CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La primera percepción de triunfo de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos una vez difundida la renuncia de Tomás Zerón como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la tarde del miércoles 14, se desvaneció horas después con la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de nombrarlo secretario de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). “Protección”, “burla” y “mentira” fueron las palabras con las que, un día después, los familiares de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre definieron la acción presidencial, tras reiterar su negativa a participar en mesas de diálogo con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez, que habían sostenido desde mayo, semanas después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revelara las presuntas actuaciones irregulares de Zerón de Lucio en la construcción de la “verdad histórica” del basurero de Cocula. Los familiares de las víctimas decidieron levantarse de la mesa de conversaciones el pasado 18 de agosto, luego de que el visitador general de la dependencia, César Chávez Flores, aceptó haber encontrado “responsabilidades” en la investigación abierta contra Zerón, aunque indicó que no contaba en ese momento con la resolución final. El anuncio de la separación del cargo del director de la AIC, hecho en un escueto comunicado de la PGR, devino días después de que la revista estadunidense Science publicara en su reciente edición el resultado de un experimento realizado por José Torero, experto en incendios de la Universidad de Queensland, Australia, por el que confirmó la imposibilidad de que los 43 normalistas hayan sido incinerados. En el peritaje que elaboró para el primer informe presentado por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en septiembre de 2015, Torero ya había descartado que el fuego hubiera sido el destino final de los 43 estudiantes. Su dictamen lo realizó con base en el análisis del expediente, en reportes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la inspección del basurero de Cocula y en las evidencias recolectadas por la PGR en el sitio. El investigador peruano también formó parte de un equipo de seis expertos a los que la PGR, en acuerdo con el GIEI, les encomendó elaborar un peritaje de dinámica de fuego, cuyas conclusiones preliminares fueron dadas a conocer por la dependencia el 1 de abril de 2016. Voz discordante en ese panel de expertos, Torero y un equipo de estudiantes de la Universidad de Queensland experimentaron con el cadáver de un cerdo de 70 kilos. Para quemarlo requirieron 630 kilos de madera, de manera que para incinerar 43 cuerpos se necesitarían 27 mil kilos “y aun así habrían quedado restos de materia orgánica”. El experto sometió al fuego los cadáveres de cuatro cerdos para determinar “si la grasa corporal habría servido como combustible, facilitando la incineración total”, pero demostró que habría necesitado mucho más combustible que para calcinar uno a uno. La divulgación del experimento de Torero por la revista Science alentó a los padres de familia en su exigencia a las autoridades de descartar de una vez por todas la “verdad histórica” y sancionar a quien había contribuido a su construcción: Tomás Zerón. Una vez conocida la separación de Zerón, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, declaró a Proceso que, una vez que Arely Gómez se había comprometido a investigarlo, suponía que la separación “no es una decisión política, sino que está fundada en que hay una responsabilidad pública del funcionario en su actuación y que afectó a las familias agraviadas (…) y tiene que haber sanciones”. En representación de los 43 padres de familia, en conferencia de prensa el jueves 15, ya con el conocimiento del nombramiento presidencial de Zerón en la CNS, Mario González y Cristina Bautista, padres de los jóvenes desaparecidos Mario César González y Benjamín Bautista, acusaron a Peña Nieto de encubrir al exdirector de la AIC. “Es indignante que después de que ese tipo (Zerón) tiene una investigación abierta, se le premie con un cargo más alto. Es una burla no sólo para los 43 padres sino para todos los mexicanos”, dijo González. Dolida, doña Cristina reprochó a Peña Nieto que en la primera reunión que tuvieron con él, en octubre de 2014, se comprometió a llevar la investigación topara donde topara, “pero como se topó con su amigo, le dio un premio por construir la mentira histórica del basurero de Cocula y del Río San Juan”. Y continuó: “Peña Nieto ha mentido no sólo a los papás de los 43 sino a todo el pueblo de México; está protegiendo a su amigo y no lo mandó a su casa para que lo investigaran sino que lo premió”. Acciones y reacciones El director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez, explicó que en la reunión de trabajo del 12 de junio Arely Gómez y el entonces visitador general, César Chávez Flores, notificaron a los padres acerca de la integración de dos expedientes en la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General: uno por “irregularidades de todo el contexto de la investigación (del caso Ayotzinapa) en su conjunto, y el otro es justamente los hechos del 28 de octubre de 2014 relacionados con el Río San Juan y con Tomás Zerón”, a quien el GIEI identificó en videos y fotografías realizando actuaciones e interrogando a un presunto implicado, sin que estas diligencias estén integradas en el expediente. Después de fijar su posición, una comisión de padres de los 43 estudiantes se sumó a la manifestación ciudadana que exigía la renuncia de Peña Nieto en la Ciudad de México, en tanto que el resto hacía lo propio en Chilpancingo, Guerrero. La tarde del jueves 15, el encargado de la Oficina de Investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, lamentó la decisión de los familiares de los 43 desaparecidos de suspender las mesas de diálogo, tras señalar que el distanciamiento no ha sido un freno para continuar con las investigaciones y la búsqueda de los normalistas. En entrevista con Proceso, Higuera Bernal reconoció que la presencia de Zerón fue “motivo de reclamo de los padres de familia” al considerar que como funcionario de la PGR representaba “una posibilidad de obstrucción” en las investigaciones. Añadió: “Ese aspecto ha sido superado con la circunstancia de que él no está aquí, y me refiero a superado no por que él hubiera realizado precisamente alguna obstrucción, sino en relación al planteamiento que hacen los papás”. Tras admitir que los señalamientos contra Zerón están identificados antes de que él asumiera el cargo al frente de las investigaciones del caso Ayotzinapa en junio pasado, Higuera Bernal sostuvo que durante su gestión “jamás se advirtió ninguna interferencia con el quehacer investigatorio (sic) de esta oficina; aun con ello, las consideraciones que hicieron valer los padres de familia son aspectos que siempre deben considerarse (sic); no se pueden ignorar los señalamientos que víctimas tengan que hacer con respecto a los servidores públicos, pero, insisto, ninguna obstrucción, interferencia ni nada de esa naturaleza”. El funcionario reconoció asimismo que desde que el GIEI reveló en su último informe la presencia de Zerón en el Río San Juan, “la señora procuradora instruyó que se investigara concretamente el hecho de la manera más objetiva; no podía ser de otra manera, precisamente por estar vinculado a este caso tan importante”. Confirmó que en la última reunión con los padres, la del 18 de agosto, el visitador “dio a conocer que estaban muy avanzados los trabajos y lo que restaba era esperar la definición de esa investigación”, y destacó que la visitaduría es la única que conoce del “estatus y la situación actual, e informa a las instancias correspondientes, no necesariamente a esta oficina, por estar nosotros abocados a la investigación de los jóvenes”. En cuanto al experimento de Torero expuesto en la edición reciente de la revista Science, el funcionario sostuvo que “no ha habido ninguna obsesión con esa hipótesis o línea de investigación”, y añadió que en su momento, durante la gestión de Jesús Murillo Karam, se dio a conocer “en función de los elementos que tuvo en aquel entonces”. Insistió en que la PGR no está “casada” con la línea del basurero de Cocula, y en cuanto al reporte del investigador dijo que “todas las opiniones son respetables, pero aun en actividades de carácter científico, como es la emisión de un dictamen u opinión por parte de expertos, puede haber diferencias”. También reconoció que, aun cuando en el dictamen preliminar del panel de expertos se recomendaba la realización de peritajes de mayor calado, “todavía no se han realizado”. De acuerdo con Higuera Bernal, la oficina a su cargo ha atendido lineamientos del GIEI, solicitudes de diligencias de los padres de familia a través de sus representantes y actuaciones surgidas de las propias investigaciones de su oficina, así como observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Expuso que entre las peticiones de la CNDH, el jueves 15, a las 19:49 horas, su oficina remitió a la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, que depende de la Subprocuraduría de Delitos Federales, el reporte que realizó el organismo sobre el caso de Julio César Mondragón Fontes, cuyo rostro apareció descarnado la mañana del 27 de septiembre, y quien habría sometido a severos tormentos antes de morir. “Hubo un planteamiento para que hubiera intervención federal, para que se dilucidara lo relativo a los posibles actos de tortura que, de acuerdo al dictamen de la CNDH, podría haber sido objeto Julio César Mondragón; eso fue motivo de un planteamiento especial del organismo y de la propia representación de la familia de Julio César. “Primero obtuvimos información, copias certificadas de los 10 tomos del expediente, y hemos generado esa intervención con fines de investigación a través de la Unidad Especializada en Tortura. El caso de homicidio no se atrae porque está radicado en un juzgado del estado de Guerrero y allá seguirá su curso”, explicó. Agregó que durante el tiempo que ha estado al frente de la investigación se han “obtenido las declaraciones de más de 100 personas en torno a los hechos y no circunscribiéndola a lo que originalmente fue el objeto de investigación que eran los municipios de Iguala y Cocula”, sino que se ha interrogado a autoridades de otros municipios, entre éstas a alcaldes y policías, así como a integrantes de corporaciones estatales y federales, además de que se ha ampliado la investigación sobre telefonía celular. Higuera Bernal aseguró que su oficina está en espera de apoyar al personal que designe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para implementar el Mecanismo de Seguimiento de las Medidas Cautelares por el caso de la desaparición de los jóvenes, así como para supervisar el acatamiento de las recomendaciones del GIEI. Asimismo, se dijo confiado en que la visitaduría de la PGR dé a conocer el resultado de la investigación a Tomás Zerón para que los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos regresen a las mesas de trabajo.