Entre plegarias, familia de Gerson Quevedo exige justicia en Veracruz
XALAPA, Ver. (apro).- Michelle Quevedo toma el retrato de su hermano Gerson recargado en el cirio de una iglesia. Gerson luce el pelo ondulado, camisa desabotonada, rostro pensativo. La fotografía de 12x16 es abrazada con fuerza por Michelle, quien estalla en llanto.
Es la misa de cuerpo presente para despedir a Gerson Quevedo, la onceava víctima identificada del narcocementerio de Colinas de Santa Fe, camposanto clandestino donde han sido encontrados 17 mil restos óseos. Y hasta hace unos días, uno más de los 553 cuerpos encontrados en distintas fosas de Veracruz y que permanecían sin identificar.
Maricela Orozco y Gerson Quevedo padre van a la cabeza del cortejo fúnebre, los restos del estudiante de arquitectura van depositados en una pequeña urna de fina madera que es rociada con agua bendita por el sacerdote.
El representante de la Iglesia católica implora al cielo y pide al creador “perdón” y “misericordia” por los “pecados” (sic) que Gerson Quevedo a sus 19 años pudo haber cometido; pero pide también “perdón” por aquellos (sic) que le ocasionaron daño.
Debieron pasar 45 meses para que la familia Quevedo Orozco pudiera completar su triple duelo. El 15 de marzo de 2014 nunca lo podrán olvidar, cuando unos sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) secuestraron a Gerson en el fraccionamiento Arboledas San Ramón en Medellín de Bravo; más tarde pidieron rescate y éste fue pagado de forma puntual, pero el estudiante de arquitectura no volvió a casa.
Ante la inacción de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGE), Alan –hermano de Gerson– y su cuñado, Miguel Caldelas, salieron a investigar por su cuenta. Descubrieron la casa de seguridad donde tenían cautivo a Gerson y, al hallarla, notificaron a la policía, pero está se negó a acudir en auxilio y los jóvenes fueron acribillados sin piedad. Militares llegaron minutos después y también privaron de la vida a dos sicarios, mientras otros más escaparon.
Hoy a la misa de cuerpo presente asistieron familiares de desaparecidos y representantes de diversos colectivos; la solidaridad se vive en silencio, con abrazos fraternos, el llanto fluye de forma copiosa, es la resignación de que hoy termina la búsqueda de una ausencia.
Al término del cortejo fúnebre, Gerson Quevedo padre acepta hablar con la prensa, la exigencia la hace a nombre de toda la familia: “¡Queremos justicia!”.
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Gerson Quevedo. Foto: Especial[/caption]
Luego recrimina que, de los tres detenidos, Cristian de Jesús Castillo Wachi, de 23 años, y Lucina Ramón Quintero, La Luci de 44, así como una tercera persona cuyos datos se desconocen, ninguno ha recibido sentencia.
Además, fustiga que el Poder Judicial de la Federación determinó en la causa penal 11/17 del Juzgado Quinto de Distrito que no hay elementos suficientes para considerar que en el secuestro y posterior asesinato de Gerson Quevedo hubo participación de la delincuencia organizada.
“El juez federal Mario Medina Soto le negó por segunda vez el pliego petitorio a SEIDO, que porque no hay delincuencia organizada en Veracruz. ¿Cómo dice que no hay delincuencia si donde estaba el cuerpo de Gerson hay cientos de cuerpos?”.
Quevedo padre sospecha que en el asesinato de sus dos hijos y de su yerno pudo, incluso, haber omisión o complicidad policíaca; incluso, revela que ellos no han podido vivir en paz.
“Seguimos recibiendo amenazas, no hemos podido estar residiendo en un solo lugar por las intimidaciones que hemos recibido, todo porque una de las mujeres que participó es pareja del jefe de plaza en Veracruz”.
Aunque la corrupción y la complicidad de policías con la delincuencia organizada siguen brotando en el narcocementerio de Colinas de Santa Fe, familiares adheridos a colectivos de desaparecidos se quejaron hoy de que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, y de su fiscal especializado, Luis Eduardo Coronel Gamboa, ya no quiere continuar con la búsqueda de fosas ni en el puerto de Veracruz ni en otros municipios como Actopan, Cotaxtla y Alvarado.
“Estamos teniendo trabas. Ya no nos quieren dar la cara, mucho menos quieren hacer búsqueda, ya te están poniendo muchos pretextos, cuando al inicio del gobierno eran toda apertura”, se quejaron familiares de desaparecidos con Apro.
Al término de la misa de cuerpo presente, ya en la banqueta, se buscaron declaraciones del fiscal Luis Eduardo Coronel, quien pretextó que “no era lugar” para dar declaraciones.
–No es lugar, no es el momento, aquí no –evadió una y otra vez.
–Usted lleva (el tema de) las fosas. Si no es aquí, ¿dónde?, sólo que lo busquemos en el antro –reviraron molestos algunos reporteros que conocen de la vida nocturna del funcionario.
El primer cuerpo en identificar en Colinas de Santa Fe fue el del oficial del MP adscrito al Operativo Veracruz Seguro, Pedro Huesca, quien según la investigación ministerial FAE/06/2013 y que derivó en la causa penal 49/2013 fue “desaparecido” por policías estatales junto con su oficial secretario, Gerardo Montiel.
La investigación reveló cómo presuntos integrantes del CJNG y elementos de la SSP trabajaban de común acuerdo, pues la causa penal 49/2013 narra la detención y declaración de Obed Pulido Murrieta El Cocho (“halcón”), Josué Acosta Isidoro El Tortuga (sicario) y Alberto Lewis El Pantera (jefe de plaza en esa región), integrantes del CJNG a quienes les fue asignada la encomienda de llevarse al “licenciado Huesca”.
“Según El Pantera me comentó que me necesitaban para un evento que consistía en levantar a un licenciado, que esta persona se transportaba en una unidad Cheyenne blanca, 4 puertas, y que tenía que vigilar tanto el domicilio como los movimientos del licenciado. El Pantera me dijo que ese licenciado se las debía al jefe del cártel que está en Veracruz, desconociendo el nombre de dicha persona”, refiere la declaración de El Cocho asentada en la FAE/06/2013.
Sus aseveraciones fueron respaldadas y acompañadas en la carpeta de investigación con conversaciones de WhatsApp de teléfonos Xperia (Telcel) y BlackBerry (Movistar), en donde Obed Pulido también “halconeaba” movimientos de elementos de la Armada de México.
El 15 de abril de 2013, día del “levantón” de Pedro Huesca y de Gerardo Montiel, se agregó a dicha misión, para garantizar la efectividad del operativo, el comandante de la SSP Víctor Sandoval, a bordo de una unidad oficial de la Policía Estatal, junto con otros elementos de la corporación.
Dos años y medio después Sandoval fue incriminado por el oficial Rubén Pérez Andrade –con prisión preventiva por desaparición forzada en Tierra Blanca– como responsable del destino del exagente del MP y su oficial secretario.
“En Cardel hubo problemas con un agente del MP. Supuestamente lo levantaron en una camioneta de la Policía Estatal. Hubo un tiroteo en Cardel (cinco balazos), llegó una patrulla y levantaron al MP, al parecer estuvo involucrado el comandante (Víctor) Sandoval”, se señala en la declaración ministerial de Rubén Pérez.
Sandoval fue muy cercano al delegado regional de la misma corporación, Marcos Conde Hernández, hoy preso en un penal de máxima seguridad como presunto responsable de la desaparición forzada y posterior asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca: José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años, masacre que sacudió a la sociedad de Veracruz y traspasó las fronteras del país, crimen del cual sus padres siguen clamando justicia al gobierno federal y al de Miguel Ángel Yunes Linares.
Gerson Quevedo. Foto: Especial[/caption]
Luego recrimina que, de los tres detenidos, Cristian de Jesús Castillo Wachi, de 23 años, y Lucina Ramón Quintero, La Luci de 44, así como una tercera persona cuyos datos se desconocen, ninguno ha recibido sentencia.
Además, fustiga que el Poder Judicial de la Federación determinó en la causa penal 11/17 del Juzgado Quinto de Distrito que no hay elementos suficientes para considerar que en el secuestro y posterior asesinato de Gerson Quevedo hubo participación de la delincuencia organizada.
“El juez federal Mario Medina Soto le negó por segunda vez el pliego petitorio a SEIDO, que porque no hay delincuencia organizada en Veracruz. ¿Cómo dice que no hay delincuencia si donde estaba el cuerpo de Gerson hay cientos de cuerpos?”.
Quevedo padre sospecha que en el asesinato de sus dos hijos y de su yerno pudo, incluso, haber omisión o complicidad policíaca; incluso, revela que ellos no han podido vivir en paz.
“Seguimos recibiendo amenazas, no hemos podido estar residiendo en un solo lugar por las intimidaciones que hemos recibido, todo porque una de las mujeres que participó es pareja del jefe de plaza en Veracruz”.
Aunque la corrupción y la complicidad de policías con la delincuencia organizada siguen brotando en el narcocementerio de Colinas de Santa Fe, familiares adheridos a colectivos de desaparecidos se quejaron hoy de que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz, y de su fiscal especializado, Luis Eduardo Coronel Gamboa, ya no quiere continuar con la búsqueda de fosas ni en el puerto de Veracruz ni en otros municipios como Actopan, Cotaxtla y Alvarado.
“Estamos teniendo trabas. Ya no nos quieren dar la cara, mucho menos quieren hacer búsqueda, ya te están poniendo muchos pretextos, cuando al inicio del gobierno eran toda apertura”, se quejaron familiares de desaparecidos con Apro.
Al término de la misa de cuerpo presente, ya en la banqueta, se buscaron declaraciones del fiscal Luis Eduardo Coronel, quien pretextó que “no era lugar” para dar declaraciones.
–No es lugar, no es el momento, aquí no –evadió una y otra vez.
–Usted lleva (el tema de) las fosas. Si no es aquí, ¿dónde?, sólo que lo busquemos en el antro –reviraron molestos algunos reporteros que conocen de la vida nocturna del funcionario.
El primer cuerpo en identificar en Colinas de Santa Fe fue el del oficial del MP adscrito al Operativo Veracruz Seguro, Pedro Huesca, quien según la investigación ministerial FAE/06/2013 y que derivó en la causa penal 49/2013 fue “desaparecido” por policías estatales junto con su oficial secretario, Gerardo Montiel.
La investigación reveló cómo presuntos integrantes del CJNG y elementos de la SSP trabajaban de común acuerdo, pues la causa penal 49/2013 narra la detención y declaración de Obed Pulido Murrieta El Cocho (“halcón”), Josué Acosta Isidoro El Tortuga (sicario) y Alberto Lewis El Pantera (jefe de plaza en esa región), integrantes del CJNG a quienes les fue asignada la encomienda de llevarse al “licenciado Huesca”.
“Según El Pantera me comentó que me necesitaban para un evento que consistía en levantar a un licenciado, que esta persona se transportaba en una unidad Cheyenne blanca, 4 puertas, y que tenía que vigilar tanto el domicilio como los movimientos del licenciado. El Pantera me dijo que ese licenciado se las debía al jefe del cártel que está en Veracruz, desconociendo el nombre de dicha persona”, refiere la declaración de El Cocho asentada en la FAE/06/2013.
Sus aseveraciones fueron respaldadas y acompañadas en la carpeta de investigación con conversaciones de WhatsApp de teléfonos Xperia (Telcel) y BlackBerry (Movistar), en donde Obed Pulido también “halconeaba” movimientos de elementos de la Armada de México.
El 15 de abril de 2013, día del “levantón” de Pedro Huesca y de Gerardo Montiel, se agregó a dicha misión, para garantizar la efectividad del operativo, el comandante de la SSP Víctor Sandoval, a bordo de una unidad oficial de la Policía Estatal, junto con otros elementos de la corporación.
Dos años y medio después Sandoval fue incriminado por el oficial Rubén Pérez Andrade –con prisión preventiva por desaparición forzada en Tierra Blanca– como responsable del destino del exagente del MP y su oficial secretario.
“En Cardel hubo problemas con un agente del MP. Supuestamente lo levantaron en una camioneta de la Policía Estatal. Hubo un tiroteo en Cardel (cinco balazos), llegó una patrulla y levantaron al MP, al parecer estuvo involucrado el comandante (Víctor) Sandoval”, se señala en la declaración ministerial de Rubén Pérez.
Sandoval fue muy cercano al delegado regional de la misma corporación, Marcos Conde Hernández, hoy preso en un penal de máxima seguridad como presunto responsable de la desaparición forzada y posterior asesinato de cinco jóvenes en Tierra Blanca: José Benítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25; Bernardo Benítez Arróniz, de 25, y Susana Tapia, de 16 años, masacre que sacudió a la sociedad de Veracruz y traspasó las fronteras del país, crimen del cual sus padres siguen clamando justicia al gobierno federal y al de Miguel Ángel Yunes Linares.
