Mexicali se rebela contra la corrupción

lunes, 27 de febrero de 2017
Los mexicalenses no sólo se movilizaron contra la privatización del agua que entraña la construcción de un acueducto para proveer a una cervecera trasnacional. También se rebelan contra la corrupción y los conflictos de interés en que incurrieron políticos y funcionarios, con tal de favorecer a la empresa. MEXICALI, BC. (Proceso).- Desde la madrugada del domingo 19, decenas de integrantes del movimiento Mexicali Resistente se trasladaron al ejido El Choropo, donde están las instalaciones de la empresa cervecera Constellation Brands, que se ha convertido en el nuevo epicentro de la movilización ciudadana por la red de “corrupción y tráfico de influencias” detrás de la concesión y de la construcción del acueducto que proveerá de agua a la trasnacional. Con numerosas mantas que decían “Ni por cerveza cambiamos el agua”, ejidatarios, jóvenes, amas de casa, profesionistas y líderes del movimiento bloquearon el 19 y el 20 de febrero los cuatro accesos de la empresa que adquirió a sólo 11 pesos por metro cuadrado un total de 1 millón 50 mil 136 metros cuadrados. La construcción de Constellation Brands y del acueducto están en el ojo del huracán. Tanto la licencia de construcción de la empresa Tenedora Inmobiliaria como la licitación del acueducto, en la que se otorgó el contrato a la compañía Urbanización y Riego en Baja California (Urbaca), revelan una compleja red de tráfico de influencias y conflictos de interés que involucra a funcionarios del alcalde Gustavo Sánchez, del PAN, y a los amigos empresarios del gobernador, Francisco Arturo Kiko Vega de Lamadrid, y del senador también panista Víctor Hermosillo Celada. El documento del ayuntamiento de Mexicali, fechado el 13 de julio de 2016, para obtener la licencia de construcción de industria para la fabricación de cerveza en la carretera Mexicali-San Felipe y al sur del libramiento Cuernavaca-La Rosita, en una superficie de 21 hectáreas, revela que el responsable de la obra es el arquitecto Sergio Eduardo Montes Montoya. Montes Montoya funge actualmente como director de Administración Urbana en la alcaldía de Gustavo Sánchez, pero también trabajó en ayuntamientos anteriores. Fue director de Desarrollo Urbano y Ecología del entonces alcalde Víctor Hermosillo Celada y como director del Catastro y Control Urbano de Eugenio Elorduy Walther; cuando éste llegó a la gubernatura designó al arquitecto como subsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado. La empresa Hermosillo y Asociados, fundada por Hermosillo Celada, actual senador panista, es la encargada de construir la planta de Constellation Brands gracias a los buenos oficios de su excolaborador Montes Montoya. La regidora Alejandra Ang, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio a conocer los documentos de la licencia municipal a favor de la empresa BC Tenedora Inmobiliaria, a la cual representó Montes Montoya durante 2016. El arquitecto Montes “debió abstenerse de participar en cualquier proceso de trámite de BC Tenedora Inmobiliaria, porque hay conflicto de interés”, subrayó la regidora. Durante las negociaciones de representantes del movimiento Mexicali Resiste con el alcalde Gustavo Sánchez, éste dijo que “no hay conflicto de interés” de su actual director de Administración Urbana porque “no tiene por qué dejar de trabajar en una función”. El negocio del acueducto La licitación por 474 millones de pesos para construir el acueducto Villa Hermosa, de 47 kilómetros, que llevará agua a Constellation Brands, fue ganada por la empresa Urbaca, que cuenta entre sus socios a Fernando Beltrán Rendón, promotor de box y amigo del gobernador Kiko Vega, de quien ha recibido contratos de obras por más de mil 774 millones de pesos desde 2014, año en que inició el actual gobierno. Las irregularidades de la licitación a favor de Urbaca son múltiples, según han documentado otros constructores, la prensa local y funcionarios federales. Al ser cuestionado al respecto por la prensa local, el jueves 23 Alfonso Blancafort Camarena, delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, afirmó en Tijuana que la empresa no presentó su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Urbaca tampoco tiene el permiso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para extraer el líquido. Según el delegado de la Conagua, Alejandro Cervantes, existe una declaratoria de veda en el Valle de Mexicali y “la única manera de obtener agua es mediante una cesión de derechos, ir con los usuarios que ya la tienen y que ellos los cedan. “No hay ningún registro de que Constellation esté haciendo algún trámite de esta naturaleza. El acueducto es una obra estatal y el estado tiene que dar explicación de cómo pretende entregar los volúmenes de agua. Lo que sí puedo decir es que no tienen ninguna autorización de la Conagua”, afirmó Cervantes (La Jornada Baja California, 24 de febrero). El proyecto del acueducto consiste en transportar el líquido desde la zona del pozo Ejido Villa Hermosa, al norte del Valle de Mexicali, hasta el Ejido Choropos, que está 10 kilómetros al sur de la capital de Baja California, a un costado de la carretera al puerto de San Felipe. El plan es que el acueducto suministre 15 millones de metros cúbicos anuales de agua a Constellation Brands, que invertirá durante cinco años un total de 15 millones de dólares para edificar una fábrica de cerveza que surtirá el mercado del sur de Estados Unidos. Constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) denunciaron públicamente que la licitación estaba manipulada para favorecer a Urbaca, ya que entre sus condiciones estaba utilizar un tubo de PVC que debe ser fabricado en Baja California y los únicos proveedores son los de Urbaca. Esta firma es una sociedad fundada en 1982 por los hermanos Alejandro Lázaro y Víctor Ismael Llamas Galván, accionistas mayoritarios que incorporaron a otros socios, entre ellos a Fernando Beltrán, vinculado a otra constructora llamada Makro. En una investigación que publicó el 21 de diciembre de 2016, el semanario Zeta reveló que el empresario Fernando Beltrán Rendón es concuño del regidor panista de Tijuana Luis Torres Santillán, investigado por la DEA y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y operaciones ilegales. A su vez, Torres Santillán aparece en 2011 en el Registro Público de la Propiedad como apoderado legal de empresas de Beltrán Rendón. Desde el principio de las protestas, el mandatario estatal Kiko Vega negó tener vínculos con el proyecto de la cervecería y ha defendido las bondades del acueducto Villa Hermosa: “No se trata de llevar agua a Constellations, se trata de llevar infraestructura a una zona que se está detonando industrialmente. Esto es parte de un plan integral de infraestructura del estado”. Vega aclaró que 50% del agua que reciba Constellations será reciclable y se utilizará para el desarrollo de la zona. El gobierno estatal ha señalado que el proyecto del acueducto forma parte de un plan más amplio de obras que dotarán de agua a la entidad a través de la figura de Asociaciones Público Privadas (APP). En carta a Proceso, Raúl Reynoso Nuño, director de Comunicación Social del gobierno estatal, aclaró que entre los seis proyectos de APP se encuentran dos plantas desalinizadoras de agua, una para la región de San Quintín y otra que se ubicará en Playas de Rosarito; ambas “permitirán la dotación de agua para la población de la zona costa del Estado, que actualmente tiene como prácticamente única fuente de abastecimiento el acueducto Río Colorado, que conduce agua desde el Valle de Mexicali”. Para el gobierno estatal, el descontento social detonado con la aprobación de la Ley Estatal del Agua es “una problemática relacionada a la percepción ciudadana y alimentada por las protestas contra el gasolinazo”, ya que oficialmente no existe intención de privatizar el agua. Protestas y represión A pesar del reiterado rechazo del gobierno estatal y de la alcaldía de Mexicali, ambos del PAN, los integrantes del movimiento Mexicali Resiste continuaron con las protestas y sus demandas ante el Congreso local y ante el gobierno municipal. El jueves 23, más de 100 activistas irrumpieron en la sesión del Congreso para demandar que se discuta la eliminación del fuero para gobernantes, legisladores y jueces en la Constitución local. También expresaron su rechazo a la instalación de la cervecera Constellation Brands. Gritos de “¡Fuera Kiko!” y “¡Fuera Trini!” se escucharon durante toda la sesión cuando intentó intervenir la diputada local panista Trinidad Vaca Chacón, exconductora de televisión local. La demanda de eliminar el fuero es uno de los 11 puntos que ha defendido el movimiento Mexicali Resiste, así como el juicio político contra el gobernador estatal. Los legisladores decidieron aplazar hasta el 9 de marzo la sesión del debate sobre el fuero. A través de las redes sociales, especialmente Facebook, y en los plantones en la Plaza Cívica, el movimiento convocó a otra “megamarcha” para el domingo 26 para protestar contra la privatización del agua, la instalación de la cervecería y la corrupción. “Los temas que se han presentado en la mesa son diversos. A manera de ejemplo, además del aumento de la gasolina, la construcción de la planta cervecera Constellation Brands; la creación del parque industrial Ecozone. La principal aspiración es acabar con la cultura de la corrupción”, manifiesta en su comunicado Mexicali Resiste. El pasado lunes 13, policías municipales detuvieron en la entrada del Palacio del Ayuntamiento a 13 hombres y mujeres que integran la mesa de negociación con el alcalde Gustavo Sánchez. Los acusaron de “sedición” y “allanamiento”. Liberados después de 12 horas, en medio de una intensa protesta en redes sociales y en las calles, los integrantes de la mesa de diálogo con el municipio demandaron “el cese inmediato” de Josué Hiram Aello Melendres, oficial del registro civil municipal quien presentó la denuncia penal contra ellos, y del director de Seguridad Municipal, Alonso Ulises Méndez Manuell- Gómez, “autor material de la represión ejercida”. A Gustavo Sánchez le demandaron que “formalice junto con su cuerpo edilicio, por escrito, su renuncia al fuero constitucional”, tal como se describe en la minuta de trabajo firmada por ambas partes el pasado 19 de enero. Este reportaje se publicó en la edición 2104 de la revista Proceso del 26 de febrero de 2017.

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