Zerón y las maniobras de Peña para protegerlo

De manera inopinada y a punto de cumplirse dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el controvertido Tomás Zerón fue removido de la Agencia de Investigación Criminal, una instancia de la PGR en la que el funcionario “se manejaba solo”, según reconocía la propia procuradora Arely Gómez. Lejos de ser una concesión a los deudos de los estudiantes, lo que hizo el presidente Peña Nieto fue proteger a Zerón, uno de los férreos defensores de la “verdad histórica”, pues horas después lo nombró secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con el movimiento de Tomás Zerón de Lucio, el presidente Enrique Peña Nieto hizo más que defender la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayot­zinapa: se aseguró información de seguridad e inteligencia de primera mano, sin depender únicamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En vísperas de los dos años de la desa­parición forzada de los estudiantes en Iguala, el mandatario decidió cobijar en Los Pinos a quien elaboró, desde la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), la versión oficial de los hechos que tienen a México bajo escrutinio internacional. De paso, le quitó a la titular de la PGR, Arely Gómez González, una presencia incómoda que siempre actuó al margen de ella al amparo de Peña Nieto, a quien Zerón le ha proveído información de seguridad desde hace casi una década. En medio de esa disputa, la procuradora le inició al exdirector de la AIC un expediente de investigación por sus actuaciones en la construcción de esa “verdad histórica”. Según declaró a Proceso el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Betanzos, se abrió un expediente en contra de Zerón en la visitaduría general de la procuraduría. Horas antes del cierre de esta edición, reiteró lo que había dicho el 8 de junio pasado: que a iniciativa de esa subprocuraduría se mantiene la investigación contra Zerón. Sin embargo, la investigación es más de forma que de fondo. El entonces titular de Asuntos Internos, Alejandro Chávez Flores, terminó por renunciar un mes antes de la salida de Zerón de la AIC, en rechazo a lo que consideró como un acto de simulación, según informantes de la PGR. Los principales responsables de “la verdad histórica” están ya fuera de la mira en la PGR. Además de Zerón, salió de la Coordinación de Servicios Periciales Sara Mónica Medina Alegría, quien sin embargo aún forma parte de la estructura de la procuraduría. Pero lo hecho, hecho está y la versión oficial se mantiene. La tarde del miércoles 14, la procuraduría anunció la renuncia de Zerón a la AIC. De inmediato, la noticia se interpretó como una concesión del presidente Peña Nieto a la exigencia de los padres de los normalistas. Pero horas después se supo la verdadera intención del mandatario: hacerlo su consejero de seguridad en la oficina presidencial, protegiéndolo de las presiones por el caso Ayotzinapa al tiempo de reivindicar la “verdad histórica”. La decisión de Peña La decisión de cambiar a Zerón estaba tomada desde la mañana de ese día. Zerón tuvo tiempo para preparar su salida. Se despidió de la PGR y, por la tarde, la dependencia emitió un breve comunicado en el que se decía que la procuradora Arely Gómez había aceptado su renuncia. Remarcó también que como director de la AIC estuvo a cargo de la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi). Con Zerón al frente de la AIC, Arely Gómez estaba fuera de esas áreas que la propia PGR, al informar sobre la salida del hombre cercano a Peña Nieto, definió como sustantivas. Zerón era el contrapoder en la procuraduría. “Se manda solo”, llegó a admitir la procuradora ante sus excompañeros senadores. Cuando salió de las oficinas de la PGR, Zerón se fue con calma a comer. Luego se dirigió a Los Pinos. Por la noche, después de reunirse con Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación anunció la decisión presidencial de nombrarlo secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). La Secretaría Técnica del CSN es una oficina que opera desde Los Pinos y depende directamente de la oficina del titular del Ejecutivo. El CSN es la máxima instancia gubernamental en la que se definen las acciones en casos de riesgos y amenazas a la integridad del territorio, el gobierno y la población. Es un órgano deliberativo con un fuerte componente policiaco y militar. Lo encabeza el presidente de la República, con la participación de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Gobernación, responsable del Consejo Nacionl de Seguridad, así como por la PGR, la Policía Federal (PF) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). También participan las secretarías de Hacienda, de la Función Pública, de Comunicaciones y Transportes y la de Relaciones Exteriores, pero el énfasis está en las instancias policiales y militares. Con su hombre de confianza en el CSN, Peña Nieto ya no dependerá únicamente de la información que le quiera dar el secretario de Gobernación, quien tiene en sus manos el Cisen, la PF y las prisiones federales. Osorio Chong tenía como interlocutor en la secretaría técnica del CNSP a un político, Luis René Souvervielle Gorozpe, cuyo interés está en el Estado de México. Ahora tendrá que lidiar con un experto en investigación policial. Con la designación de Zerón, Peña Nieto acota al titular de la Secretaría de Gobernación, pues apenas hace tres semanas designó como jefe de la Policía Federal a Manelich Castilla Craviotto, a quien ha impulsado desde que llegó al poder. La trayectoria de Zerón Tomás Zerón tuvo un breve y frustrado paso por la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), antecedente de la actual PF, al inicio del gobierno de Felipe Calderón y bajo el mando de Genaro García Luna. Durante el primer semestre de 2007 fue director general de supervisión en la entonces Secretaría de Seguridad Pública, de la que dependía la PFP y que fue absorbida en esta administración por Gobernación. Su salida estuvo marcada por el caso de una caravana de medio centenar de delincuentes que recorrió 200 kilómetros de carretera entre Caborca y Cananea, Sonora, ante la pasividad de la PFP. En esa acción, los delincuentes desarmaron a un grupo de policías federales y secuestraron y ejecutaron a 10 personas. La policía estatal fue la que intervino para enfrentar a los delincuentes. García Luna ordenó el cese de los mandos de Seguridad Regional de la corporación, entre ellos Zerón y Vidal Díazleal Ochoa, quien después se integró a la PGR, donde Zerón lo designó jefe de la Policía Federal Ministerial. Hoy, Díazleal está al frente de la AIC. Otro de los destituidos fue el responsable de Seguridad Regional de la PFP, Javier Garza Palacios. Sin embargo, García Luna lo envió como agregado policial a Colombia. De forma coincidente, ese mismo cargo lo ocupó en 2013 el ahora comisionado general Castilla Craviotto cuando fue destituido como jefe de la División de Seguridad Regional de la PF. Después de su salida en 2007 de la Policía Federal Preventiva, Zerón se incorporó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en el gobierno de Peña Nieto. Ahí trabajó para Alfredo Castillo Cervantes, actual director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Titulado en administración industrial por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Zerón fue director y luego coordinador de Investigación y Análisis en la procuraduría mexiquense. Cuando Peña llegó a la Presidencia lo designó al frente de la AIC, que reemplazó a la Agencia Federal de Investigación (AFI). En la AIC, continuó con la operación del equipo de investigación y espionaje adquirido en la administración de Peña Nieto; fue uno de los interlocutores con los proveedores extranjeros de esa tecnología (Proceso 2019). Como titular de la AIC se fortaleció con la captura del Joaquín El Chapo Guzmán en febrero de 2014, luego de que el capo estuvo prófugo 13 años, durante los dos gobiernos del PAN. Pero su salida de la procuraduría quedó marcada en abril pasado. El día 24 de ese mes, justo cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer su segundo informe sobre el caso Iguala y pidió investigar a Zerón, reveló que la víspera de que fueran encontradas bolsas de plástico con restos óseos en el afluente del río San Juan, en Cocula, el funcionario participó en diligencias ministeriales que no figuran en la averiguación previa. Incluso sus integrantes mostraron un video en el que a un costado del personal de la PGR estaban bolsas “muy parecidas” a las que el 29 de octubre de 2014 fueron sacadas del río San Juan por buzos de la Marina, en una de las cuales encontraron los restos óseos del normalista Alexander Mora Venancio. Carlos Beristain, uno de los expertos independientes, aseguró que la PGR tiene materiales que no ha integrado en el expediente. Zerón se tardó tres días en refutar, sin aclarar el cuestionamiento sobre las bolsas ni por qué el video no se integró al expediente. Se limitó a señalar que las actuaciones fueron totalmente transparentes y que forman parte de investigaciones que se sustentan en un mandamiento ministerial. Esa fue la última ocasión en que Zerón apareció públicamente como director de la AIC. A partir de entonces, la exigencia de los padres de los normalistas, apoyados por los integrantes del GIEI, se acentuó: demandaron que Zerón fuera destituido de su cargo y sancionado penalmente por las irregularidades cometidas en el caso Ayotzinapa. Pidieron lo mismo para Sara Mónica Medina Alegría, incondicional de Tomás Zerón, quien como coordinadora general de Servicios Periciales (CGSP) de la PGR fue la responsable de la elaboración de los cuestionados peritajes contenidos en el expediente del caso Iguala y que sirvieron para elaborar y sostener la “verdad histórica” (Proceso 2033 y 2041). Sin embargo, la procuradora se decía atada. En reuniones con integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, reiteradamente se quejó de que Zerón le ocultaba información: “¡Ayúdenme! Porque no lo puedo mover. No me informa. Se manda solo”, confiaba a puerta cerrada. Limpia en la PGR Tomás Zerón se ocultaba. El 3 de junio, Gómez González dio a conocer la designación de Jorge Alberto Zúñiga Malvárez como titular de la Coordinación General de Servicios Periciales, en sustitución de la química Medina Alegría. Zúñiga Malvárez, dijo, tiene una trayectoria de 10 años en la institución y se ha desempeñado como perito en la materia de contabilidad. Cinco días después, el 8 de junio, Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (DHPDSC) de la PGR, en la presentación del informe del caso Iguala, aseguró que la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de la PGR iniciaron desde el 27 de abril investigaciones para determinar lo que “conforme a derecho” corresponda en contra de Zerón. Ese mismo día, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, dijo que con la salida de Alegría la PGR se inició el proceso de “limpia” de los funcionarios involucrados en la investigación de la desaparición de los normalistas, aunque indicó que faltaba fincarle responsabilidad penal. También sostuvo que la titular de la dependencia les informó que continuaba la investigación de la Visitaduría General contra Zerón. Después de dos meses, en una reunión efectuada el pasado 18 agosto, el entonces visitador general de la PGR, Alejandro Chávez Flores, aseguró a los padres de los normalistas que sí se encontró responsabilidad en Zerón, sólo que faltaba investigar a los demás funcionarios involucrados. El desliz cometido por Chávez Flores al evidenciar a Zerón no se le perdonó. El 12 de septiembre la misma procuradora Gómez dio a conocer a Adriana Campos López como la nueva visitadora general de la PGR. Al interior de la institución se asegura que Chávez Flores se negó a manejar una “investigación a modo” para, por instrucciones del presidente, exonerar al titular de la AIC. La protección se extendió a todo el equipo que apoyó a Zerón en la construcción de la “verdad histórica”. En realidad, Medina Alegría nunca fue retirada de la PGR, donde aún conserva su nivel. Fue nombrada titular de la Unidad de Programación e Integración de Recursos para la procuraduría, con un sueldo de 161 mil 259 pesos al mes. Desde allí, de acuerdo con informantes de la propia dependencia, continúa manejando el área de servicios periciales, en donde cuenta con personal que le es incondicional. Explican que el sustituto de Zúñiga Malvárez es un funcionario puesto a modo de la química Medina Alegría. Se trata de un contador público, por lo que su conocimiento se concreta a peritajes de documentos cuestionados (falsificación) y carece de conocimientos en medicina, criminalística, siniestros, antropología, balística, genética y química. Su desconocimiento lo coloca en posición vulnerable. Otro de ellos es Gildardo Cruz Velasco, director general de laboratorio de Criminalística, quien tiene a su cargo a personal afín a Medina Alegría y a Zerón, como Rosa Elia Luna Fuentes, directora de Especialidades Criminalísticas; Martha Acela Valdez González, directora de Biología Molecular; Jorge Franco Rodríguez, director de Análisis Conductual, y Eduardo Sánchez Ruiz, director de Identificación Forense, precisan. Entre el personal incondicional dentro de la coordinación las fuentes consultadas también identificaron a Francisco Escobar Valdez, actualmente coordinador de asesores y quien durante la investigación del caso Ayotzinapa estaba a cargo de la Dirección General de Especialidades Médico Forenses. Escobar Valdez tenía a su mando a Inés Retana López, director de Especialidades Médicas, quien operó los dictámenes de antropología, medicina, odontología y psicología del caso. Además, mencionan a Héctor Enrique Osorno Magaña, director general de Ingenierías Forenses, quien opera a través de Óscar Manuel Lira Arteaga, director de Ingenierías y Telecomunicaciones en Materia Forense, así como a Javier López Santiago, subdirector de Siniestros. Al mando de Osorno Magaña están Marcos Soto Villalobos y Moisés Moreno Gallegos, los peritos en incendios y explosiones que firmaron los peritajes que avalan la “verdad histórica”, aunque en la versión pública del expediente no existe un dictamen técnico pericial que la avale.