Ante los crímenes contra periodistas, medidas que jamás se cumplen

El penúltimo de los asesinatos de periodistas en México, el de Javier Valdez, aparentemente le dio una sacudida al gobierno federal. Obligado por las circunstancias a hacer algo, lo que fuera, Peña Nieto convocó a una reunión en la que anunció una serie de medidas para proteger a los comunicadores –procedimientos que ya existen y no han servido de nada– y de paso su equipo de seguridad intimidó a los reporteros gráficos que osaron protestar durante el acto solemne el pasado miércoles 17. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con 35 asesinatos de periodistas desde que se inició su sexenio, con 70 casos heredados no resueltos y agresiones en distintas modalidades que se cuentan por cientos, por primera vez el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias por el asesinato de un comunicador y convocó a un acto para anunciar acuerdos con los gobernadores de los estados. El homicidio del periodista sinaloense Javier Valdez Cárdenas, el pasado lunes 15 en Culiacán, provocó como nunca una amplia reacción de ira y dolor y una amplia cobertura informativa nacional y extranjera. Y como nunca, el mandatario federal dedicó tres tuits al respecto y dio su pésame, aunque no lo hizo igual con el ataque en el que perdieron la vida Jonathan Rodríguez Córdova y su madre, Sonia Córdova, reportero y subdirectora de El Costeño, un semanario de Autlán, Jalisco, horas después del asesinato de Javier. Valdez se convirtió en el segundo corresponsal de La Jornada en ser asesinado este año, luego de que el 24 de marzo mataran a la de Chihuahua, Miroslava Breach. Peña Nieto, instalado en la perspectiva de transferir la responsabilidad a los estados –perspectiva que desde el miércoles 3 había delineado su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y que el propio Peña Nieto reiteró el jueves 4–, encabezó el miércoles 17 una reunión de emergencia con los integrantes civiles del gabinete de seguridad y 26 gobernadores. Que Peña Nieto atribuya la competencia al fuero común respecto a los crímenes y agresiones contra periodistas es una novedad. En 2013 su gobierno, al responder a los cuestionamientos del Examen Periódico Universal (EPU) –mecanismo de evaluación entre pares sobre el estado de los derechos humanos, que realiza la ONU– expuso: “De conformidad con una enmienda constitucional, las autoridades federales están facultadas para investigar delitos relacionados con violaciones de la libertad de expresión cometidos contra periodistas, u otras personas o instalaciones, y se ha establecido la Fiscalía Especial para este tipo de delitos. Además, se ha creado el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.” La declaración fue saludada por diferentes países participantes en el EPU que, sin embargo, hicieron al menos 20 observaciones respecto a la violencia, la inseguridad y las agresiones contra periodistas. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2116, ya en circulación