Justicia laboral: cambios para que todo siga igual

miércoles, 7 de septiembre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La iniciativa de justicia cotidiana en materia laboral enviada por el Ejecutivo para que sea discutida por la Cámara de Diputados en este periodo de sesiones es una “simulación”, debido a que no prevé terminar con el “tripartismo”, que es una forma en que las élites empresariales, junto con el gobierno en turno, definan en qué condiciones deberá ocuparse la gente en el país “Casi todos los asuntos de naturaleza laboral son conciliables, si hay ganas de conciliar se concilian, si se va a ir a tribunal, el Estado va gastar, es decir, la sociedad, y por lo tanto las cargas, los procedimientos van a ser distintos, siempre hay manera de encontrarle una solución ágil, clara para cualquier problema laboral “Se trata de que todos los demás actos administrativos que no son de naturaleza de autoridad, pasen a estos centros, donde tengamos certeza jurídica, de eso se trata la reforma, no se trata ni de desaparecer el tripartismo, porque el tripartismo va a seguir viviendo en México”, admitió el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. El 27 de enero pasado, Navarrete Prida presentó un informe sobre justicia laboral cotidiana ante miembros de la Barra Mexicana y del Colegio de Abogados, donde adelantó que se presentarían dos iniciativas de reforma en febrero, al inicio del pasado periodo de sesiones, pero éstas quedaron en suspenso porque la intención era crear un órgano de vigilancia dentro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, aspecto que molestó a sus autoridades. Esas iniciativas fueron preparadas por el gobierno federal desde 2015, de manera sigilosa, para ajustar los criterios laborales mexicanos al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, firmado el 4 de febrero en Nueva Zelanda, junto con otras naciones), con la finalidad de garantizar la imparcialidad de las juntas de conciliación y eliminar el modelo de contratos de protección. Desde entonces, Navarrete defendió el tripartismo de las JCA –la participación de los sectores patronal, sindical y gubernamental en la conciliación y arbitraje de los juicios laborales– porque, dijo entonces, “ha demostrado una enorme eficacia en la resolución de conflictos de naturaleza laboral”. (Proceso 2050) En las propias iniciativas, enviadas al Senado el 28 de abril pasado, Presidencia reconoció que la reforma laboral de 2012 dejó temas pendientes, entre ellos “las reglas de los contratos colectivos de trabajo, el emplazamiento a huelga y el recuento de los trabajadores para dirimir demandas laborales”; sin embargo, estas propuestas fueron desechadas en una oscura negociación entre el gobierno federal, las cúpulas empresariales y los legisladores priistas y panistas. “Se debe eliminar todo elemento que convierta a la justicia laboral en lenta, costosa, de difícil acceso, cuestionable, así como combatir la parcialidad, la realidad laboral nacional e internacional, así como transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas”, se indica una de las minutas. (Proceso 2064). Los estadunidenses, explicó entonces la abogada laboralista Graciela Bensusán, se percataron de la parcialidad de las dependencias encargadas de brindar justicia laboral. También notaron la proliferación de los contratos de protección y de “sindicatos blancos”, es decir, inexistentes pero con registro ante la Dirección General de Asociaciones Sindicales de la Secretaría del Trabajo. “Eso prendió los focos rojos en el sindicalismo estadunidense, el cual gracias a sus vínculos con el gobierno demócrata ejerció una fuerte presión sobre el gobierno de México. ¡Y México responde como siempre!: ‘Bueno, si no me queda más que hacer algunos cambios, voy a hacer alguno para dar la impresión de que todo cambia para que nada cambie”, indicó la especialista. (Proceso 2050) Larga vida al tripartismo Así lo dijo Navarrete Prida durante su participación en el 51 Congreso Internacional de Recursos Humanos, organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH). Se pretende, añadió, “revisar y modernizar el sistema de justicia laboral para eliminar rezagos y dilaciones en los juicios que atienden las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y con ello dar certidumbre jurídica a empresarios y trabajadores”. El funcionario agregó que actualmente la mitad de los casos que llegan a las Juntas de Conciliación y Arbitraje son de carácter administrativo. “Además se genera dilación de juicios, falta de personal, insuficiente presupuesto, excesiva carga de trabajo y deterioro en la calidad de los laudos”, recalcó. “Casi todos los asuntos de naturaleza laboral son conciliables, si hay ganas de conciliar se concilian, si se va a ir a tribunal, el Estado va gastar, es decir, la sociedad, y por lo tanto las cargas, los procedimientos van a ser distintos, aunque siempre hay manera de encontrar una solución ágil, clara a cualquier problema laboral”, justificó. El funcionario federal señaló a representantes de empresas y ejecutivos de recursos humanos que, entre los retos en materia colectiva, la iniciativa propone que se establezcan nuevas reglas que limiten los abusos en los emplazamientos, que hoy representan entre 50 y 70% de los emplazamientos a huelga local y federal, respectivamente. El martes 6, ante integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, Navarrete Prida presentó los pormenores de las reformas que los legisladores apoyaron completamente. La presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, reiteró el apoyo de sus compañeros del PRI a la iniciativa del Ejecutivo federal. “Señor secretario, cuente con nuestro apoyo en lo individual y en lo colectivo”, manifestó la legisladora al concluir la exposición del titular de la STPS sobre los avances de la política laboral en el país. En su exposición, el titular de la STPS resaltó que la reforma laboral busca atender las controversias con énfasis en la conciliación, con el fin de hacer la justicia laboral más ágil, económica, así como brindar mayor certeza jurídica.