Las posturas ultraconservadoras que repudian la sola idea de los llamados matrimonios igualitarios se gestaron en el Congreso de la Unión, sobre todo a partir de la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado. Y fue un legislador jalisciense vinculado a la organización ultraderechista El Yunque, el panista José María Martínez, quien convirtió en cuarto de guerra su gabinete legislativo para emprender la campaña nacional de odio y rechazo contra quienes se manifiestan a favor de ese tipo de matrimonios. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Antes de que se transformara en una movilización conservadora en las calles del país, el debate reciente sobre el matrimonio igualitario y la defensa de la “familia natural” se gestó en las cámaras del Congreso mexicano. La trama se inició con la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano en el Senado. Como una clara concesión a los grupos conservadores vinculados al Yunque, el senador panista José María Martínez, de Jalisco, presidió la comisión y la transformó desde 2014 en un instrumento para contrarrestar al “lobby gay y del aborto”, según sus propias declaraciones. Martínez provocó una dura polémica cuando abiertamente se pronunció en contra de los matrimonios igualitarios. Afirmó que desde esa comisión del Senado saldrían “a defender nuestros valores y el concepto de la unión de un hombre y una mujer para la perpetuidad de la especie… Tenemos que cerrar la puerta ya a algunas entidades o a algunos políticos que están pensando en modas o tendencias”. El 13 de junio de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró “inconstitucionales” las leyes de cualquier estado que consideren que la finalidad del matrimonio “es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer”. Calificada como un “avance histórico” por el Consejo Nacional para la Prevención y Discriminación (Conapred), la resolución de los ministros de la Primera Sala estableció que “pretender vincular los registros del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes puedan acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”. Desde que la Suprema Corte de Justicia adoptó esta resolución se fue preparando la revuelta de los grupos de la ultraderecha católica, pero también de la derecha evangélica, estos últimos agrupados en el Partido Encuentro Social (PES), creado en 2014 por Hugo Eric Flores. Tanto la derecha católica como la derecha protestante han presentado sendas iniciativas en el Senado y en la Cámara de Diputados para revertir la decisión de la Suprema Corte a favor del matrimonio igualitario, pero también para combatir la iniciativa de reforma al artículo 4 Constitucional y a 14 artículos del Código Civil Federal, presentada por el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo de este año. “Esta alianza entre yunques y evangélicos protestantes sería inimaginable antes. No es una alianza estratégica, es coyuntural. Y ambos coinciden en frenar los matrimonios igualitarios”, reflexiona el especialista y sociólogo Bernardo Barranco. Consultado por Proceso, Barranco subraya que tanto católicos como protestantes tienen “un discurso contradictorio, que no tiene salida. No tienen claro qué es la ideología de género, pero la condenan. La distinguen de la perspectiva de género, pero sólo se quedan con algunas cosas, como los avances de las mujeres y la aceptación de los homosexuales, siempre y cuando no peleen por la igualdad de sus derechos o ejerzan libremente su sexualidad”. Para Barranco no todos los grupos evangélicos están en la cruzada para evitar los matrimonios igualitarios. Organizador de un foro sobre el tema, realizado en Casa Lamm a principios de septiembre, recordó que ni la iglesia La Luz del Mundo ni la del Séptimo Día comparten la posición de los grupos más conservadores. “La Luz del Mundo está en contra del matrimonio igualitario, pero respetan el matrimonio civil. Ellos no quieren que el Estado se meta en sus propias bodas. Para mí es la postura más razonable de una iglesia conservadora”, explicó Barranco. La iniciativa del Yunque El 23 de febrero de este año, a unos días de que culminara la visita a México del Papa Francisco, el presidente del Consejo Mexicano de la Familia (Confamilia), Juan Dabdoub Giacoman, presentó ante la Comisión de la Familia del Senado una iniciativa ciudadana, respaldada por “más de 200 mil firmas”, para hacer una reforma al artículo 4 constitucional, en sentido inverso a la resolución de la Suprema Corte. Según Dabdoub, mercadólogo de origen regiomontano que creó Confamilia, la iniciativa denominada “Reforma por la Familia, por los Niños y por Todos” no sólo propone que en el artículo 4 constitucional se instaure el modelo único de matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que también “establece el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Identificado como eje de una nueva generación de liderazgos yunquistas, Dabdoub afirmó que “los matrimonios homosexuales no existen” porque “la ley no te puede otorgar lo que la naturaleza no te ha otorgado”. La iniciativa de Confamilia fue recibida por la vicepresidenta de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama; la presidenta de la Comisión de la Familia, la senadora priista Lisbeth Hernández Lecona, quien sustituyó al polémico panista José María Martínez, y por otros senadores del PAN y del Partido Revolucionario Institucional que la apoyaron. Todavía el 13 de abril de este año, antes de que Peña Nieto presentara su iniciativa de reforma constitucional, los integrantes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano afirmaron que evitarían polémicas ideológicas “sobre maridaje y adopción” para “no contaminar” la iniciativa de los grupos católicos. El 18 de mayo de este año, al día siguiente de que Peña Nieto enviara al Congreso su iniciativa, se fundó el Frente Nacional por la Familia, dirigido, entre otros, por el propio Dabdoub y con el apoyo claro de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Tras la derrota del PRI en las elecciones estatales de junio, Dabdoub afirmó que el tricolor perdió con “un voto de castigo” por la iniciativa de matrimonios igualitarios presentada por Peña Nieto. En vísperas de las movilizaciones convocadas en el presente mes por el Frente Nacional por la Familia (FNF), los coordinadores de las bancadas del PRI en San Lázaro y en el Senado, César Camacho y Emilio Gamboa Patrón, recularon y señalaron que la iniciativa de reforma constitucional de Peña Nieto “no es un tema prioritario”. Evangélicos presentan su iniciativa En vísperas de la primera marcha a favor de la “familia natural” el Partido Encuentro Social presentó, el pasado jueves 8, una iniciativa con 310 mil firmas que incluye propuestas para reformar el artículo 4 constitucional y “proteger a la familia y el derecho a la vida”. El proyecto fue presentado por la diputada de Jalisco Norma Edith Martínez Guzmán y suscrita por 51 legisladores, es decir, incluyó a varios diputados del PAN y algunos del PRI y del Partido Verde que la apoyan. En síntesis, la iniciativa del PES propone que “el Estado mexicano reconozca el derecho humano al matrimonio, conformado por un hombre y una mujer, así como el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas, de conciencia y de religión”. Dos semanas después, el jueves 22, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, sostuvo una reunión con grupos de iglesias protestantes y evangélicas, incluyendo los que apoyaron la iniciativa del PES. Según publicó el trascendido de “Bajo Reserva” en El Universal, Osorio Chong afirmó que la iniciativa presidencial de reforma al 4 constitucional “no pasará”. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) reaccionó de inmediato y, a través de un comunicado enviado el 23 de septiembre por Antonio Medina, secretario de Diversidad Sexual de esa organización política, calificó de “sorprendente” que Osorio Chong “dé por hecho algo que aún no se ha dictaminado, discutido y votado por los 500 diputados y diputadas de la Cámara”. Medina recordó que la Secretaría de Gobernación debe actuar ante las quejas interpuestas por el PRD por la injerencia de los jerarcas católicos “que han participado públicamente en política, incitando al odio y a la discriminación en contra de las familias conformadas por parejas del mismo sexo”. Representantes de varias organizaciones, como Católicas por el Derecho a Decidir y el Comité de la Diversidad Sexual de Morelos, afirmaron el jueves 22 que la iniciativa del PES es un “grave retroceso” a los derechos humanos y a la diversidad sexual. “Me parece que estamos regresando a la Santa Inquisición, a la Edad Media. Este país ya está con mucha tensión, están llamando a la confrontación”, destacó María de la Luz Estrada en el foro realizado en un hotel de la colonia Roma. El PRD rescata la iniciativa de Peña Frente al repliegue de la bancada del PRI ante la iniciativa de reforma peñanietista, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, presentó el 8 de septiembre, en conjunto con Alejandro Encinas y la mayoría de la bancada perredista, dos iniciativas de reformas al artículo 1 y 4 de la Constitución y a diversos artículos del Código Civil Federal. Según las iniciativas, se prohíbe todo tipo de discriminación “por orientación sexual, identidad o expresión de género” (términos nuevos agregados al texto de la Carta Magna) y se establece el derecho a reconocer varios tipos de familia. Las reformas al Código Civil Federal plantean la posibilidad de adopción sin que existan criterios y obstáculos referentes a la orientación sexual o a la identidad o expresión de género. “El matrimonio civil igualitario es resultado de una lucha por la igualdad y la no discriminación. Es un reflejo del reconocimiento de derechos humanos y, por eso, hemos entendido que debe ser una prioridad en nuestra agenda legislativa”, afirmó De la Peña. La misma Comisión de Derechos Humanos, presidida por Angélica de la Peña, se ha convertido en la contraparte de la Comisión de la Familia en el mismo Senado. En las últimas tres semanas ha organizado foros entre especialistas a favor del “matrimonio civil igualitario”. El 21 de septiembre participaron, entre otros, el investigador Ricardo Raphael, quien defendió la resolución de la Suprema Corte, y el sociólogo Roberto Blancarte, quien señaló que por “cálculos políticos” del PRI y del PAN no se aprobó la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal. Reforma al 130 constitucional Por otro lado, el abogado Rubén Islas elaboró un análisis interno para la bancada del PRD en el Senado, en el que indica que el problema fundamental radica en retornar a la redacción original del artículo 130 constitucional, modificado por la reforma salinista en 1991, al darle reconocimiento jurídico a las iglesias y asociaciones religiosas. El texto redactado por el Constituyente de 1917 establecía en el artículo 130 que “el matrimonio es un contrato civil. Éste y los demás actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas le atribuyan”. En lugar de esta redacción, la reforma salinista promulgada el 28 de enero de 1992 estableció en el 130 que “los actos del estado civil de las personas son de exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan”. Para Rubén Islas, “casarse es un acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones; es un contrato, y no un sacramento, cuya regulación y reforma debe estar en el artículo 130 de la Constitución y no en el 4, cuyo tema, entre muchos, es el de la familia”. “Que el Constituyente, siguiendo la ruta de las Leyes de Reforma y de la Constitución de 1857, decidiera definir el matrimonio como contrato y situarlo en el 130, que regula la separación de la Iglesia y el Estado, para enfatizar su carácter secular y laico, no fue un error y sí un acierto”, subrayó el estudio jurídico de Islas. Hasta ahora, ni los grupos de la derecha católica o protestante ni las organizaciones de la comunidad LGBTTTI han propuesto que la discusión sobre el alcance del matrimonio igualitario esté en el artículo 130 y no en el 4 constitucional.