EL QUELITE, Sin. (proceso.com.mx).- Los integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida suplican a delincuentes y ciudadanos que sepan de la ubicación de fosas clandestinas que ahí, en las alcancías de aluminio de Nuestra Señora de Guadalupe de la iglesia de la Lomita, en el Paseo de Humaya de Culiacán de Rosales, dejen mensajes anónimos que lleven a dar con el paradero de cientos de desaparecidos en esta entidad ubicada al norte del Pacífico mexicano. “Aquellos ciudadanos que sepan dónde hay fosas, pero que tengan miedo a hablar o a ser señalados, ahí en la parroquia de La Lomita, o en otra iglesia, ahí en la alcancía de las limosnas nos pueden dejar un mensaje... vía anónima, o en una llamada, como ellos quieran”, señala Alma Rosa Rojo Medina, quien desde el 4 de julio de 2009 busca a su hermano Miguel Ángel. Miguel Ángel salió la mañana del 3 de julio rumbo a Estación Obispo, para visitar a una novia que “por allá tenía”, y prometió volver al día siguiente, cuando traería camarones y un cartón de cerveza. Le había pedido a Alma Rosa que del marisco que trajera, ella tendría que prepararle un ceviche. “Sigo esperando a mi hermano, con sus caguamas y un ceviche. Los primeros días de su desaparición fueron muy difíciles, acudí sola a la radio para hacer un llamado, un grito al corazón de quienes se llevaron a mi hermano”, expone Alma Rosa, mientras la lágrimas escurren por sus mejillas. Como Rojo Medina hay más de un centenar de mujeres y hombres que participan en el Colectivo Voces Unidas por la Vida y Las Rastreadoras del Fuerte, que buscan a sus desaparecidos en zonas rurales, en la sierra, en descampados costeros en esta entidad de 18 municipios, donde el Cártel de Sinaloa tiene asentados sus reales. [caption id="attachment_472106" align="alignnone" width="1200"] Familiares de desaparecidos en busca de fosas clandestinas en las costas de Sinaloa. Foto: Germán Canseco[/caption] Un mes después de la desaparición de Miguel Ángel Rojo apareció un cuerpo con muelas empastadas en un paraje de Estación Obispo, entonces su hermana acudió a identificar los restos, pero por el grado de descomposición no había forma de reconocer a la víctima. Así pasaron ocho y nueve meses y las autoridades no le entregaban los resultados de ADN. Cuando por fin se los dieron con un resultado negativo, el cuerpo terminó siendo enviado a la fosa común, pero las dudas de Alma Rosa continuaron. La mujer vivió un auténtico viacrucis hasta que en el 2010 consiguió una exhumación para una nueva prueba de ADN; “yo la iba a pagar”, sin embargo, el cuerpo del cual quedaron dudas si era el correspondiente a Miguel Ángel ya no estaba. “Ahora tengo que luchar por exhumar todos los cuerpos del panteón 21 de Marzo, para que otra familias también puedan reclamar a sus desaparecidos. Es algo fuerte, pero yo aguanto esto y más por encontrar a mi hermano”, expone. Cifras de la Subprocuraduría General de Justicia de Sinaloa indican que de 2011 a 2016 se registraron mil 912 casos de personas desaparecidas. La dependencia también destaca que en ese lapso se abrieron unas 5 mil 182 carpetas de investigación por desaparición de personas, y de estos casos 2 mil 745 fueron localizadas y contactadas con sus familiares, sin embargo, otras 525 aparecieron sin vida. El subprocurador general de Justicia, Jesús Martín Robles, admite que en ese mismo periodo su oficina ha participado en el hallazgo de 88 fosas clandestinas, realizando un total de 153 exhumaciones, la mayor parte de ellas –acota-- en los linderos de Mazatlán, Elota, Navolato o en las inmediaciones de la zona rural de Culiacán. Entrevistado en su despacho, Robles reconoce que es vital la colaboración con la procuradurías de otros estados, pues hay desaparecidos sinaloenses que han sido encontrados privados de la vida en Nuevo León y un caso en Coahuila. “En la violencia que flagela al país, y en donde Sinaloa no es la excepción, la mayor parte de los ejecutados son tirados al aire libre, en un paraje carretero o incinerados… después de ahí tenemos el problema de las fosas, no tan complejo como en otros estados”, expone. En Sinaloa hay tres unidades especializadas en búsqueda de desaparecidos, sin embargo, estos mil 912 casos han caído en el limbo de la impunidad. En la mitad de estos expedientes sus familiares ya están resignados a que sólo quieren encontrar sus restos para tener consuelo espiritual y darles sepultura. La otra mitad tiene viva la esperanza de que puedan estar vivos, reclutados como sicarios, obligados a trabajar para el cártel delincuencial que predomina en la región o incluso como víctimas de trata. Mientras tanto la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa invierte unos 24 millones para remodelar el área de genética forense que, en el último semestre (agosto 2016-enero 2017), permitió identificar 101 cadáveres, algunos con varios días de descomposición, pero también cuerpos exhumados. La Tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos cumplió su primera semana en tierra sinaloense, donde familiares de personas no localizadas en todo el país participan con colectivos de desaparecidos locales en talleres de antropología forense, en cursos de protocolos de seguridad y en la búsqueda de “puntos cantados” de fosas clandestinas en alguno de los recónditos resquicios de la costa y sierra de esta entidad de 18 municipios ubicados en la parte norte del Océano Pacífico. Se trata de hombres y mujeres que, con una veintena de palas, picos y varillas, llevan tres días “barriendo” un descampado en la sindicatura de El Quelite, buscando rastros de restos humanos. Hasta el momento sólo una fosa ha dado positivo, con la única extracción de un cuerpo y, conforme pasen los días y la Policía Científica y la dirección de Servicios Periciales concluyan los trabajos de excavación, se podrá conocer el número total de restos óseos ahí extraídos. María Azucena Morales es “buscadora”, aunque lo mismo participa en la excavación que en la preparación de los alimentos para la brigada nacional. Ella busca a su hijo Santos Iván Gerardo Moreno, desaparecido en el pueblo de Costa Rica, una sindicatura adherida al municipio de Culiacán, desde el 29 de diciembre del 2011. [caption id="attachment_471816" align="alignnone" width="1200"] Familiares de desaparecidos en busca de restos humanos en El Quelite, Sinaloa. Foto: Germán Canseco[/caption] Al principio muestra recelo, se ha cansado de hablar con funcionarios y con la prensa, pero nadie, nadie da pistas del paradero de Iván Gerardo, y lo último que se supo de él fue que acudió a unos XV años, que no entró a la fiesta y se quedó escuchando música desde afuera. Han pasado cinco años y nadie de la Policía Estatal, de la Procuraduría la pueda ayudar a ella y a su esposo Guadalupe Gerardo a encontrar a su hijo. “No hay nada (en el expediente de búsqueda de su hijo). Va uno al Ministerio Público y nos preguntan: ‘¿Qué investigó?’, quieren que nosotros vayamos y les digamos dónde lo tienen”, lamenta Azucena. Mientras las demás buscadoras continúan en la faena de “picotear” el descampado arenoso de El Quelite para hallar restos óseos o de sedimentos que den pie a suponer que ahí enterraron a seres humanos, Azucena hoy reflexiona con nostalgia que ella y Lupe (su marido) tienen que ver por sus dos nietos, una niña de seis y un niño de cinco años, pues ante la ausencia de Iván también se hacen cargo de su nuera. “Cuando desapareció Santos Iván su esposa estaba embarazada. Se lo llevaron y ya no ha visto a su otro hijo. En algunos casos (de desaparecidos) sus familias saben que fueron levantados y ¿por qué?, nosotros no sabemos ¿quién? ni mucho menos ¿por qué?”. Azucena comenta que “todos los días” ella y Lupe hacen algo para tratar de dar con el paradero de Iván Gerardo, a quien describen como un muchacho trabajador de la dirección de Limpia Pública del ayuntamiento de Culiacán. “Desde el camión de la basura me gritaba para saludarme, agitando sus manos cada vez que pasaba”. Guadalupe Gerardo incluso envió un fax al presidente Enrique Peña Nieto “pidiéndole su apoyo” en la búsqueda de sus hijos, tarde, pero en Presidencia lo reencauzaron con la PGR y ahí, aunque lo recibieron, el caso está estancado. “Mi marido ya perdió la cuenta de todas las veces que tuvo que ir a la Ciudad de México o a diligencias aquí en Culiacán en búsqueda de nuestros hijo”, refiere Azucena. El sol está por caer en el Pacífico mexicano, las buscadoras empiezan a guardar picos y palas, en tanto la Policía Científica y periciales de la Procuraduría continuará sus diligencias en El Quelite. Mientras caminan al convoy de vehículos que harán el regreso a Culiacán, una señora de pelo canoso, andar pausado y enormes ojeras que develan cansancio, suelta en voz alta: “Al final creo que todas, muy adentro, guardamos la misma esperanza de que un día nuestros hijos vuelvan a casa”.