese colectivo es un referente imprescindible, lo que incomoda al gobierno duartista, incapaz de atender el clamor social sobre las desapariciones forzadas y el manejo de los cuerpos No Identificados (NI) en territorio veracruzano. La Policía Científica y la Fiscalía General del Estado apenas han logrado “procesar” (limpiar, retirar tierra y basura, acomodar huesos y determinar de cuántas personas se trata) 11 de las 81 fosas “por la falta de recursos humanos y económicos”. La organización halló indicios concretos de 32 cuerpos en un radio de dos hectáreas y aún les faltan 14 por explorar. El jueves 8, tras dos años de cerrazón sistemática en torno a las fosas clandestinas y las irregularidades en las exhumaciones de los NI, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras, envió un documento al Poder Legislativo estatal en el que solicita un espacio para hablar ante la Comisión de Procuración de Justicia sobre el narcocementerio y las irregularidades en los panteones xalapeños. Días después, el funcionario concedió una entrevista colectiva en la que admitió que hubo “movilizaciones ilegales” de cuerpos en las fosas comunes del panteón municipal de Palo Verde que “pudieron” haber sido solapadas o causadas por elementos de la Policía Ministerial y el Servicio Médico Forense. “Eso te habla de una movilización de cuerpos sin autorización y eso es lo que estamos investigando, sin soslayar que la prioridad es encontrar a Mavil Hernández, secuestrada en mayo de 2011 y cuyo cadáver fue hallado tiempo después y enviado a la fosa común en la capital del estado”. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2081 de la revista Proceso, ya en circulación.