TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El director del Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, alertó que otra masacre como la de Acteal podría ocurrir en la región Altos de Chiapas si el gobierno federal no desarma a los grupos civiles armados o paramilitares que han dejado ya cientos de desplazados de Chenalhó y Chalchihuitán. En entrevista, Faro dijo hoy que este conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, que data de hace más de 40 años, se ha agudizado por las omisiones del gobierno estatal y federal para solucionar de forma definitiva esta disputa agraria y territorial. Luego expuso que este conflicto fue propiciado por el mismo gobierno estatal y el gobierno federal a través de sus instancias agrarias, al emitir resoluciones “desde el escritorio”. También señaló que, desde el sexenio de Pablo Salazar (2000-2006), en el de Juan Sabines (2006-2012) y el actual de Manuel Velasco (2012-2018), supuestamente se ha dado solución al conflicto, pero hasta ahora son sólo acuerdos que se han quedado en el discurso. “El problema que vimos ahorita, desde las elecciones municipales de julio de 2015, es que ya se volvieron a crear grupos civiles armados. Como nunca se investigó a los grupos paramilitares y como nunca se desarmó a los paramilitares de la región, ahora se ve claramente que fácilmente se pueden rearmar, o reagrupar para, como en este caso, agredir a los indígenas de Chalchihuitán”, advirtió Faro. Y agregó que “en esta disputa también se han visto afectadas poblaciones del propio municipio de Chenalhó que nada tienen que ver con este conflicto”. Lo que ha documentado el Frayba es que, el año pasado, hubo un grupo o comisión interinstitucional que propuso al gobierno estatal la solución de este conflicto, pero el gobierno ha incumplido con los acuerdos, como lo son la reparación del daño, indemnizar a las personas afectadas, el deslinde del límite territorial y otras acciones. En este conflicto, aclaró, no hay nada nuevo u oscuro, “lo oscuro acá es que de nueva cuenta se han reactivado los grupos armados que están agrediendo, desplazando y matando personas”. “No se sabe qué intereses puede haber ahí para que esa zona se vuelva una zona de guerra, nuestra explicación, hasta donde podemos lograr ver, es que desde la masacre de Acteal se ha dejado crear un clima de impunidad, donde los actores que están ligados al gobierno actúan de manera impune y hacen lo que quieren en la zona. No hay pues un Estado de Derecho en esta región”, denunció. “La información que nos llega es que están comprando armas, que se están reorganizando, que están asediando y generando terror a las comunidades, y esa situación ha dejado ahora miles de desplazados, y no sólo de Chalchihuitán, sino también de Chenalhó, por este mismo conflicto. El riesgo ahora, abundó, es que empiecen a recrudecerse los asesinatos y se perpetre otra masacre. “Porque el gobierno lo único que ha anunciado es la creación de una Base de Operaciones Mixtas conformada por cuerpos policiacos y militares del gobierno estatal y federal, similar a la que estaba cerca de la masacre de Acteal en 1997, y nunca previno para evitar el multihomicidio”. Faro pidió que, para finiquitar el conflicto, se restablezcan los acuerdos comunitarios que ya tienen las autoridades tradicionales de ambos municipios, que se investiguen los asesinatos que han quedado impunes, que se investigue, desarme y desarticule a los grupos armados paramilitares que operan en la zona. En un comunicado, el Frayba sostuvo que está en riesgo la vida, seguridad e integridad de comunidades enteras en la región. Luego destacó que en octubre se registró la muerte de Samuel Pérez Luna, poblador de Chalchihuitán, originario de la comunidad de Kanalumtik, y se profundizó la violencia el lunes 13, ocasionada por grupos armados de la región. Por esa razón, cientos de familias han dejado la región, refugiándose en el monte. Incluso, resaltó, grupos armados cortaron la carretera y bloquearon todos los accesos a las comunidades del municipio de Chalchihuitán, quedando incomunicada la población. “Hasta el día de hoy siguen los disparos de bala, la población está viviendo en terror, hay rumores de que va a entrar gente armada para agredir a las personas que están en la cabecera de Chalchihuitán. No hay nada de comer, ni frijol ni tortilla. El gobierno del estado no escucha porque no se ha hecho nada, estamos solos y abandonados a nuestra suerte. Todos los negocios están cerrados, ya no maíz, no hay fruta, no hay gasolina. El municipio está sitiado, no hay manera de pasar despensa; hay mucho miedo, hay balacera en la comunidad de Pom, y por lo menos nueve casas quemadas. Y hay amenazas de que cortarán la energía eléctrica”, se destaca en el informe del Frayba. Según información con la que cuenta el Frayba, las comunidades en mayor riesgo son Tzacucum, Codo de Río, Balumpi, Chacotom, Chimcruz, Zacatón, Tzeleltic, Tzantechen, Pajalton, Xaltom, Ceranichimtic, Zanajo, Shcumun, Naptic, Nuctsu, Maxilo, Nichkacanam, Tzomolton, Cruz Kakalnam, Bololchojon, Tulantik, Pom, Chenmut, Kanalumtik, Canech, Cotolchij, Lobolaltik, Pacanam, Pat Canteal, Tzununil, Chiquinshulum y Joltelal. Aproximadamente 7 mil personas afectadas por la violencia. Por ello, el Frayba urgió al Estado mexicano a atender de manera pronta y expedita esta situación que se ha tornado en hechos de violencia generalizada y puede llevar a mayores violaciones a derechos humanos, “ya que tenemos información precisa de que las acciones implementadas por funcionarios del gobierno de Manuel Velasco han sido ineficaces y han generado mayor situación de riesgo a la población”. Enseguida, la ONG pidió que se implementen de manera urgente las medidas cautelares necesarias y pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las familias de Chalchihuitán y Chenalhó. Igual que se apliquen los “Principios rectores de los desplazamientos internos” de la ONU, con el fin de proteger a los cientos de familias que han huido de la violencia generalizada y que están en total vulnerabilidad. También que investigue el asesinato de Samuel Pérez Luna, se castigue a los responsables y se desarme a los grupos que actúan de manera impune bajo la permisividad del gobierno de Chiapas. Pero, sobre todo, que se garantice el libre tránsito y la paz social en las comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, priorizando el diálogo entre las partes bajo el respeto esencial de los derechos humanos.