Pese a las críticas en su contra por su incapacidad para contener la irrefrenable violencia que azota a Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo parece más preocupado en reunirse con potentados empresarios y políticos antagónicos de dudosa reputación y que, a su vez, se desenvuelven en regiones donde organizaciones criminales también antagónicas se disputan el control de la droga: Zona Norte y Tierra Caliente. También prefiere promover el turismo en la entidad, pese a que en las últimas semanas las ejecuciones contra dirigentes políticos se han multiplicado. CHILPANCINGO, GRO. (Proceso).- El gobierno de Héctor Astudillo Flores se empeña en negar la crisis en esta entidad, donde la violencia golpea ya a los partidos y carcome a la sociedad. Según él, los muertos y desaparecidos “no son turistas ni personas famosas”, por lo que prefiere concentrarse en viajes y encuentros para atraer el turismo nacional e internacional, así como en la promoción de inversión extranjera en zonas controladas por el narco. El miércoles 19 por la noche, tras la ejecución del secretario general del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, Astudillo admitió que el problema de inseguridad y violencia “es más complejo” de lo que imaginó en octubre de 2015, al inicio de su administración. E intentó justificarse. La brutal ola de violencia que azota la entidad “viene de años atrás”, dijo, y responsabilizó a sus antecesores, los perredistas Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, así como al interino Rogelio Ortega Martínez. Y aunque a los tres exmandatarios la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los señala de desviar al menos 20 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como en la adquisición de un sistema de espionaje telefónico y de contratos millonarios a empresas particulares sin licitar durante 2014 y 2015, Astudillo no procede contra ellos. En noviembre de 2015, la ASF emitió un dictamen según el cual los presuntos actos de corrupción, así como el manejo deficiente y sin transparencia de los recursos públicos del fondo federal, provocaron “el incumplimiento de las metas” de la estrategia para combatir a la delincuencia en Guerrero. Durante Semana Santa, la violencia en la entidad se incrementó de forma alarmante, sobre todo en la ruta turística del Triángulo del Sol (Acapulco, Ixtapa y Taxco), que se ha convertido en una zona de muerte, desaparición y terror por la disputa de las bandas criminales en esa franja. El viernes 14, Astudillo y sus colaboradores celebraban la alta afluencia turística en el Triángulo del Sol. Al día siguiente fueron incendiados ocho inmuebles comerciales en el corazón turístico de Ixtapa, y posteriormente un grupo armado atacó a paseantes en plena costera del puerto de Acapulco, justo a un lado de la terminal marítima. El saldo fue de dos jóvenes muertos y cinco heridos, entre ellos dos mujeres procedentes de la Ciudad de México. Cacería de políticos El domingo 9, el exalcalde de Canuto A. Neri, el perredista Roger Arellano Sotelo y su tío Octavio Arellano, fueron ejecutados por un comando en Acapetlahuaya, la cabecera municipal, zona que controla el grupo delictivo La Familia. Al siguiente día, Modesto Carranza Catalán, suplente de Saúl Beltrán Orozco, dipu­tado local priista señalado por sus supuestos vínculos con el narco, fue ejecutado en Ciudad Altamirano, cabecera municipal de Pungarabato, en la convulsionada región de Tierra Caliente donde a principios de marzo fue asesinado el periodista Cecilio Pineda Brito. El miércoles 12, también en la región de Tierra Caliente, fue privado de su libertad el exalcalde perredista de Zirándaro, Catalino Duarte Ortuño, en el municipio de Coyuca de Catalán. Duarte ha mantenido una confrontación pública con el priista Saúl Beltrán, quien enfrenta una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso pero que no ha sido ejecutada porque tiene fuero. Ambos se acusan de tener nexos con el narco. El viernes 14, el alcalde de Alcozauca, el priista Nicolás Diego Herrera, fue secuestrado por sujetos armados en el tramo carretero que conecta el municipio de Copalillo con la región la Montaña. Fue liberado al día siguiente tras el pago de 14 mil pesos. Posteriormente, la noche del miércoles 19, un grupo armado dio muerte al secretario general del Comité Directivo Estatal (CED) del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, afuera de su domicilio, ubicado al oriente de la capital. Ese día, Astudillo se encontraba en Miami, Florida, donde fue a dialogar con los empresarios de navieras sobre las bondades turísticas de Guerrero. Su viaje se debió a que el 25 de marzo último la empresa Holland America Line anunció la cancelación del arribo de ocho cruceros internacionales al puerto de Acapulco durante este año a causa de los niveles de violencia e inseguridad, informó la agencia Apro. Al enterarse de la ejecución de Saldívar Gómez, Astudillo se regresó y dirigió un mensaje en Chilpancingo en el cual responsabilizó a los anteriores dirigentes del PRD por la ola de violencia en Guerrero. Al día siguiente, la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, afirmó que Guerrero es un “Estado fallido y exigió al gobierno federal que intervenga –como lo hizo en Michoacán– y asuma el control de la seguridad de la entidad suriana colapsada por la narcoviolencia. Una semana después, el jueves 27, el titular de la Fiscalía General del Estado, Xavier Olea Peláez, declaró que el móvil del crimen de Saldívar Gómez fue el robo. Sus agresores se llevaron un maletín donde el dirigente perredista guardaba una pistola y dinero en efectivo. Pactos secretos Desde finales de marzo, el obispo católico de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, declaró a la agencia Apro sobre un presunto pacto entre el mandatario y los grupos del narco en algunas regiones de la entidad. Si la violencia no cesa –dijo– es porque “en el fondo hay cierta repartición de dividendos entre ambos… Por debajo de la mesa ya hay arreglos. El gobierno y las bandas delincuenciales ya se entienden. La violencia sigue porque no la quieren aplacar”. Según Rangel Mendoza, el gobierno de Astudillo no sólo sabe quiénes son los jefes criminales y dónde operan, sino que se ha reunido con organizaciones mafiosas, con las cuales mantiene acuerdos “bajo la mesa”. En respuesta, el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, ordenó la destitución del subsecretario para Asuntos Religiosos, Jorge Alberto González Rivero, quien fue propuesto en el cargo por el obispo Rangel, informaron fuentes oficiales. El prelado declaró posteriormente que en una reunión privada acordó con Astudillo y con Salazar Adame guardar silencio acerca de las supuestas ligas del mandatario con el narco. En redes sociales aparecieron imágenes de sacerdotes de la región Centro posando con armas, helicópteros y caballos junto a presuntos narcos en los poblados de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, y Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri. La jerarquía católica guardó silencio. Desde 2016, este semanario ha documentado una serie de señalamientos contra Astudillo por presuntos nexos con narcotraficantes, entre los que destaca una historia que involucra a políticos del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), quienes han triangulado posiciones políticas desde 2012 en esta zona controlada por el narco. En su edición del 20 de noviembre pasado, informó sobre el conflicto armado en Tierra Caliente y la Zona Norte entre los guardias comunitarios de Teloloapan, vinculados con el grupo delictivo Guerreros Unidos, y La Familia Michoacana, afincada en el municipio de Arcelia (Proceso 2090). Esa disputa desató las diferencias entre políticos guerrerenses y exhibió una posible conexión criminal de lavado de dinero procedente de la Zona Norte y Tierra Caliente con la ciudad de Chicago, Illinois. Por esas fechas, el gobernador Astudillo visitó Chicago y se reunió en privado con el próspero empresario Pedro Segura Valladares, propietario de los ranchos llamados Los 4 Potrillos; uno se ubica en Los Sauces, su poblado natal, en el municipio de Teloloapan, y el otro en Lake Geneva, Wisconsin. El encuentro entre el mandatario estatal y el empresario fue en el consulado de México en Chicago y se difundió el 27 de noviembre en redes sociales, justo cuando Segura Valladares y el alcalde de Teloloapan, el perredista Urióstegui Patiño, ventilaron sus diferencias en las redes sociales. El empresario y ganadero incursionó en la política a través de su hermano Pablo. Al principio ambos fueron arropados por el PRD; ahora militan en MC, cuyo dirigente estatal es el exalcalde de Acapulco Luis Walton Aburto. A través de su cuenta de Facebook, Segura Valladares exhibe su estilo de vida opulenta y su gusto por los caballos españoles. Se asume como El Señor de los Cielos porque suele desplazarse en México y Estados Unidos en helicópteros. Con frecuencia exhibe fotografías de sus reuniones con oficiales del Ejército y políticos en su rancho de Los Sauces y una finca ubicada en la ribera de la presa Valerio Trujano, en el municipio de Tepecoacuilco. Desde los comicios de 2014, cuando Pablo Segura fue postulado por MC a la alcaldía de Teloloapan y perdió la elección, él y su hermano Pedro entraron en confrontación con Urióstegui Patiño y los entonces diputados perredistas locales Ignacio Valladares Salgado y Roger Arellano. En ese entonces, Urióstegui Patiño fue acusado en un video de recibir 10 millones de pesos del narco para financiar su campaña y traicionar un acuerdo con La Familia para beneficiar a Guerreros Unidos. La banda afincada en Arcelia afirma que pactó con Urióstegui Patiño a través del Valladares Salgado cuando era alcalde, pero ambos rompieron el pacto y ahora entregan 1 millón de pesos mensuales a Ángel Casarrubias, líder de Guerreros Unidos y hermano de los supuestos fundadores de ese grupo, Mario y Sidronio, quienes están presos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. De manera paralela, se difundió otro video en el cual se acusa a Pedro Segura de vínculos con La Familia Michoacana. El empresario aparece cabalgando en su rancho junto al perredista Eleuterio Aranda Salgado, El Solitario del Sur, exalcalde de Acapetlahuaya, quien hace cuatro años, también, fue señalado por sus presuntas ligas con el narco. El 27 de noviembre último Pedro Segura envió un mensaje en su cuenta de Facebook a sus detractores Urióstegui Patiño y Valladares Salgado, y otro más a Arellano Sotelo, para ventilar sus diferencias. También presumió su encuentro con Astudillo en Chicago. El pasado miércoles 26, el gobernador envió un helicóptero privado para sacar de Teloloapan a Urióstegui y su familia por presuntas amenazas de muerte. Al llegar a Casa Guerrero, al oriente de Chilpancingo, el alcalde declaró que quienes lo intimidaron son los mismos que asesinaron a su amigo Roger Arellano el domingo 9 junto con su tío Octavio Arellano. Sin embargo, se negó a identificarlos. A su vez, el gobierno estatal informó que un juzgado de primera instancia con sede en Iguala libró el mismo miércoles 26 una orden de aprehensión contra tres hombres acusados por la fiscalía de ser los probables responsables del crimen de Arellano Sotelo y su tío. Pese a los diferendos entre el empresario Segura Valladares y el exalcalde Urióstegui Patiño, el gobernador Astudillo se ha reunido con los dos, al parecer para “mediar” en el conflicto. Este reportaje se publicó en la edición 2113 de la revista Proceso del 30 de abril de 2017.