CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de una espera de 11 años, siete meses y 12 días, desde que fueron ultrajadas y vejadas, las 11 mujeres de Atenco enfrentarán al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en busca de justicia. Representadas por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las víctimas -de un grupo de más de 30 que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, cuando gobernaba el Estado de México el actual presidente Enrique Peña Nieto- se presentarán en audiencias públicas este jueves 16 y viernes 17 en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, en el contexto de 120 Periodo de Sesiones. El caso fue trasladado al máximo órgano de justicia del continente americano, después de que el Estado mexicano no dio respuesta durante los últimos dos años a las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo 74/15 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 28 de octubre de 2015. En una aparente estrategia dilatoria orientada a evitar que el caso Atenco se abordara en la Corte durante la actual gestión de Peña Nieto, el Estado mexicano se desentendió de las conclusiones de la CIDH en las que se le consideró responsable por la violación a los derechos establecidos en la Convención Americana y en la Convención Belém do Pará, en perjuicio de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo. De acuerdo con la CIDH, las 11 “fueron víctimas de tortura física, psicológica y sexual” y el Estado “incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia y en un plazo razonable, lo que ha generado una situación de impunidad”. Además, “la CIDH considera que la gravedad de los hechos ocurridos, sumada a la ausencia de una respuesta judicial oportuna, ha generado efectos que van más allá de las víctimas directas y que incluyen a sus familiares”. Recomendaciones incumplidas Del análisis de más de siete años -pues las mujeres y sus representantes ingresaron la petición de intervención de la CIDH en abril de 2008-, el organismo con sede en Washington determinó que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, autonomía y dignidad, a la igualdad y no discriminación, y a las garantías judiciales y protección judicial. Después de emitir la resolución, el gobierno de Peña Nieto fue incapaz de cumplir cinco recomendaciones: “Reparación integral a favor de las 11 mujeres, que incluya el aspecto material como moral; brindar a las víctimas tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, según sea el caso, de forma gratuita, inmediata y por el tiempo que sea necesario; continuar la investigación “de manera efectiva” que permita “identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoridad material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de la distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como posibles actos de encubrimiento u omisión”. Al indicarse que en el esclarecimiento del caso se deberá “evitar cualquier forma de revictimización y asegurar que la calificación jurídica de los hechos sea conforme a los estándares” internacionales, el informe de fondo de la CIDH consideraba indispensable “disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales, correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia”. Asimismo, el organismo consideraba como medidas de no repetición “adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole”, entre ellas, “capacitar a los cuerpos de seguridad tanto a nivel federal como estatal en la prohibición absoluta de la tortura y de la violencia sexual y de otra índole contra la mujer, así como a enviar un claro repudio a este tipo de actos”, lo que deberá extenderse a personal médico “y todo funcionario estatal a cargo de las diferentes etapas de una investigación de hechos como los sucedidos en el presente caso”. Las recomendaciones aprobadas por los comisionados James Cavallaro, como relator de México; Tracy Robinson, entonces relatora de la Mujer; Pablo Vanucchi, Rosa María Ortiz , Felipe González y Rose Marie Belle Antoine sugerían “fortalecer la capacidad institucional para asegurar que las investigaciones de los casos de alegada violencia sexual en general y de tortura sexual por parte de agentes estatales en particular, sean compatibles con los estándares” contenidos en las convenciones Americana y Belém do Pará. El operativo de Peña Nieto En el Informe de Fondo, en cuya discusión se excluyó -por normatividad del órgano interamericano- al mexicano José de Jesús Orozco Henríquez, se destaca la participación del entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, en el diseño del operativo policiaco. En éste que resultaron violentados los derechos de las agraviadas y fue originado por la intención del gobierno municipal de Texcoco de desalojar a floristas apoyados por simpatizantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se manifestaron aquel 3 de mayo en la carretera municipal Los Reyes-Lechería, a la altura de la entrada de San Salvador Atenco. Durante la acción policiaca para despejar la carretera se desarrollaron enfrentamientos entre pobladores y policías, estatales, federales y municipales, registrándose la retención de algunos agentes que fueron despojados de equipo y armamento. “Desde la noche del 3 de mayo de 2006, alrededor de mil 815 policías estatales y 628 policías federales se concentraron en distintos puntos del municipio de Texcoco; intervinieron también elementos del Grupo de Operaciones Especiales. Ese día hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al entonces gobernador del Estado de México, en la que decidió utilizar la fuerza pública a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, liberar a los servidores públicos retenidos, recuperar el equipo, armamento y patrullas retenidas, presentar a las autoridades a quienes fueran detenidos en flagrancia y restablecer el ‘estado de derecho’. “La estrategia se definió en una segunda reunión, que terminó en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en la que participaron autoridades federales, estatales y miembros del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva. Dicho operativo sería vigilado vía aérea”, se sostiene en la sección de “hechos probados” del Informe de Fondo. Para las víctimas, dicha estrategia derivó en terror: Durante el traslado, los rostros de las mujeres fueron cubiertos con sus ropas; golpes con toletes en los cuerpos desnudos; pantaletas y sostenes destrozados; los manoseos, mordidas y pellizcos en senos y nalgas; partes íntimas mancilladas, semen derramado en los cuerpos de las mujeres, en suma, la tortura sexual; más golpes, las amenazas de ejecución y desaparición; para continuar el infierno al ingreso del penal, la negativa de los funcionarios del Ministerio Público y médicos legistas de admitir sus quejas y proporcionar atención ginecológica, así como la huelga de hambre a que tuvieron que recurrir para ser atendidas. Todo fue narrado de forma desgarradora por las 11 mujeres en sus denuncias penales. Sus testimonios fueron confirmados en la Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como en periciales del Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), incluidos en el documento, hechos que no fueron controvertidos por el Estado mexicano en el periodo de alegatos ante la CIDH. La audiencia Ante la CoIDH, este jueves las 11 víctimas participarán como “declarantes” en la audiencia, según se describe en la convocatoria del órgano americano. Cada una de las víctimas declarará sobre los motivos por los que se encontraba en Texcoco y San Salvador Atenco 3 y 4 de mayo de 2006. También informará sobre qué vio y qué acciones tomó ante el clima de violencia desatado por los operativos policiacos; las circunstancias de su detención; descripción de la violencia física, psicológica y sexual que sufrió y de la que fue testigo a partir de su detención, incluyendo en su traslado a la prisión. Además, describirá la violencia que vivió en el penal, entre ellas la inadecuada asistencia jurídica y atención médica y psicológica; cómo fue tratada por los agentes estatales responsables de las investigaciones y cuál ha sido el resultado de los proceso judiciales; así como las afectaciones a sus familias y sus propuestas de medidas de reparación. En la audiencia, a propuesta de la CIDH y los representantes de las 11 de Atenco, participarán 10 expertos en seguridad pública y el uso de la fuerza en México, así como de la violencia de género y tortura sexual atribuida a fuerzas de seguridad en el país. Después de la audiencia, en la que participarán también representantes del Estado mexicano, los integrantes de la Corte tomarán algunas semanas para dar su veredicto final. La CoIDH está presidida por Roberto F. Caldas y lo acompañan los jueces Humberto Antonio Sierra, Eduardo Vio Grossi, Elizabeth Odio Benito, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y el mexicano Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot, quien se excusará de participar en esta audiencia por normatividad.