La resolución de un tribunal colegiado en materia laboral le otorgó a dos exárbitros lo que no había ejercido ninguno de sus colegas: el derecho a prestaciones sociales como el IMSS y el Infonavit, al igual que cualquier otro trabajador. Esto, a pesar de la sistemática negativa de la Federación Mexicana de Futbol a reconocer que tuvo con los demandantes una relación laboral. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde el surgimiento del futbol profesional en México, a principios de los cuarenta, los árbitros de las diversas ligas le han dedicado a ese deporte su tiempo y esfuerzo pese a los abusos de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut). Contrario a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, el organismo se niega a pagar los impuestos correspondientes a los sueldos de los árbitros y los excluye ilegalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) e incluso de las afores. La Femexfut tampoco otorga a los silbantes prima de antigüedad, vacaciones, aguinaldo ni liquidaciones de ley. No obstante, esta situación podría cambiar a partir de las demandas interpuestas por dos exárbitros contra el organismo rector del futbol profesional mexicano en la Junta Especial 15 de la Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) por despido injustificado. Los agraviados exigen que se les reconozca su relación laboral y se les reinstale de inmediato. Uno de estos litigios dio como resultado que un tribunal federal estableciera, en agosto pasado, que el árbitro debe ser considerado un empleado de la Femexfut, con todos sus derechos laborales, y que en adelante no podrá ser visto como un simple afiliado. Esta resolución se emitió después de que la mencionada Junta Especial resolviera el pasado 15 de mayo que no existió esa relación laboral entre el organismo y el exárbitro demandante, Arturo Serrato Alcaraz. La decisión fue apelada por la defensa del exsilbante. En consecuencia, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito obligó a la JLCA a modificar su decisión contra la Femexfut para que, entre otras cosas, reinstale al quejoso en los mismos términos y condiciones en que se desempeñaba. Pero ahora que la JLCA otorgó el fallo favorable al exsilbante, el organismo deportivo recurrió al amparo adhesivo con el único afán de desatenderse de los quejosos. De acuerdo con Marco Antonio Rangel, abogado de los árbitros Arturo Serrato Alcaraz y Cándido García Mendoza, el ordenamiento de la Junta Local desencadenaría una serie de problemas para la Femexfut, ya que tendría que reconocer como trabajadores a los 650 silbantes registrados en el sector profesional, que contempla la Liga Mx, Ascenso Mx, Liga Femenil, Liga Premier (Segunda División) y Tercera División. Así, la Femexfut deberá conceder todos los derechos laborales al árbitro, conforme a la legislación correspondiente. “La calidad de árbitro profesional en el ámbito deportivo es equiparable a la de los deportistas profesionales, en tanto que invierten mucho tiempo entrenando y practicando su destreza para desempeñar adecuadamente su función”, sentenció el tribunal colegiado. Además de la reinstalación, la sentencia obliga a la Femexfut a indemnizar al afectado por salarios caídos desde la fecha del “injustificado despido” hasta que sea formalmente reinstalado, con base en su salario diario de 653.33 pesos. Hasta el día del fallo de la JLCA, el monto que tenía pendiente de pagar la Femexfut ascendía a 1 millón 377 mil 219 pesos, pues Serrato Alcaraz fue despedido el 18 de julio de 2011 y para el 28 de abril pasado habían transcurrido 2 mil 108 días. El organismo también debe cubrir el equivalente a 20 días por año de servicio, prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, constancia escrita de servicios e inscripción retroactiva al IMSS, Infonavit y Afore, lo que implica que la Femexfut pagará multas y recargos en las dos primeras instituciones. Todo ello, a pesar de que la Federación impugnó el amparo que la Suprema Corte de Justica de la Nación le concedió a Serrato, alegando que el salario de los silbantes corresponde a honorarios aportados por los equipos de futbol. Ese recurso fue desechado en julio pasado, por improcedente. Luego del prolongado proceso de las demandas de Serrato Alcaraz (expediente 1636/2011) y de García Mendoza (676/2012), Rangel denuncia que en ambos casos la Femexfut ha negado sistemáticamente su relación laboral: “La Federación rechaza ser el patrón. ¿Con qué objeto? La evasión de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además del IMSS, Infonavit y las afores”. A decir del abogado, “la Federación tendrá que pagar prestaciones a los 650 árbitros del sector profesional conforme a la Ley Federal del Trabajo. Estos silbantes están dejando de cotizar para el IMSS y el Infonavit, y no cuentan con ninguna prestación. A cambio, la Federación les paga por el arbitraje que realizan y punto, con el objeto de simular que son como comisionistas mercantiles. Lo manejan bajo esa figura para disfrazar la relación laboral”. En favor de la Federación Serrato Alcaraz y García Mendoza, quienes trabajaron como silbantes en la Segunda y Tercera División, acusan a la Junta Especial 15 de un intento de beneficiar a la Femexfut y elaborar resoluciones con errores inexplicables, como una forma de alargar el procedimiento. Como ejemplo de ello, Rangel muestra el oficio radicado el 2 de septiembre de 2016 en la JLCA, en el cual se le solicita que emita la sentencia sobre el caso de García Mendoza. Pero la junta no lo hizo. “Nos vimos en la necesidad de interponer un amparo indirecto para que manifieste la resolución, el cual conoció el Juzgado de Distrito”. A partir de este recurso, la autoridad federal ordenó a la Junta Especial emitir el laudo en un plazo no mayor a 15 días, tal como ocurrió el 15 de junio de 2016, casi un año después de que el demandante presentara el amparo. Sin embargo, en la citada resolución aparece el nombre de “SERRATO ALCARAZ ARTURO”, cuando en realidad el demandante de ese caso es Cándido García Mendoza. “Tan mal elaborada está la resolución de Cándido García Mendoza, que resultó una vil copia del caso de Arturo Serrato. Es decir, la junta se tardó un año para hacer el clásico copiar y pegar. Nada más que se le olvidó retirar el nombre del otro agraviado”, enfatiza Rangel. Agrega que la Junta Especial no estudió las pruebas aportadas en el juicio: “Qué absurdo error. Únicamente lo hicieron con el propósito de cumplir el mandato del Juzgado de Distrito. Es decir, el tribunal colegiado le dijo: ‘Cumple con la resolución dentro del término o te multo’. Entonces la junta determinó dar una resolución y luego la evaporó”. –¿Qué implica este desatino de la JLCA? –Es evidente la parcialidad a favor de la Federación. Esta autoridad debió realizar un análisis a profundidad, valorando las pruebas, como lo establece la propia Ley Federal del Trabajo: “Deberán emitirse los laudos a verdad sabida y buena fe guardada. “Es continuar con lo mismo. De nueva cuenta la autoridad vuelve a aferrarse al mismo caso, en el sentido de que ‘no existe relación laboral con la Federación’, y realmente el propósito de ésta es que no haya ningún precedente de la relación de trabajo, ya que llevaría incluso a la constitución de un sindicato de árbitros, si bien ya existe una asociación. “De alguna forma, la formación de un sindicato repercutirá en los empresarios del futbol, entre ellos los dueños de Televisa y TV Azteca, porque deberán reconocer el derecho a todos sus árbitros con la calidad de trabajadores, lo que afectaría sus finanzas por el pago de impuestos y todas las erogaciones por concepto de Infonavit, IMSS y afores.” El abogado añade que, “con ese objeto, la Federación interpuso su amparo adhesivo”. Afirma que “hasta el momento” no han sido notificados del recurso, pese a que la JLCA “refiere que siempre nos notifica y, casualmente, el actuario argumenta que cuando acude al domicilio la puerta siempre está cerrada y que deja fijadas las resoluciones en la puerta. Pero nunca aparecen. Nos enteramos por internet de que la Federación promovió un amparo adhesivo. No podemos reconocer que hayamos sido notificados de algún amparo de la Federación”. Por ahora, la defensa de Serrato Alcaraz reclama la entrega de la constancia del recurso promovido por la Femexfut a través del corporativo que la defiende: el despacho Maillard, Cerbón, Canudas, Argumedo y Asociados, que representa a diferentes árbitros en aproximadamente 30 juicios laborales activos. “Si no exhibes esa garantía, queda expedito el derecho a la parte actora para pedir que se ejecute el cumplimiento de la resolución”, reclama la defensa de Serrato Alcaraz y García Mendoza. En el caso del primero, la JLCA condenó a la Femexfut a reinstalarlo y no señaló un plazo para hacerlo. Sin embargo, Rangel observa que, “cuando estamos en cuestiones de reinstalación, éstas no pueden suspenderse; tienen que cumplirse, independientemente de la parte quejosa, la Federación, que interpuso el amparo”. Para el abogado ha sido difícil llevar estos casos por los intereses que involucran. De hecho, anticipa que el litigio podría extenderse: “Simplemente el amparo de la Federación se va a tardar entre cinco y seis meses para que lo declaren improcedente, porque ya hubo un procedimiento”. Resalta, asimismo, que sus representados no han obtenido justicia de una manera pronta y expedita como establece la Constitución. La demanda de Serrato Alcaraz data de 2011 y la de García Mendoza de 2012 y siguen inconclusos. Adelanta que en el asunto de García Mendoza, quien fue asistente en la Tercera División y árbitro de la Segunda División (Liga Premier), está por interponer un amparo directo. García Mendoza ingresó a la Comisión de Árbitros de la Femexfut el 7 de septiembre de 1997 y fue despedido el 5 de enero de 2012. A su vez, Serrato Alcaraz fue árbitro de la Segunda y la Tercera División entre 2000 y 2011. Fue dado de baja al llegar a la edad máxima para árbitros de la Segunda División (33 años) y asegura que únicamente exige que la Femexfut lo remunere como a cualquier trabajador. Sin embargo, pese a que la Junta Especial 15 terminó por reconocer la relación laboral alegada, la Femexfut no ha cumplido la sentencia. “La Federación ha estado entorpeciendo la ejecución de este cumplimiento. Es preocupante que la ley le permita que siga manejando este tipo de situaciones a su conveniencia”, lamenta Serrato. “Es la triste situación del árbitro mexicano –prosigue–, por eso decidí llevar la demanda laboral. El compañero de profesión está descobijado completamente, sin ninguna clase de apoyos ni prestaciones. Es lamentable trabajar de esa manera y con el sueño de llegar a la máxima categoría. Muchos se quedaron en el camino y nunca recibieron apoyo de la Federación ni del gremio arbitral.” Sólo entre 25 y 30 de los 650 árbitros profesionales del país llegan a dirigir en la Liga Mx, la principal división. A decir de Serrato Alcaraz, no es un mal del arbitraje sino del país en general. A pesar de eso, aclara: “También aquí hay que saberse relacionar y acercarse a las personas adecuadas para alcanzar el sueño. (Algunos lo consiguen.) Qué bueno, los felicito. Hay quienes no supimos relacionarnos ni llegar al sitio adecuado. Mi molestia es contra la Federación, porque no te brinda las condiciones necesarias para desempeñar la función arbitral”. Este reportaje se publicó el 5 de noviembre de 2017 en la edición 2140 de la revista Proceso.