La desconfianza ciudadana hacia las autoridades crece a medida que se acerca el proceso de reconstrucción de las viviendas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Aun cuando el gobierno federal y los estatales, así como empresas, fundaciones filantrópicas, agencias de cooperación extranjeras y partidos políticos prometieron sumas millonarias para esa tarea, el problema es cómo aplicarlas sin que se cuele la corrupción, advierte a Proceso Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Aún no termina la atención humanitaria a los más de 250 mil damnificados por los terremotos del 7 y 19 de septiembre y la sociedad civil ya comenzó a organizar estrategias de reconstrucción para evitar la corrupción, pues son muchos los ciudadanos que desconfían de las autoridades. En vísperas del arranque del proceso electoral 2018 –que se anuncia muy disputado–, la apuesta ciudadana está en vigilar los fondos multimillonarios destinados a la reconstrucción para evitar la compra de votos, así como el clientelismo político y empresarial. La ecuación no resulta sencilla, ya que el gobierno federal y los estatales, empresas, fundaciones filantrópicas, agencias de cooperación extranjeras, organizaciones de la sociedad civil e incluso partidos políticos prometieron sumas millonarias a las labores de reconstrucción. Pero la desconfianza impera entre estos actores, pues “cada quien quiere mantener el control sobre sus propios recursos”, señala Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En entrevista con Proceso, la socióloga advierte: sin coordinación y transparencia máxima en la asignación de los recursos y sin la participación de los propios damnificados en la planeación habrá muchos espacios para la corrupción. “Lo que nos preocupa es que se cuele la corrupción en esto. Sería el peor de los mundos que todo ese esfuerzo, todo ese deseo ciudadano de participar, apoyar y trabajar para los otros termine beneficiando a no sabemos quién y por esto le tenemos que poner un dique.” El 27 de septiembre, el Comité de Participación Ciudadana propuso la formación de una comisión integrada por organismos de la sociedad civil, empresarios y autoridades, que se encargue de monitorear el uso de los recursos que se destinen a las labores de reconstrucción y dé seguimiento a las investigaciones de presuntos casos de corrupción. La idea, recalca Peschard, consiste en “articular los distintos fondos” y exigir que se transparenten sus reglas de operación y objetivos –de los fideicomisos también–, con el afán de evitar su dispersión y manejo discrecional. Recuerda que existe una propuesta más radical: desde la semana antepasada el movimiento Nosotrxs subió a las redes un mensaje para proponer que todo el dinero se reúna en un “fondo único de reconstrucción nacional”, desde el cual se manejarían los recursos con “la más absoluta transparencia en tiempo real”. Muchas promesas El presidente Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal destinará 38 mil millones de pesos a la reconstrucción de las cerca de 155 mil viviendas devastadas. Adelantó que alrededor de 7 mil millones de pesos provendrán del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pero no precisó de qué partidas ni de qué dependencias provendrá la suma faltante. Los gobiernos estatales operarán sus programas sociales, mientras que los partidos políticos anunciaron su voluntad de reorientar a la reconstrucción parte de los recursos que les fueron asignados. En paralelo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) creó el fideicomiso Fuerza México e invitó al sector privado a aportarle fondos; otras empresas –como Facebook y Google– canalizaron dinero en fideicomisos propios, a veces a través de sus fundaciones; organizaciones civiles como Oxfam o Save The Children también participarán en las labores. Y no sólo esto: gobiernos extranjeros y organismos internacionales –el Vaticano, Canadá, Corea del Sur, China, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros– también desbloquearon fondos de apoyo. En resumen: existe aparentemente mucho dinero, pero hasta la fecha la coordinación es nula. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil en la que participan Transparencia Mexicana, Fundar, Oxfam, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) está elaborando una plataforma que centralice y transparente la información sobre el uso de todos los recursos –de los distintos fondos y fideicomisos–, así como de los trabajos de reconstrucción. Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, insiste en la necesidad de concentrar toda la información y la planeación en un solo espacio –la plataforma de datos abiertos– y de contar con el apoyo de las comunidades afectadas para monitorear que las labores se llevan a cabo conforme a la planeación. La coalición de organizaciones confía en que, al tener toda la información, la ciudadanía tendrá una mayor “capacidad de respuesta” con la que denunciará y desactivará los intentos de desvío. “Esta plataforma es el inicio de algo mucho más grande”, confía Bohórquez a Proceso. La plataforma permitiría determinar el monto exacto de dinero asignado a proyectos y trabajos concretos. De no ser así, dice, se repetirán los esquemas de desvío de dinero que su organización detectó en estados devastados, como Guerrero, después de los huracanes Stan, Ingrid y Manuel, pero también en contextos de cooperación internacional. Da un ejemplo: un municipio obtiene recursos de dos fondos –uno federal y otro estatal– para la construcción de 10 viviendas en un poblado. Al terminar las obras, tanto la auditoría federal como la estatal verificarán y acreditarán que, en efecto, las casas fueron construidas. Pero los auditores no podrán determinar que en realidad el proyecto fue pagado dos veces con dinero público y que una parte de esa suma fue desviada con fines políticos. A estos focos rojos se suma el uso clientelar de los programas sociales, que se agrava en zonas devastadas, añade Bohórquez, pues “hay recursos simultáneos en los municipios: los que manejan normalmente, más los fondos públicos adicionales, más los recursos privados”, por lo que, insiste, “el riesgo de desvío es mayor”. En los próximos días, su organización publicará una hoja técnica en la que detallará el nivel de “desarrollo institucional” de los municipios afectados, en la cual se señalarán los espacios más vulnerables al uso político de la reconstrucción. Bohórquez confía en que, ante su grave “déficit de credibilidad”, el gobierno federal compartirá más información. Ser tachado de deshonesto, corrupto u opaco en el proceso de reconstrucción tendrá repercusiones políticas e incluso electorales, sostiene. Y añade: “Piense en Morelos: concentrar la ayuda en las bodegas durante 24 horas tuvo costo político enorme para Graco (Ramírez, el gobernador de la entidad)”. Generación 19S Varias de las organizaciones que participan en la plataforma se encuentran en conflicto con el gobierno federal, pues abandonaron la llamada Alianza por un Gobierno Abierto después de enterarse de que agencias gubernamentales mexicanas de la administración de Peña Nieto espiaron a periodistas e integrantes de la sociedad civil con el malware espía Pegasus. Bohórquez insiste en que la alianza sólo se reactivará cuando la Procuraduría General de la República arroje luz sobre el uso ilegal del programa espía. No obstante, aclara, el desastre de los terremotos abrió un “proceso de paz” entre las organizaciones y el gobierno. Para funcionar, la plataforma requerirá de la participación de la “generación 19S”, la cual se levantó a raíz del temblor, participó en las labores de rescate y organizó brigadas para llevar ayuda a las comunidades afectadas, estima Bohórquez. En el Centro Horizontal, ubicado en la colonia Roma, los integrantes del movimiento Verificado19S también están pensando en la próxima etapa. Sus mapas interactivos –actualizados en tiempo real, protocolos de verificación y bases de datos, combinados con el uso eficiente de redes sociales– resultaron valiosas herramientas para agilizar y canalizar la energía ciudadana en las labores de rescate y de acopio posteriores al terremoto, y podrán servir en el monitoreo de la reconstrucción. Alejandro Ordóñez deambula entre las distintas mesas de trabajo, desde las cuales integrantes del movimiento –jóvenes, en su mayoría– coordinan el envío de voluntarios y víveres hacia los lugares que los necesitan. Él forma parte de la “mesa del futuro”, encargada de elaborar estrategias para los siguientes meses. “¿Qué sigue después? Del terremoto de 1985 surgieron organizaciones de la sociedad civil, colectivos y grupos estudiantiles. Me imagino que lo mismo va a suceder ahora. Seguimos en un punto en que la emergencia no termina, por lo que no sabemos con claridad”, dice en entrevista con este semanario. “El despertar ya se dio, está aquí. Mucha de la inercia se va a ir orientando en distintas organizaciones, mucha inercia quizá se pierda o se cambie, pero cada uno se va a llevar de aquí unas herramientas para las siguientes batallas. Verificado: 19S rompió el mito de que los millennials son inactivos.” Este reportaje se publicó el 1 de octubre de 2017 en la edición 2135 de la revista Proceso.