Aun con amparo, 'corre peligro” niño hiperactivo si vuelve a la escuela: abogada

jueves, 12 de enero de 2017
MÉRIDA, Yuc. (apro).- Aun con el amparo que un juez federal le concedió a I.M.E.C., un menor de diez años con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), para que pudiera reincorporarse a su escuela sin ser discriminado, su representante legal Mirna Cortés sostuvo que el menor no puede volver porque “su vida corre peligro” en tanto no sea destituida la directora y parte del personal del plantel involucrado en la queja por maltrato. Apelando a su derecho de réplica, la abogada refutó el contenido del reportaje que bajo la autoría de esta corresponsal difundió el portal proceso.com.mx el pasado sábado 7 respecto al caso, y afirmó que aunque I.M.E.C, en efecto, tiene diagnóstico de TDAH, “su condición no lo hace violento”. Precisó que el problema del niño comenzó en 2014 y “casi tres años después, cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) no pudo proteger más a la Secretaría de Educación (Segey) porque ya estaba próximo a salir el amparo del juez, emitió sus recomendaciones”. Apoyada con diversos documentos, como extractos de las quejas ante la Codhey, la demanda de amparo y certificados médicos de las lesiones que sufrió el menor en la escuela primaria Álvaro Obregón de Xcanatún, Cortés expuso en 11 puntos sus aclaraciones. “El niño fue dado de baja de todo el sistema educativo estatal, de ahí se tuvo que promover el amparo. Su condición no lo metió en conflictos, fue una venganza de la directora, docentes y USAER (Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular), respaldados por la Segey para expulsarlo”, explicó. Añadió: “La venganza incluía mentirles a los padres al decirles que es un niño agresivo, y al mismo tiempo maltratarlo y permitir y alentar su maltrato por parte de otros menores, quienes lo lesionaron seriamente en presencia del personal de la escuela”. La abogada rechazó que a la familia del pequeño se le hubiera ofrecido una beca para reubicarlo a una escuela particular con servicio de transporte incluido. “Lo que hubo fue una simulación de parte de Codhey y Segey para darle carpetazo a las quejas y liberar a todos los agresores, pero la madre no se dejó intimidar”. De acuerdo con Mirna Cortés, se solicitó a la autoridad educativa “una disculpa pública como medida de restitución que hasta hoy le niegan a la madre y el menor, a pesar de saber el daño que le han causado al honor de ambos”. Asimismo, aseguró que “es falso que hayan iniciado indagatorias” a la directora y personal denunciado, pues “no hay constancia alguna de investigación ni externa ni interna de parte de la Segey”. También es falso, dijo, que no se haya presentado a clases desde hace un año. Detalló que desde el 17 de noviembre de 2015 le negaron repetidamente el ingreso al plantel, y en las pocas ocasiones que lo dejaban ingresar “lo maltrataban los docentes, no le dirigían la palabra y lo excluían”. Y acusó que las ocho autoridades demandadas en el juicio de amparo “incumplieron la suspensión otorgada por el juez el 31 de marzo 2016, y el 25 de abril del mismo año lo expulsaron sin avisar a su madre o adulto responsable, exponiendo su vida al sacarlo a la calle solo”. En esa ocasión, agregó, el menor fue encontrado por la policía caminando solo por la avenida Industrias de la carretera Campeche-Mérida, y en otra ocasión –comentó– el chico fue agredido por sus compañeros, pero al no encontrar la protección en nadie optó por subir al techo de la escuela, de donde no pudo bajar hasta que llegó su madre. La demanda de amparo se interpuso el 29 de marzo de 2016 y la suspensión se otorgó el 31, es decir, dos días después. Las ocho autoridades demandadas son el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán; el director de Educación Primaria, Delio Peniche Novelo; la directora de Educación Especial, Flor de los Ángeles Escalante Centeno, y la supervisora de la zona escolar 10, Higea Nercy González Erosa. También la directora de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (Usaer), Margeny Leal Narváez; el director de USAER de la zona 01E, Miguel Gilberto Rosado Peón; la directora de la escuela primaria Álvaro Obregón de la comisaría de Xcanantún, municipio de esta ciudad, Noemí Guadalupe Romero Sabido, y el jefe del Departamento de Derechos Humanos y Prevención de la Violencia Escolar, Eduardo Osorno. Expuso que ante el desacato, el 14 de julio de 2016 el juez ordenó cumplir la suspensión en 24 horas. “Para esas fechas ya estaban saliendo del curso 2015-16 y aun así la madre lo llevaba (a la escuela) y tenía que quedarse afuera para que no lo expusieran de nuevo”. Prosiguió: “Del maltrato que le hicieron esos días al niño le dio una crisis emocional severa que requirió se le hospitalizara por tres días. Aun así la madre cumplió con ir a inscribirlo a la escuela, pero le negaron la inscripción y medidas de seguridad, así como acceso a saber quién le daría la clase”. Según la abogada, se le han solicitado a la Dirección Jurídica medidas claras y concretas de inclusión y seguridad, y que se proteja la salud emocional, física y psicológica del niño, que es muy frágil por todo el maltrato vivido de parte de la directora, la maestra de grupo y USAER así como la física. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay respuesta de dichas autoridades. Aseguró que de todo lo que se menciona en el reportaje “no hay ninguna notificación”, y recalcó que la exigencia para que se reubique a la directora y docentes involucrados “no es de ninguna manera un capricho u obstinación de la madre, sino solo una petición de protección emocional, psicológica y física para el pequeño”. Por último, hizo llegar a la corresponsal un comunicado de la Asociación Estatal de Padres de Familia A.C (Aepaf), organización que ha respaldado la defensa de los derechos humanos de I.M.E.C., y que hoy dieron a conocer en conferencia de prensa. El texto dice que el 10% de la población yucateca padece algún tipo de discapacidad o alguna necesidad educativa especial. “Entre esta diversidad están los niños y niñas que presentan la condición denominada TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), por tal motivo es de suma importancia resaltar el precedente sentado en el estado al ordenar un juez federal la reintegración de un menor con estas características al sistema educativo nacional”. Explica que generalmente las condiciones hacia este tipo de población “son adversas y contrarias a la dignidad humana en la mayoría de las escuelas de nuestra ciudad, nuestro estado y casi en todo el país, ya que son menospreciados y casi ignorados, y en muchas ocasiones se ejerce sobre ellos una violencia psicológica y física”. Y señala que el caso del menor de Xcanatún no es el único, ya que docentes y USAER, respaldados por la Segey y todo el sistema educativo estatal, “no tienen la sensibilidad ni la preparación para integrarlos a las instituciones educativas, por lo que en esta ocasión se tuvo que interponer un amparo federal debido a la tardanza y tibieza de la Codhey para emitir una recomendación, la cual finalmente se efectuó en un plazo de dos años y nueve meses”. La Aepaf consideró urgente visibilizar que el derecho humano a la educación, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que están obligados a conocer, difundir y acatar todos los funcionarios públicos (incluidos directores y docentes), no se ha respetado en este caso y muchos más que no tuvieron la oportunidad de llegar a interponer un amparo de esta naturaleza. Celebró que hoy han dado “un paso hacia la inclusión” al haber ganado el amparo interpuesto y logrado la recomendación de la Codhey. “Sin embargo, las medidas de restitución serán un proceso largo en el cual esperamos contar con los medios dispuestos para conocer la verdad, ya que hasta el día de hoy la Segey no muestra voluntad real para acatar las indicaciones dispuestas en ambos sentidos”, acusó. Y más: “Siguen sin existir las condiciones para que el niño estudie en una escuela con un ambiente libre de violencia, con respeto a sus derechos humanos y con personal sensibilizado y con calidad humana que permitan trabajar conjuntamente con la madre y poder resarcirle al menor su autoestima, seguridad y aprendizaje, el cual se ha visto interrumpido”. Concluyó: “Sin duda alguna se ha logrado sentar un precedente para que nunca más ningún niño vulnerable sea expuesto a tales humillaciones y atentados contra su dignidad por motivos de venganza personales, pero la verdadera lucha aún comienza”.

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