La violencia mantiene en vilo a los zacatecanos, quienes critican al gobernador Alejandro Tello por la falta de resultados de su gabinete de seguridad. Si bien heredó diversos problemas de índole administrativo, lo más grave es que en sus primeros 15 meses de gestión se han cometido 82 secuestros, lo que provoca terror lo mismo entre empresarios y legisladores locales que entre trabajadores y amas de casa. Los relatos sobre la manera en que actúan los plagiarios y vejan a las víctimas son escalofriantes… ZACATECAS, Zac. (Proceso).– En sus 15 primeros meses de gobierno, el priista Alejandro Tello Cristerna no ha podido con la abultada deuda estatal y con la entrega de las obras heredadas de su antecesor Miguel Alonso Reyes, muchas de ellas inconclusas por falta de recursos. Peor aún, el mandatario tiene en su contra a gran parte de sus representados, incluido el Congreso local, parte del sector empresarial, algunos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y a la propia Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), por la creciente inseguridad y la expansión de los grupos del crimen organizado, pero particularmente por sus escasos resultados para frenar la oleada de plagios que tiene en vilo a los zacatecanos. En este lapso hubo 82 secuestros –por lo menos cinco cada semana–, según las demandas presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que encabeza Francisco Murillo Ruiseco. La incidencia criminal es demoledora en Zacatecas, sobre todo en su capital. De septiembre de 2016 –cuando inició la administración de Tello– a diciembre siguiente hubo 18 denuncias de secuestro –4.5 por mes–. Y durante este 2017 la situación escaló a un promedio de siete por mes, si bien en agosto la cifra negra llegó a ocho. De los plagiados, según Murillo Ruiseco, 64 fueron liberados y 12 fueron asesinados; de los otros seis casos admite no tener los datos porque perdió el contacto con los familiares de las víctimas. –¿En cuántos de los casos se pagó rescate? –se le pregunta al procurador Murillo. –En la mayoría. Según las cifras de la dependencia registradas hasta noviembre pasado, Zacatecas ocupa el primer lugar nacional en tasa de secuestros: 0.469 por cada 100 mil habitantes, contra 0.137 de la media nacional. En los últimos cinco años se han presentado 243 denuncias por este delito; 48 por cada año, en promedio. Las víctimas incluyen lo mismo a exfuncionarios que a mujeres, comerciantes, ferreteros, constructores, adolescentes y estudiantes. Durante los ocho meses que el general Froylán Carlos Cruz se desempeñó como titular de la SSP no pudo controlar la incidencia delictiva. Su inoperancia no sólo fue un fracaso rotundo en el combate al crimen organizado, sino que permitió el avance de cárteles y socavó la estructura de la Policía Estatal, sostienen los críticos del gobernador. Ante la falta de resultados, el general Cruz –quien como comisionado de la Policía Estatal en Oaxaca estuvo involucrado en la represión del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, a raíz de la cual murieron ocho civiles– tuvo que dejar el cargo el 15 de junio último por instrucciones del gobernador Tello. El jueves 14, funcionarios estatales expresaron a los reporteros congregados en el palacio de gobierno su incomodidad por las críticas de las organizaciones civiles a la administración que encabeza el priista Tello porque, según expresaron, eso daña al estado en general y no sólo al mandatario. Sin embargo, las víctimas de secuestro y familiares de quienes aún continúan privados de su libertad expresan su miedo y desazón por la inseguridad creciente en el estado. Uno de los plagiados que recuperó su libertad tras el pago del rescate cuenta a la reportera: “Supe que los números desde donde llamaron a mi familia nunca fueron ocultados, pero el personal de la procuraduría no los rastreó, nunca pasó nada. Cuando me secuestraron, cruzamos brechas de particulares que cobraban (a los secuestradores) por dejarlos pasar por lugares donde había mucha gente que se daba cuenta”. Complicidades y mentiras Para el procurador Murillo Ruiseco, el caso de Zacatecas “es circunstancia especial”. Si la tasa se mide por cada 100 mil habitantes –tenemos 1.5 millones de habitantes, según el último censo, dice–, entonces la incidencia delictiva “nos mantiene arriba, a diferencia de Veracruz y el Estado de México, que tienen una población más elevada. Esa es una razón fundamental”. Asegura que la administración estatal ha fortalecido la Unidad Especializada contra el Secuestro. Y adelanta: para el año próximo “seguramente se le invertirán más recursos con respecto a los 12 millones de pesos que se invirtieron este 2017”. Muestra a la reportera las tarjetas informativas con los logros de este año: “Hemos detenido 97 adultos y dos menores, procesados por secuestro. Hemos cumplimentado 65 órdenes de aprehensión y hemos desarticulado por lo menos 13 bandas dedicadas al secuestro; tenemos 63 sentencias condenatorias, 54 en hombres y nueve para mujeres. Son resultados alentadores del trabajo que se ha venido haciendo”. Sin embargo, el entrevistado no precisa en cuántos de los casos en los cuales se pagó el rescate para la liberación de 64 plagiados se detuvo y consignó a los responsables. –Es muy variable. No tengo el dato a la mano. –El fin de la procuración de justicia es detener a los responsables del delito, ¿no? –Cuando hay el pago del rescate, tenemos que asegurarnos de que la víctima esté bien. Si actuamos en un operativo, es posible que el negociador esté en un lugar y el secuestrado en otro. La prioridad es la vida de la víctima. El funcionario habla también de otros delitos de alto impacto en la entidad: las extorsiones y los homicidios dolosos, cuyos índices se elevaron también en los últimos meses. Hasta el miércoles 13, la PGJE tenía registrados 695 homicidios dolosos, 17% más que en 2016. Ante esa cifra negra, por primera vez en su historia las autoridades y estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) salieron a las calles a protestar por los asesinatos de tres estudiantes. Lo han hecho dos veces: la primera, el 8 de septiembre pasado, tras el asesinato de Luis y Daniel “N”, dos alumnos de la Unidad Académica Veterinaria; la segunda fue el 14 de octubre, luego de la muerte de Cinthia Nayeli, del plantel 1 del Campus UAZ Siglo XXI. En ambas marchas participaron miles de estudiantes, académicos y padres de familia. El gobierno estatal acordó instalar mesas de trabajo con la UAZ a fin de instrumentar medidas preventivas para la comunidad universitaria. Las partes acordaron también ampliar las rutas de transporte y la revisión de las cámaras del C4 instaladas en los alrededores de sedes de la institución. Y aunque el gobernador Tello declaró que se investigará de manera exhaustiva y se sancionará a los responsables, hasta el cierre de edición no había ningún detenido. Durante la entrevista con Proceso, el procurador Murillo circunscribió más de 85% de los homicidios dolosos a “algún vínculo con la delincuencia organizada”, si bien aclaró que en el caso de los secuestros la situación es diferente, según sus propios datos. Los autores, dice, “no son los cárteles”, aunque calificó “como excepción” el caso de Los Talibanes que operaban entre Ojocaliente y San Luis Potosí y han incursionado en la capital. Los plagiarios, insistió, “principalmente son bandas que operan en Zacatecas y en la región, en los estados vecinos (Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí); incluso algunos pagos de rescate se han hecho en Guanajuato”. El fracaso del general Al iniciar su mandato, el 1 de septiembre de 2016, Alejandro Tello designó al general Froylán Carlos Cruz como titular de la SSP estatal, quien le fue recomendado por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos. Cruz había fungido como delegado de la Policía Estatal de Oaxaca en Nochixtlán cuando, el 19 de junio de ese año, un operativo comandado por la Policía Federal dejó ocho muertos y casi 200 heridos. En esa ocasión el general retirado dirigió a 400 efectivos de seguridad pública estatal y a 50 agentes ministeriales. El titular de la Sedena decidió enviar a Cruz a Zacatecas, presuntamente para “bajarle el perfil”. En uno de sus primeros anuncios como gobernador, a principios de septiembre, Tello lo admitió: “El nombramiento se hizo directamente desde la Sedena por parte del general Salvador Cienfuegos. Realmente estoy muy gratificado con el hecho de que sea Froylán Carlos Cruz quien encabece la Secretaría de Seguridad”. Cruz entró en funciones el 12 de septiembre del año pasado. Para febrero de este 2017 ya era objeto de múltiples críticas por el aumento de la violencia, las ejecuciones… y los secuestros. No obstante, el funcionario se mostraba optimista: “Yo no creo que rebase los niveles de violencia. Yo puedo tomarme un café a las ocho o nueve de la noche… Si en verdad fuera peligroso, a las nueve no habría nadie en las calles”. Meses después, en mayo, elementos de la Policía Estatal sacaron a la luz las inconformidades contra el general Cruz; incluso realizaron un paro de actividades para acusarlo de maltrato laboral y de asignarles jornadas excesivas de trabajo, así como de enviarlos a operativos sin armas, limitarles los alimentos y recursos, y de negarse a enviar operativos para combatir a los delincuentes, pese a los reportes acumulados en su oficina. “¡La Policía Estatal está al borde del colapso!”, decía una de las cartas enviadas por agentes de la corporación a los medios locales. De manera inexplicable, durante los ocho meses que duró al frente de la SSP, Cruz suspendió la operatividad del helicóptero asignado a la dependencia. Esa inactividad le costó al gobierno de Tello 4 millones de pesos por concepto de reparaciones, según reveló a Proceso una fuente de la SSP. Pese a las críticas y eventos como el del 18 de abril en la cabecera municipal de Nochistlán de Mejía –donde un convoy del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció su presencia en territorio zacatecano y aterrorizó a la población, que se parapetó tras los muros de las casas mientras escuchaba miles de disparos–, el mandatario sostuvo a Cruz como su secretario de Seguridad. Cruz y Murillo se presentaron en esa localidad dos días después de la trifulca. El procurador volvió días después allí y, a nombre del gobernador, entregó tinacos a las familias afectadas por la balacera. A mediados de junio, sectores empresariales, organizaciones civiles y los diputados locales (incluidos los del PRI) se sumaron a las críticas contra el general Cruz, quien finalmente fue relevado de la SSP el 15 de junio. En su lugar quedó el inspector de la Policía Federal Ismael Camberos Hernández. “Es mi convicción regresar la paz a Zacatecas”, declaró el mandatario al presentar a su nuevo colaborador. A principios de agosto, el director de Policía en Nochistlán de Mejía, Jairo Ibarra Huizar, fue emboscado y asesinado en Aguascalientes, a donde viajó para visitar a un hijo que estaba internado en un hospital. Terror indescriptible “El narcosecuestro es otra cosa; es mucho más sanguinario. Más que estar privado de la libertad, lo más difícil fue escuchar cuando mataban a alguien junto a mí. El terror es indescriptible”, narra a la reportera una persona que fue plagiada en su empresa, en la zona metropolitana. Su cautiverio se prolongó durante varios días. Todo ese tiempo estuvo con los ojos vendados. Algunas veces compartió su encierro con otras personas, algunas de San Luis Potosí. Varias de ellas, dice, fueron asesinadas a centímetros de distancia de donde ella estaba y quemadas en piras preparadas ex profeso, luego de que los cuerpos fueron troceados con machetes. Los vigilantes de los plagiarios, dice, son jóvenes con escasa instrucción. Su vocabulario es limitado y por lo general se la pasan fumando mariguana o inhalando cocaína. Una vez los oyó hablar de otro “campamento” que utilizaba el grupo criminal para distintas actividades, entre otras para llevar a las personas secuestradas. Nadie quería regresar a ese lugar, que “olía a muerte –comentaban–, pues había por lo menos 300 cadáveres ahí”. El jefe del grupo anunciaba el arribo de los plagiados mediante una llamada telefónica. Les ordenaba juntar leña, y ponía la música a todo volumen en los vehículos en que viajaban. “Era el terror, porque sabíamos que esa noche alguien sería asesinado y llevado a la pira.” Un día en que no avanzaba la negociación para cobrar el rescate –los delincuentes exigían de 3 a 10 millones de pesos–, le dijeron a una de las víctimas que iban a matarla. “Les ordenaron a los vigilantes juntar la leña. Entonces, por gracia de Dios, llovió muy fuerte toda esa noche”. Luego de vivir este infierno, la vida ya no es la misma, comenta la entrevistada. Este reportaje se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.