Tomás Zerón exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, fue el arquitecto de la falaz “verdad histórica” sobre Ayotzinapa. Y el mismo gobierno federal ha aceptado que, en ese empeño, actuó irregularmente y con opacidad. Sin embargo, en el dictamen final sobre su actuación –que se dio a conocer la semana pasada– se le exculpa de cualquier responsabilidad penal, se imputa a funcionarios menores y se eliminan los mayores señalamientos que la propia autoridad ya había admitido. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, la reunión del jueves 9 con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue “la confirmación de las complicidades existentes para proteger a Tomás Zerón de Lucio”, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y artífice de la “verdad histórica”, exhibido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por su actuación irregular en el caso. “¿Qué le debe este gobierno a Zerón? ¿Qué sabe o qué implicación tiene en la desaparición de nuestros hijos? ¿Por qué llegar a las complicidades para protegerlo?”, pregunta con desesperación Mario González Contreras, padre del estudiante César Manuel González. En entrevista, el señor González hace un recuento de la reunión en la que se cuestionó el dictamen final de las investigaciones realizadas por la Visitaduría General de la PGR a la actuación de Zerón y otros funcionarios que trasladaron a las márgenes del río San Juan, en Cocula, a Agustín García Reyes –uno de los inculpados por la desaparición de los 43– sin consignar esa diligencia en la averiguación previa. En el dictamen clasificado como “definitivamente concluido”, la Visitaduría se declara incompetente “para conocer y resolver sobre los actos u omisiones que le fueron atribuidos a Tomás Zerón de Lucio”. Esto contradice el Acuerdo de Conclusión (AC) elaborado durante la gestión de César Chávez Flores al frente de la Visitaduría, revelado por este semanario en noviembre pasado. Ahí se asentaba que Zerón violó “las garantías judiciales, (de) acceso a la justicia y derecho a la verdad” y era responsable de “haber excedido el ejercicio de sus facultades” (Proceso 2090). Aunque en el documento final se reconoce que el actual secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad supuestamente tuvo responsabilidad y participó en el traslado del inculpado a Cocula “sin contar con facultades para ello”, se insiste en que su caso debe ser investigado por el Órgano Interno de Control (OIC) de la PGR, que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP)… es decir, de la exprocuradora Arely Gómez, quien fuera jefa de Zerón. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2102, ya en circulación