Los istmeños damnificados por los sismos de septiembre pasado no dejan de presionar a las autoridades de los tres niveles –sobre todo a las estatales– para que expliquen dónde está el dinero destinado a la reconstrucción. También aseguran haber recibido amenazas de muerte por el hecho de protestar, e insisten en que debe realizarse un segundo censo de vivienda que incluya a las familias realmente afectadas. OAXACA, Oax (Proceso).- A la gente del Istmo de Tehuantepec “nos quitaron el alma al terminar de derribar nuestras casas, que son un patrimonio cultural”, sostiene la poeta Natalia Toledo cuando habla de la situación que viven sus paisanos, damnificados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre. Esas construcciones, puntualiza, “hablaban zapoteco y resguardaban recuerdos en el baúl, y ahora todo es un desmadre”, pues los tres niveles de gobierno “están trabajando de manera tan chafa que buscan minar el carácter, la enjundia de la gente para ser carne de cañón en las próximas elecciones”. Y añade: “A mi entender, la reconstrucción sigue siendo negocio de los tres niveles de gobierno porque hay más de 2 mil familias de Juchitán cuyas casas no fueron censadas por la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano)”. El malestar es generalizado. Según la síndica hacendaria de Juchitán, María Cruz Vásquez, eso se ha traducido en más de 10 bloqueos carreteros en Juchitán, Tehuantepec y Jalapa del Marqués, así como en marchas de trabajadores del sector salud y un plantón de mujeres frente al palacio de gobierno. Los integrantes del Consejo de Damnificados en San Pedro Comitancillo, presidido por Sodel Linton, denunciaron actos de intimidación luego de la protesta que organizaron el lunes 13 frente al ayuntamiento para exigir al alcalde Arturo Cruz Girón y señalar que algunos de sus incondicionales fueron incluidos en el padrón de damnificados aun cuando no lo son. Estos damnificados afirman que los amenazaron con matarlos o levantarlos si seguían denunciando irregularidades en el padrón de viviendas a reconstruir, la clonación y el decomiso de tarjetas de Bansefi, así como la opacidad en la entrega de recursos de empleo temporal a los afectados por los sismos. El martes 14, el consejo recibió un mensaje enviado desde la cuenta de Facebook PGR Cosco Alex en la cual aparece la fotografía de un individuo armado con el siguiente mensaje: “Luego porque amanece uno muerto como perro sodel libton y alba peña cabrona amenazando porque según tienen el respaldo de esa gente bájenle a su pedo q si ustedes están peliendo mil pesos yo con esos mil pesos los voy a desaparecer los voy a llenar de plomo y déjenme decirles q esta por medio su familia un levantón no vendría nada mal hijos de puta” (sic). Según Linton, en Comitancillo hay “una serie de situaciones equívocas”. Por principio, dice, el censo no lo realizó Sedatu sino dos personas, presumiblemente de esa dependencia, que sólo acudieron a Juchitán a impartir un taller; “en realidad fueron los trabajadores del municipio quienes realizaron el censo. Uno de ellos, César Girón Jiménez, incluso aparece en él, aunque su vivienda no tiene folio”. Ese censo incluye a otras regidoras cuyas casas presuntamente sufrieron daños, así como terrenos baldíos. El propósito es beneficiar a gente que trabaja en el ayuntamiento de Juchitán, mientras que las más de 660 personas que sí resultaron afectadas no aparecen en el primer censo, sostiene el dirigente. Su colega del Rey Toledo, de la Coordinadora Única de Damnificados de Ixtaltepec, se quejó porque las autoridades de los tres niveles, en lugar de apoyarlos, comenzaron a demoler las casas. Ello obligó a los afectados a formar el Consejo de Damnificados en Comitancillo, en Ixtaltepec y en Ixtepec, pues muchas familias no fueron censadas ni tienen folio de su vivienda. En Ixtaltepec, según el censo ciudadano, más de 300 familias que tuvieron daño parcial y total en sus inmuebles, no han sido censados. Por si fuera poco, el programa emergente de Empleo Temporal se dio de manera discrecional. En Ixtaltepec no se hizo pública la entrega del apoyo y más de 500 damnificados con folio quedaron fuera. En los tres municipios detectaron más de 100 casos de tarjetas del Bansefi clonadas y la exclusión de mil familias del padrón, por lo que intentan conformar una coordinación nacional de damnificados y presentar sus quejas ante la Sedatu. Ajeno a las críticas ciudadanas, en su primer informe de gobierno –entregado la semana antepasada ante la LXIII Legislatura– Alejandro Murat destacó que su gobierno está “en la ruta correcta” en lo que respecta al problema. Según él, Bansefi depositó mil millones de pesos que se distribuyeron mediante 63 mil tarjetas entre los istmeños para la construcción de 6 mil hornos para totopo y pan. Asimismo, según el documento, se avanza en la construcción de 10 mercados que se cayeron y en la atención a 125 edificios catalogados como monumentos históricos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin embargo, evitó hablar o transparentar el monto de recursos que recibió el gobierno en donaciones de gobiernos extranjeros, fundaciones y empresarios para la reconstrucción del Istmo de Tehuantepec. La realidad local “Los istmeños ya tenemos un sismógrafo en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, porque sigue temblando. Llevamos más de 10 mil réplicas, y según la sacudida sabemos si (el sismo) fue de cuatro o cinco grados. Algunos hasta lo toman a broma, pero en el Istmo ya vivimos en modo vibrador”, comenta la síndica hacendaria de Juchitán. Hasta ahora, dice, los gobiernos federal, estatal y municipal no han explicado dónde está la ayuda humanitaria nacional e internacional, y añade que los istmeños no quieren que ese dinero y el del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) se quede en los bolsillos o cuentas bancarias de los líderes, gobernantes o empresarios de la construcción, sino en la gente que realmente lo necesita. Natalia Toledo dice que ella se enteró de que la tarjeta del Fonden está clonada o no tiene ni un peso de respaldo; también dice saber que los damnificados que tuvieron pérdida total de su casa sólo recibieron apoyos por daño parcial, y esa cantidad no les alcanza. “No sabes si vas amanecer al día siguiente; es como quemar las naves. De todas maneras, no podemos hacer una casa con ese pinche dinero que nos dieron…” En otros lugares los pobladores ya comenzaron a levantar viviendas desechables; otros permanecen en casas de campaña. Natalia Toledo dice tener reportes de que hay muchos inmuebles derruidos pese a que no habían sufrido daños; todo porque las autoridades les dijeron a los propietarios: “Si no tiras tu casa, no te va tocar”. Y ellos las derribaron. La poeta invita a los afectados a hablar, a cuidarse, a participar en los talleres en zapoteco o en las 43 cocinas comunitarias que apoya su papá, el pintor Francisco Toledo. Menciona incluso el programa “Gente hormiga”, mediante el cual se da de comer a unos 50 niños y adolescentes que van a la escuela y luego regresan a ayudar. Ahí en el Istmo trabajan sin descanso los artistas Demián Flores, el poeta Mardonio Carballo y la propia Natalia. “Estamos viendo resultados positivos, creando jóvenes comprometidos solidarios que se preocupan por los otros y por el arte”, dice ella. “También hay gente de fuera, como la fotógrafa Graciela Iturbide, que quiere seguir apoyándonos. No nos sentimos solos. Ella quiere dar dinero para que continúen los talleres”, comenta. ¿Dónde está el dinero? La fracción del PRD en el Congreso del Estado de Oaxaca pidió a los gobiernos federal y estatal concluir el censo de beneficiarios para reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre. “Se requiere una auditoría al primer censo para que se compruebe que estén en el censo las personas que verdaderamente sufrieron afectaciones en sus viviendas”, pidieron por escrito los legisladores de ese partido. Carol Antonio Altamirano calificó de irresponsables al gobierno de Enrique Peña Nieto y al de Murat, pues muchas familias siguen viviendo en la calle; peor aún, “personas que perdieron sus casas no han ingresado al censo y no han recibido el apoyo”, dijo el diputado perredista. Se quejó también porque, sostuvo, los 120 mil pesos destinados para daño total en vivienda son insuficientes, y sobre todo porque los gobiernos federal y estatal incrementaron los montos del Fonden: “Tan sólo en ese fondo se etiquetaron 18 mil millones de pesos para 2018 que deben ser destinados en su gran mayoría a la reconstrucción de viviendas. Por parte del gobierno del estado, se cuenta con 8 mil millones de pesos, que en su mayoría deben ser destinados a la reconstrucción de las casas afectadas por los sismos.” A su vez, los trabajadores del hospital Macedonio Benítez Fuentes realizaron marchas luego de que el gobierno ordenó desmantelar la sede alterna del nosocomio, ubicada en el deportivo El Juchiteco. La base trabajadora preguntó al secretario de Salud federal, José Narro, y al estatal, Celestino Alonso Álvarez, dónde fue aplicado el presupuesto destinado a ese hospital, superior a los 4 millones de pesos. Los empleados de la Secretaría de Salud estatal exigen la remoción inmediata de Álvarez por su falta de seriedad. Al cierre de edición, habitantes de la región del Istmo realizaban un bloqueo en la carretera federal 190 Oaxaca-Tehuantepec y en Jalapa del Marqués para exigir el levantamiento de un segundo censo de viviendas afectadas. El Comité de Damnificados de los Pueblos del Istmo, integrado por afectados de Niltepec, Ixtepec, Ixtaltepec, Matías Romero y Juchitán, pregunta: “¿Dónde se aplicará la deuda de mil 200 millones de pesos que adquirió el gobierno estatal?, ¿dónde están los millones de dólares que recibió el gobierno federal en donativos?, ¿dónde están, que no se reflejan?” Este reportaje se publicó el 26 de noviembre de 2017 en la edición 2143 de la revista Proceso.